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CEFERESOS: el modelo de castigo que no desaparece
El simbólico cierre de una colonia penitenciaria centenaria no permite ocultar que, lejos de la redignificación de los centros penitenciarios, la única estrategia gubernamental se reduce a trasladar a personas privadas de la libertad en toda la República a los denominados CEFERESOS.
Por Blog Invitado
1 de marzo, 2019
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Por: Corina Giacomello, Maissa Hubert y Roberto Cortés

“Súbase la blusa y sacúdase el brasier”. “Ahora, bájese el pantalón”. “Quítese los zapatos”.

Las órdenes son secas. Los gestos mudos.

Nos encontramos en Coatlán del Río, Morelos, en el Centro Federal de Readaptación Social “CPS Femenil Morelos”, único centro federal de reclusión para mujeres en México.

El proceso mecánico de revisión llega después de pasar por un escáner (de efectos dudosos para la salud), tras largas horas de trayecto en avión o carretera y de realizar gastos desmedidos. Todo para poder visitar a la “PPL 132” -siempre y cuando el día de visita del módulo coincida con un fin de semana, un día de descanso o un día en el que no hay escuela, ya que, en este centro, los días de visita cambian cada semana-.

El modelo de los Centros Federales de Reinserción Social (CEFERESOS) fue expandido en el marco de la guerra contra el narcotráfico, con el claro objetivo de aislar a las personas de sus familias, comunidades y defensas legales. En estos centros, la identidad se desdibuja y el nombre es sustituido por un número, marcado en negro sobre el uniforme beige, los zapatos y ropa interior. Únicamente se permite una llamada a la semana de diez minutos a números determinados. El pelo tiene que ser corto para los hombres internos y recogido en el caso de las mujeres, incluyendo a las custodias que allí trabajan. No se pueden intercambiar alimentos, ni gestos o saludos. Toda interacción está controlada, la humanidad suspendida y el mundo externo bloqueado por puertas eléctricas, kilómetros de muros de cemento, cámaras omnipresentes y largas distancias del asentamiento más cercano. Cuando las personas privadas de la libertad son trasladadas de un área a otra deben permanecer con las manos atrás y la cabeza agachada.

El pasado 18 de febrero de 2019 López Obrador aprovechó su conferencia matutina para abordar el punto 7 de su Plan de Paz y Seguridad relativo a la “Recuperación y Redignificación de las cárceles”, señalando:

  • El cierre del complejo penitenciario Islas Marías y su conversión en un centro de cultura y artes: “Va a ser una isla para los jóvenes, campamentos para ir a conocer, desde luego, la historia de cómo esos modelos de castigo deben ir desapareciendo”, precisó.
  • El traslado de personas desde centros de reclusión estatales a, precisamente, federales (CEFERESOS) para disminuir la sobrepoblación.

El simbólico cierre de una colonia penitenciaria centenaria no permite ocultar que, lejos de la redignificación de los centros penitenciarios, la única estrategia gubernamental se reduce a trasladar a personas privadas de la libertad en toda la República a los denominados CEFERESOS.

Este modelo penitenciario federal remonta a los años noventa y recibió un fuerte impulso bajo el sexenio calderonista (2006-2012). Actualmente en México existen 19 centros federales, 8 de los cuales operan bajo el esquema de Centros de Prestación de Servicios (CPS), es decir, que fueron construidos y son operados por la iniciativa privada.

De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Población Privada de Libertad (ENPOL), en promedio 95.2% de las personas internas en los CEFERESOS pasan entre 19 y 24 horas al día en su celda. 68% de las entrevistadas manifestó no haber recibido visita en el último año, y un 95% no haber tenido acceso a visita conyugal.

Aunado a lo anterior, es de destacar que actualmente solo existen CEFERESOS en 11 de las 32 entidades de la República. ¿Cómo pretende cumplir el Estado con su obligación constitucional de brindar a las personas privadas de la libertad la oportunidad de cumplir su pena o medida cautelar en el lugar más cercano a su domicilio?

Además, la posición geográfica y las medidas especiales de seguridad de los centros federales impacta negativamente en el derecho a la defensa, ya que, si las personas son detenidas en un estado por un delito federal, probablemente sean recluidas en CEFERESOS lejanos a su domicilio y lejos del estado donde se llevan a cabo sus procesos legales -los cuales llegan a durar hasta ocho o nueve años-.

En el caso de las mujeres solo existe un CEFERESO femenil en todo el país, ubicado en Coatlán del Río, Morelos, lo que provoca que se potencialice la problemática descrita. Sea que su domicilio de origen o su proceso penal se encuentren en un estado del norte o sur del país, su única opción siempre será este centro penitenciario.

Esto tiene consecuencias para el bienestar emocional y psicológico de las mujeres y trasciende, al igual que toda pena privativa de la libertad, a sus familiares -particularmente a sus hijas e hijos-.

Aprovechando que el presidente visibilizó lo que él identifica como el principal problema del sistema penitenciario mexicano: el costo de las Islas Marías, a lo que se seuma su naturales de “sistema de reinserción disfuncional”, que vulnera los derechos humanos de los familiares de los internos”, sería importante poner sobre la mesa la situación de las mujeres privadas de libertad en el CEFERESO 16 para crear mejores políticas que garanticen sus derechos humanos, se les brinden alternativas a la prisión y facilidades para que puedan estar en el centro penitenciario más cercano a su proceso y a sus familias.

Ya que, como lo hemos evidenciado, cerrar Islas Marías no significa terminar con el modelo de castigo que el propio presidente describió. Este modelo deshumanizante y, además económicamente inviable está diseminado por todo el país y violenta, día tras días, los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y de sus familias.

El debate sobre eficientar los recursos, cuestionar el costo de Islas Marías y de los centros federales, siempre es legítimo. Pero, más que promover traslados masivos de personas a los CEFERESOS, es preciso fortalecer la infraestructura y las condiciones de los centros estatales; garantizar el acceso a la salud, el trabajo y la educación a las personas privadas de la libertad; asegurar condiciones de trabajo dignas para el personal que labora en los centros; así como promover programas de apoyo para las familias de las personas privadas de la libertad.

Urge terminar con este modelo de castigo y empezar, por fin, a buscar justicia.

 

* Corina Giacomello es consultora de la organización @EquisJusticia. Maissa Hubert es Coordinadora del Programa Sistema Penitenciario y Reinserción Social de @Documenta_AC. Roberto Cortés es abogado del Programa de Sistema Penitenciario y Reinserción Social de @Documenta_AC.

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