Respuesta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas - Animal Político
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Códices Geek
Por La Tlacuila
Margarita Warnholtz Locht (la tlacuila) es etnóloga egresada de la ENAH. Trabajó muchos años c... Margarita Warnholtz Locht (la tlacuila) es etnóloga egresada de la ENAH. Trabajó muchos años con organizaciones indígenas en cuestiones de comunicación, entre otras, coordinó un proyecto de incorporación de organizaciones indígenas a internet a finales de los 90, proyecto con el cual se convirtió en fellow de Ashoka (red internacional de emprendedores sociales). En los últimos años se ha dedicado a difundir información de los pueblos indígenas en la prensa escrita, colaborando con diarios como Excélsior en 2006 y Milenio de 2007 a 2010. (Leer más)
Respuesta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
¿El presupuesto anual del Proyecto de Excarcelación de Presos Indígenas alcanza para todas las fianzas? ¿El Pacto por México suple al Plan Nacional de Desarrollo en lo que se refiere a los derechos de los pueblos indígenas? ¿Ya atendieron la solicitud de audiencia de los gobernadores tradicionales guarijíos? Éstas son algunas preguntas para la entrevista aún no concedida por Nuvia Mayorga.
Por La Tlacuila
3 de septiembre, 2013
Comparte

El 30 de agosto pasado el subdirector de información de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Jacobo Puig, envió a Animal Político una carta para comentar algunos aspectos sobre mi artículo del mismo día. Esta es la misiva, publicada el lunes 2 de septiembre en la sección de cartas del lector de nuestro portal:

Sr. Daniel Moreno, Director de Animal Político:

Me permito comentar algunos aspectos del artículo autoría de la etnóloga Margarita Warnholtz Locht, La Tlacuila, con la finalidad de que puedan conocerlos también los lectores interesados en los temas por ella abordados.
Por medio de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), de enero a julio de 2013 se ha cubierto directamente el monto de las fianzas establecidas por jueces para 364 indígenas presos sujetos a ese beneficio de ley. De conformidad con el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las comunidades indígenas son sujetos de derecho público. El compromiso 35 del Pacto por México a que convocó el Presidente Peña Nieto establece la necesidad de que esa condición sea, en la práctica, reconocida a plenitud para todos sus efectos. En relación al comentario de la etnóloga Warnholtz Locht de que la titular de la CDI, Nuvia Mayorga, “tal vez esté esperando que le llegue su sofá de 60 mil pesos” para atender a gobernadores tradicionales guarijíos, le aseguro que la CDI no está ajena a esa problemática, y al análisis y determinación de las solicitudes que le han formulado y en coordinación con las distintas entidades públicas que también la atienden.
Le reitero que en ningún momento y bajo ninguna circunstancia se ha hecho adquisición alguna de sillones, sofás, sillas o cualquier otro mobiliario como el señalado. Esa aclaración –hecha antes a otros medios de comunicación– me permito hacerla también de su conocimiento.
Sin otro particular, lo saludo atentamente con agradecimiento.

Jacobo Puig, Subdirección de Información, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

 (Nota de Animal Político: Este portal ha solicitado, desde hace meses, una entrevista con la titular de la Comisión, sin obtener respuesta.)

Antes que nada, quisiera agradecer al señor Puig por leer y responder a mi texto, pues es la primera vez que obtengo algún tipo de respuesta desde el 15 de enero del presente año, fecha en que solicité una entrevista con Nuvia Mayorga, directora de la CDI, y después de varios textos en que he citado a esta institución. Dicho lo anterior, quisiera hacer algunas precisiones sobre lo que escribe.

Informa el señor Puig que la CDI ha cubierto de enero a julio el monto de las fianzas establecidas por jueces a 364 indígenas presos, dato que me parece muy interesante y el cual desconocía yo. Si bien he mencionado en este espacio el Proyecto de Excarcelación de Presos Indígenas, no conocía la cantidad de beneficiados por el pago de fianzas. Me gustaría aprovechar para preguntarle si el presupuesto anual del proyecto en cuestión alcanza para todas las fianzas que son solicitadas o si al final del año se ven en la necesidad de rechazar algunas.

Sobre su afirmación de que “de conformidad con el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las comunidades indígenas son sujetos de derecho público”, me permito aclararle que son considerados sujetos de interés público, no de derecho público, términos jurídicos muy diferentes, como puede encontrar explicado en el libro electrónico titulado “La vigencia de los derechos indígenas en México”, publicado por la propia CDI en 2007. Precisamente uno de los puntos no cumplidos de los Acuerdos de San Andrés, al que Martínez Veloz hizo alusión la semana pasada, es ése. Por otro lado, aclaro que en mi texto hago referencia al Plan Nacional de Desarrollo, no al Pacto por México, en el que, efectivamente como afirma Puig, sí se menciona (en el compromiso 34, no en el 35) que “se llevará a la práctica el reconocimiento efectivo de las comunidades y pueblos indígenas como entidades de derecho e interés público”, sin embargo eso todavía no sucede.

Respecto a la atención a los gobernadores tradicionales guarijíos, agradezco su respuesta de que la CDI no está ajena al caso y me gustaría conocer más detalles al respecto, sin embargo, hasta el 29 de agosto por la noche, día anterior a que apareciera mi artículo publicado, los mencionados gobernadores no habían obtenido respuesta a su solicitud, según me dijo uno de ellos personalmente. Me parece que sería oportuno que les informaran directamente si ya están atendiendo su petición.

Por último, respecto a la aclaración que hace el señor Puig de que no “se ha hecho adquisición alguna de sillones, sofás, sillas o cualquier otro mobiliario como el señalado”, me permito aclararle que en ningún momento dije que ya se hubieran adquirido los muebles mencionados, sino que hice referencia a la solicitud de ampliación de presupuesto que presentó la CDI a la Secretaría de Hacienda en la que se solicitaba, entre otras cosas, el sofá que menciono, tema que traté el 14 de junio pasado, basándome en información de prensa. Posteriormente llamé a la CDI para conocer su versión del asunto pero no obtuve respuesta, por lo que me permito aprovechar este espacio para preguntarle si finalmente van a adquirir el mobiliario en cuestión o si retiraron la mencionada solicitud de ampliación.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
Comparte
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.