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Por La Tlacuila
Margarita Warnholtz Locht (la tlacuila) es etnóloga egresada de la ENAH. Trabajó muchos años c... Margarita Warnholtz Locht (la tlacuila) es etnóloga egresada de la ENAH. Trabajó muchos años con organizaciones indígenas en cuestiones de comunicación, entre otras, coordinó un proyecto de incorporación de organizaciones indígenas a internet a finales de los 90, proyecto con el cual se convirtió en fellow de Ashoka (red internacional de emprendedores sociales). En los últimos años se ha dedicado a difundir información de los pueblos indígenas en la prensa escrita, colaborando con diarios como Excélsior en 2006 y Milenio de 2007 a 2010. (Leer más)
Xochicuautla y el país
Por La Tlacuila
15 de abril, 2016
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Toda esta semana estuvieron circulando en las redes sociales y en algunos medios de prensa las imágenes de la destrucción en San Francisco Xochicuautla, Estado de México. El lunes pasado (11 de abril) llegaron a dicha comunidad otomí cientos de policías estatales, seguidos de personal de la empresa Autovan, que con maquinaria pesada demolió varias construcciones, entre ellas una casa que funcionaba como centro cultural.

La empresa en cuestión, filial del grupo Higa, procedió sin mostrar ningún permiso que avalara la destrucción, e ignorando los amparos 1117/2015 y 1123/2015 que ordenaban la suspensión definitiva de la obra, mientras que los policías agredían a los habitantes.

Todo para construir la autopista de cuota Naucalpan – Toluca, que servirá para que los habitantes de Interlomas lleguen más rápido al aeropuerto de Toluca.[/animalp-quote-highlight]

No es una vía que beneficie a los pueblos de la zona; por el costo, ni siquiera la podrían usar. Además de destruir casas, obviamente se han talado miles de árboles, sin considerar ni a los habitantes de la región ni que, por su ubicación, eran de los que proporcionaban oxígeno a la Ciudad de México (pero la contingencia ambiental es culpa de los coches…).

La lucha de la comunidad por defender lo que les pertenece, es decir su territorio, inició desde hace ocho años cuando comenzaron las obras de la autopista. Desde entonces han sufrido represión, encarcelamientos y demás violaciones a sus derechos.

No es nuevo que se violen los derechos de los pueblos indígenas y actualmente la violación de los derechos humanos es parte de la cotidianidad de nuestro país, pero este caso particular es un ejemplo concreto y completo de la situación que atraviesa México.

Para empezar, se debió realizar una consulta previa, libre e informada a la comunidad antes de iniciar el proyecto, para que ésta otorgara o no su consentimiento. No se hizo, por lo cual se violó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. También se desobedeció la ley al ignorarse los amparos otorgados. Por lo visto para el gobierno federal actual y para el del Estado de México, las leyes están hechas para ignorarse o romperse, así sin más.

Por otro lado, a quien beneficia la obra es al grupo Higa, es decir, al amigo del presidente, el señor Juan Armando Hinojosa Cantú, que todos conocemos por el escándalo de la Casa Blanca y que debería estar en la cárcel, ahora que se evidenció en los Panama Papers que encubrió más de 100 millones de dólares mediante empresas fantasmas en paraísos fiscales.

Además, los hechos ocurrieron ante la presencia de representantes de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, lo cual indica, una vez más, el poco respeto del gobierno mexicano a los organismos internacionales.

Por si fuera poco, la construcción de la carretera causará daños a varias áreas naturales protegidas y afectará a casi 300 especies de flora y fauna, algunas en peligro de extinción, y afectará también diversos mantos acuíferos.

Después de agredidas las personas, talados los árboles y destruidas las casas, el miércoles (13 de abril) por la tarde, se anunció que el gobierno del Estado de México se comprometió a suspender la construcción de la carretera y a pagar los daños. O sea que, además de todo, son incompetentes; primero van y destruyen y después se dan cuenta de que no les conviene, luego de que se denunciara el atropello en las redes sociales y de que acudieran a Xochicuautla personas de diversas organizaciones a apoyar a los afectados. Seguramente la suspensión de la construcción será temporal, esperarán a que se calmen los ánimos para regresar a reprimir, destruir y continuar su obra, como lo vienen haciendo desde hace ocho años.

En síntesis, el caso Xochicuautla evidencia, por lo menos, la corrupción, la incompetencia, el incumplimiento de las leyes, el nulo interés por la ciudadanía en general y por las comunidades indígenas en particular, la violación de derechos humanos, la agresión al medio ambiente y el irrespeto a los organismos internacionales. Demuestra que el gobierno de Peña Nieto, junto con los gobiernos estatales priistas, son capaces de pasar por encima de cualquier cosa con tal de hacer sus negocios. Así está este país.

 

@yotlacuila

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