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ColaborAcción
Por Fundación Avina
Avina es una fundación latinoamericana, creada en 1994, que promueve la sustentabilidad a partir... Avina es una fundación latinoamericana, creada en 1994, que promueve la sustentabilidad a partir de procesos colaborativos, generando impactos positivos a gran escala. Trabaja por Latinoamérica y África, en línea con la agenda 2030 de las Naciones Unidas, impulsando innovaciones a favor del cuidado del planeta y el bienestar de las personas. Avina ve necesario profundizar y fortalecer los esfuerzos que promueven la dignidad humana, equidad, sostenibilidad ambiental y de las democracias. (Leer más)
América Latina, la democracia interpelada
La respuesta a la desigualdad que genera el paradigma del éxito, es el paradigma del cuidado del cercano a través de transacciones ganar-ganar; el cuidado del lejano a partir del trabajo de instituciones comunitarias; el cuidado del extraño, generando bienes públicos de calidad, y el cuidado del planeta a través de las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático.
Por Yanina Nemirovsky
13 de noviembre, 2019
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América Latina está harta. Hartazgo que late en las venas de los manifestantes y vibra en las arterias de las ciudades. Hartazgo que se repite desde comienzos de siglo porque ni la institucionalidad democrática ni los modelos de desarrollo económico han sido capaces de resolverlo. Ni siquiera de mitigarlo. Entonces, una vez más, en este caso los pueblos de Uruguay, Bolivia, Chile, Ecuador y Haití, desde ese hartazgo interpelante, tomaron las calles y así avivaron la intensidad de un debate que la sociedad plantea desde causas estructurales y los gobiernos reprimen en su forma, evitan en su contenido y minimizan en su alcance.

En 2001 en Argentina millones de ciudadanas y ciudadanos salieron a la calle en el marco de una crisis económica y social con el reclamo “que se vayan todos”; en 2011 en Chile se movilizaron miles de estudiantes reclamando un cambio en las condiciones de acceso a la educación superior; en 2013 en Brasil se movilizó la sociedad en contra del aumento del transporte público y del derroche de millones de dólares que implicaban las obras exigidas para el mundial de fútbol. Sin embargo, hasta el momento, el poder difuso de la protesta ha sido neutralizado, ya sea por acuerdos que terminan incumplidos, o por reformas que funcionan como parches para tapar el reclamo inmediato, o bien, por el poder represivo del Estado.

Una región en ebullición

El proceso de ebullición tiene manifestaciones visibles (las protestas callejeras) e invisibles (la satisfacción con la economía cayó del 30% en el 2010 a 16% en 2018, y la satisfacción con la democracia bajó de 61% en 2010 a 48% en 2018, según el Latinobarómetro). La paradoja es: los países más satisfechos con su economía en 2018 fueron Chile y Ecuador, con un 30%, y a su vez fueron los dos países que concentraron las mayores movilizaciones, generadas por la inequidad de un desarrollo para pocos.

En Haití, ciudadanos y ciudadanas exigen desde hace meses la renuncia de un presidente que no ha dado respuestas satisfactorias a los altos niveles de pobreza en el país y a las denuncias por corrupción. Honduras atraviesa una aguda crisis política y también exige en las calles la renuncia del presidente, sospechado de tener vínculos con el crimen organizado. Ecuador atravesó días críticos desatados por el alza de precios en los combustibles. Sucedió en el contexto de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el que terminaron al menos siete personas muertas. Bolivia enfrenta una crisis política que pone en duda la legitimidad de las elecciones. Todos los conflictos son desatados por circunstancias particulares de cada país, pero en todos se observan los mismos temas de fondo: crisis del sistema político y de las instituciones democráticas, desconfianza e insatisfacción con los gobiernos, concentración de riqueza y ajuste económico que profundiza la inequidad estructural y exclusión social.

Desde principios de siglo hasta el 2015, la región avanzó en términos de ingreso y calidad de vida. Los indicadores de inclusión social relacionados con la salud, la educación y la infraestructura básica mejoraron significativamente, así como también otros indicadores vinculados al trabajo y al ingreso. Estos avances, aunque se deben a múltiples factores y varían mucho de país a país, tienen que ver fundamentalmente con la implementación de políticas públicas que tendieron a reducir brechas de desigualdad y con un periodo de crecimiento económico impulsado por el aumento del precio de las materias primas en el mercado internacional.

Si bien no se puede hablar de una sola América Latina, ya que en cada país hay diferentes contextos, la región en su conjunto aumentó sus niveles de pobreza en los años recientes. Según el informe Perspectivas económicas de América Latina (CEPAL, 2019), entre 2015 y 2018, la pobreza en la región aumentó en 1,7 puntos porcentuales y la pobreza extrema en 2,5 puntos porcentuales. Eso quiere decir que tres de cada diez personas en la región vive por debajo de la línea de la pobreza. Y uno de cada 10 vive en pobreza extrema.

“No son 30 pesos, son 30 años”

Después de días de protestas en Chile y una escalada de la violencia, el presidente Sebastián Piñera dio marcha atrás a la medida que había desatado el conflicto: el aumento del metro. Tal vez supuso que la medida apagaría la protesta, como había sucedido semanas atrás, cuando el presidente Lenin Moreno derogó el decreto por el que se quitaban los subsidios a los combustibles fósiles que había encendido la chispa de las protestas en Ecuador. Pero no sucedió. Al contrario, la protesta se extendió. En las calles, la gente respondía con una sencilla frase a una clase política que demostraba no entender la situación: “no son 30 pesos, son 30 años”.

Esta frase sintetiza el reclamo popular de hartazgo ante una historia marcada por la desigualdad. Y América Latina es la región más desigual del mundo. No solo en términos de ingreso, sino, desde una perspectiva amplia, de acceso a derechos. El repunte económico que llegó se revirtió en 2015 logró mejorar los índices de pobreza pero no trajo cambios estructurales. La gente que salió de la pobreza en su mayoría conforma una clase media emergente vulnerable que vive en condiciones de inestabilidad y, dado que no tiene capacidad de ahorro o está sobreendeudada, tiene la amenaza constante de volver a caer en la pobreza. Según el informe Perspectivas económicas de América Latina (CEPAL, 2019), el 40% de la población en la región se encuentra bajo estas condiciones, que se traducen en empleos de baja calidad, con salarios bajos y escasa o nula protección social.

Los avances son insuficientes porque las estructuras permanecen. Si bien la desigualdad no tiene una única causa, está fuertemente arraigada al sistema de producción de la región. América Latina tiene una matriz productiva poco diversificada y muy heterogénea que concentra alrededor del 50% del empleo de mala calidad de aquellos sectores vulnerables que suelen quedar encubiertos bajo las cifras macroeconómicas del crecimiento. Además, la economía ha sido históricamente dependiente de la extracción de recursos naturales y la comercialización de materias primas. Esta dependencia tiene consecuencias negativas en todos los órdenes: mantiene a la región en niveles muy bajos de competitividad con respecto a otras regiones del mundo y no tiene ninguna perspectiva de sostenibilidad. Y, en el proceso de extracción se producen daños irreparables a la naturaleza y a la sociedad.

Pero no solo los factores materiales determinan la desigualdad. El pasado colonial de la región dejó como herencia una cultura del privilegio que se ha naturalizado. En la profundidad del imaginario colectivo, está instalada y aceptada la idea de que algunas personas pueden acceder a derechos y otras no. Así, una niña indígena que vive en una comunidad rural tiene muchas más probabilidades de ser pobre, de no tener agua ni acceso a una educación de calidad que un varón joven que vive en alguna de las ciudades capitales. No solo la condición socioeconómica determina quién tiene acceso a derechos. También lo determina el género, el origen étnico e incluso el geográfico. La igualdad entendida como la plena titularidad de derechos para todo ser humano independientemente de cualquier condición es un horizonte todavía muy lejano para América Latina.

Pero la cultura del privilegio no implica una aceptación pasiva de la desigualdad. Al contrario: es el caldo de cultivo del estallido social. En principio, la inequidad impide la integración social. La división tajante de clases sociales se manifiesta en múltiples planos: desde la segregación residencial y escolar, en la forma de ocupar los espacios y hasta en las experiencias y las expectativas de vida. Mientras la economía crece, vastos sectores de la sociedad se ven al margen de ese crecimiento y las tensiones aumentan, especialmente al observar que los privilegios vienen dados por posiciones heredadas o por situaciones que legitiman la ilegalidad o la informalidad, tal como es la corrupción o la discrecionalidad. Esto socava la legitimidad de las instituciones y genera el malestar y la inestabilidad social que terminan en las protestas masivas.

Cuestiones como la salud, la educación, la seguridad alimentaria, el acceso al agua, a la vivienda, a un trabajo formal permiten poner una lupa para observar realmente cómo vive la gente por detrás de las variables macroeconómicas. Por ejemplo, el acceso al agua segura, reconocido desde 2010 por la Asamblea General de las Naciones Unidas como un derecho humano, está lejos de ser garantizado. En 2015, el 65% de las personas en América Latina tenían acceso a servicios hídricos gestionados de forma segura y solo el 22% accedía a saneamiento. Las personas en zonas rurales son las más afectadas por esta carencia. Por otro lado, en la región uno de cada cuatro habitantes de zonas urbanas vive en un asentamiento precario, en situación de pobreza. Finalmente, según el último informe de la Organización Internacional del Trabajo, en la región existen 140 millones de trabajadoras y trabajadores informales. Es decir, más de la mitad de la población económicamente activa.

Las estadísticas regionales dan cuenta de la magnitud de la exclusión. Las nacionales y las locales, de la desigualdad. Ambas ponen de manifiesto la realidad de una región que, a pesar de los avances, todavía enfrenta grandes desafíos para derribar las estructuras que impiden a la región generar las condiciones para que toda la ciudadanía pueda ejercer plenamente sus derechos sociales, políticos, económicos y culturales. 

El paradigma del cuidado

En 2011, estudiantes chilenos de todo el país tomaron las calles en reclamo de una educación pública e inclusiva. La protesta logró exhibir un sistema excluyente en el que la educación superior estaba reservada para un pequeño sector que podía pagarla y otro sector que debía endeudarse para acceder a sus estudios. Pero, a la vez, trajo la discusión sobre la desigualdad social desde la perspectiva del acceso a derechos.

Bajo la lógica del modelo actual, basado en la acumulación de poder, riqueza y reputación, un sistema educativo privatizado contribuye a perpetuar la inequidad justificada bajo la cultura del privilegio. Todos los países de la región poseen educación privada y, lo que llaman educación pública, es en realidad educación estatal. Si bien muchas instituciones educativas estatales son de muy alto nivel y prestigio, muchas otras no lo son y la brecha en la calidad de la educación, entre países y dentro de un mismo país, todavía es muy grande. Por eso decimos que se trata de una educación estatal y no pública. Porque un bien público es aquel que ofrece la misma calidad y conviene a todos de igual manera para contribuir a su dignidad.

Según Bernardo Toro, filósofo colombiano e integrante de Fundación Avina, “cuando es de diferentes calidades, en vez de convertirse en un sistema de articulación, la educación se convierte en un sistema de fractura social”. En América Latina no será posible ningún proceso de integración si se sigue aceptando que algunos acceden a una mejor educación que otros. Esto implica romper la base de garantizar el acceso equitativo a oportunidades y, por tanto, tiene que ver con todos los aspectos de la vida en sociedad: la salud, el transporte, la seguridad, el espacio público. La forma de reducir las desigualdades es generando más y mejores bienes públicos y esto exige una transición hacia un nuevo paradigma que, a diferencia del actual, promueva el cuidado y reúna a las ciudadanías y los Estados nacionales detrás de un mismo objetivo: crear las condiciones para vivir dignamente.

El paradigma del cuidado en ColaborAcción

La respuesta a la desigualdad que genera el paradigma del éxito, desde esta perspectiva, es el paradigma del cuidado. Esto se expresa en el cuidado del cercano a través de transacciones ganar-ganar; el cuidado del lejano a partir del trabajo de instituciones comunitarias; el cuidado del extraño, generando bienes públicos de calidad, y el cuidado del planeta a través de las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. La Fundación Avina promueve el paradigma del cuidado y lo convierte en acción a través de procesos colaborativos orientados a generar cambios sistémicos, enfocados en sectores estratégicos, como el trabajo formal de calidad, el acceso al agua, la conservación de biomas, el diseño de ciudades resilientes o la acción climática.

Desde el programa de Innovación Política, Fundación Avina se ha planteado la meta de contribuir con la consolidación de una democracia que distribuya el poder, que amplíe la inclusión política y social, que promueva los derechos humanos, y que cuide los bienes del planeta. Y eso lo logra a través de los procesos colaborativos.

La creación de nuevas instituciones democráticas, el fortalecimiento de sus capacidades sociales y políticas y su articulación permitirán transformar las relaciones de poder y ampliar los espacios de participación en diferentes escenarios en los que se produce la democracia. Un ejemplo de esto es la consolidación de plataformas de acción política ciudadana, como Ocupar la Política en Brasil, México y Colombia, que además de prepararse para ocupar cargos de toma de decisiones y de elección popular, se preparan también para tomar acción en el diseño, impulso e implementación de reformas políticas democráticas. Estas nuevas plataformas abren paso y dan protagonismo a nuevas voces y sectores de la población que tradicionalmente han estado por fuera de los espacios de poder.

@FundaciónAVINA

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