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#Alerta CDMX y los retos de la violencia digital
La reforma al Código Penal propuesta por la Ley Olimpia va a legislar casos de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, pero las amenazas, el acoso cibernético y la extorsión, ya son delitos que se encuentran tipificados, ¿cómo se están implementando?
Por Luchadoras MX
26 de noviembre, 2019
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Las mujeres en la Ciudad de México vivimos en #Alerta desde hace años. Pensamos dos veces qué ropa usar para salir a la calle, la ruta más segura a seguir, cómo evitar los toqueteos y las miradas lascivas. Las violencias machistas las vivimos en las calles, en las casas, en las camas… y también en el espacio digital.

Las cifras cada vez son peores. Más mujeres reportan haber vivido alguna forma de violencia en México (66%) que en años anteriores según el INEGI, y al menos 9 millones han enfrentado ciberacoso. En Internet recibimos más insinuaciones sexuales (30.8%) que los varones (13.1%), y más fotos sexuales no solicitadas (23.9%) que ellos (14.7%) según la MOCIBA.

Nuestra #Alerta se extiende a los espacios digitales, que son extensión de nuestros cuerpos, la violencia digital es parte del continuum de las violencias machistas y sus impactos son reales, dispone de manera violenta de nuestros cuerpos a través, por ejemplo, de la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento en packs y amenazas, cometidas como formas de control en relaciones violentas, en un pacto de algún grupo universitario, a través de la extorsión o hasta su comercialización organizada.

Marcha del #25N en la Ciudad de México. Foto: Luchadoras.

En Luchadoras hemos identificado 13 formas distintas de agresión contra las mujeres a través de las tecnologías. La respuesta para combatirlas no es una sola. Una de las propuestas más influyentes para combatir la violencia digital ha sido tipificar la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. Esta ha sido una batalla encabezada por las sobrevivientes, Ana Baquedaño en Yucatán, y Olimpia Coral con el Frente Nacional por la Sororidad.

Al día de hoy un total de 19 estados en México han realizado alguna modificación legislativa ya sea para castigar la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento en su Código Penal, o reconocer la violencia digital en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LAMVLV)1.

Similar a lo que sucedió con el feminicidio, las modificaciones legislativas aprobadas varían en cada entidad. Las definiciones de las conductas, las sanciones y los bienes jurídicos que tutelan son distintos. Oaxaca, Puebla y Veracruz los consideran como delitos contra la intimidad sexual. Yucatán y Michoacán como delitos contra la propia imagen, y Estado de México como hostigamiento y acoso sexual. El Congreso de Jalisco, con un enfoque conservador, considera esta conducta como “Ultrajes a la moral y a las buenas costumbres”.

Chihuahua nombró como delito el “sexting”, aunque la conducta que criminaliza es la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. El uso de este término de forma errónea crea una legislación confusa. Como lo hemos dicho desde la Coalición #InternetEsNuestra, el sexting “se refiere a la realización de fotografías, vídeos o mensajes de contenido erótico o sexual y su intercambio es de manera consensuada y libre entre las personas involucradas”. Si no es libre y voluntario, no es sexting.

En la CDMX se han presentado doce iniciativas de reforma para legislar sobre esta problemática. El 19 de febrero, en el Foro “No más Acoso sexual Digital” convocado por la Comisión de Igualdad de Género del Congreso, se planteó la necesidad de consultar a las organizaciones para elaborar un mejor texto de reforma.

En octubre la misma Comisión realizó audiencias para recoger la perspectiva de organizaciones, empresas como Facebook y Google, personas académicas y otras instancias públicas. Ha sido un camino largo al que varias nos sumamos desde una perspectiva participativa.

Marcha del #25N en la Ciudad de México. Foto: Luchadoras.

El pasado viernes 22 de noviembre, la jefa de gobierno Claudia Sheiumbaum anunció que decretaría la Alerta de Violencia de Género en la capital del país, y exhortó a la aprobación de la “Ley Olimpia”. No tenemos certeza si la propuesta final de reforma tomará en cuenta las consultas previas.

El Congreso tiene la responsabilidad de crear una ley que se apegue a recomendaciones internacionales. Como señala la Relatora de Naciones Unidas Dubravka Šimonović, todo marco jurídico que se cree debe proteger adecuadamente “todos los derechos humanos de la mujer en Internet, incluidos el derecho a una vida libre de violencia, la libertad de expresión, el acceso a la información, y el derecho a la vida privada y la protección de los datos”.

La Ciudad de México podría establecer el mejor estándar posible respecto a las otras modificaciones legislativas que se han reformado en el país. Nuestros marcos jurídicos pueden parecer progresistas pero no se cumplen, eso sucedió con la Alerta de Género, que tardó seis años en decretarse por primera vez. Y aunque el feminicidio está tipificado en todo el país, solo el 30% de los asesinatos de mujeres son investigados bajo este tipo penal según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.

La Ley Olimpia corre el riesgo de quedarse en el papel si, más allá de su aprobación, el gobierno de la Ciudad de México y el Poder Judicial no trabajan para hacerla realidad.

La jefa de Gobierno y la Procuraduría tendrán que asegurar mínimamente:

  1. Procesos de denuncia adecuados y sensibles a las necesidades de las mujeres, que protejan su intimidad y no las revictimicen, incluyendo un resguardo y manejo cuidadoso de las pruebas.
  2. Que las sobrevivientes puedan obtener Órdenes de Protección cuando sea necesario, incluso ante formas diversas de agresión digital como son el acoso y las amenazas.
  3. Que exista coordinación entre Ministerios Públicos y Policía Cibernética para llevar a cabo mejores labores de investigación.
  4. Que se capacita y crea protocolos para Ministerios Públicos y otras autoridades.

El Poder Judicial tendrá que formar a jueces y juezas en apego a estándares adecuados de proporcionalidad, y que más allá de multas o prisión, contemplen acciones de reparación, garantías de no repetición y medidas simbólicas colectivas que coloquen al centro lo que para las sobrevivientes signifique reparación.

Marcha del #25N en la Ciudad de México. Fotos: Luchadoras.

Los últimos años hemos escuchado decir a las autoridades que no tienen herramientas para actuar en casos de violencia digital. La reforma al Código Penal propuesta por la Ley Olimpia va a legislar casos de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, pero las amenazas, el acoso cibernético y la extorsión, ya son delitos que se encuentran tipificados, ¿cómo se están persiguiendo en lo digital?

Para Luchadoras el mayor interés radica en reparar el daño que vivieron las sobrevivientes, dentro o fuera del sistema de justicia penal. La decisión es de ellas. El gobierno, las plataformas de Internet, las autoridades en las escuelas y nuestras comunidades tenemos la responsabilidad compartida de ofrecer estas las posibilidades. Nos mantendremos en #Alerta.

1  Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Chiapas, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

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