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Crónicas de la transformación: la laicidad
La aprobación, en el Congreso del Estado de Nuevo León, de una reforma a la Constitución Local para proteger la vida desde el momento de la concepción, ocurrió entre las reuniones de Confraternice con el presidente, la secretaria y el subsecretario de Gobernación. La reforma constitucional y la apertura e interlocución del gobierno federal deben leerse como vulnerabilidad de la laicidad.
Por Armando Luna Franco
21 de marzo, 2019
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Las reuniones entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y los líderes evangélicos que conforman Confraternice, donde pidieron que les otorguen concesiones en medios de comunicación, son un reconocimiento de estas asociaciones religiosas como agente político, y no debemos perderlo de vista. Independientemente de la relación entre el presidente y Confraternice, la interlocución entre ellos representa la inserción de un nuevo actor en las relaciones entre la Iglesia y el Estado, y un nuevo planteamiento de la laicidad en México.

Para entender este nuevo planteamiento es fundamental analizar los procesos políticos y sociales que, durante los últimos 27 años, permitieron la aparición, consolidación y crecimiento de las Iglesias Evangélicas en la vida pública. La periodicidad no es gratuita: la reforma constitucional al artículo 130, propuesta por Carlos Salinas de Gortari, fue el principal cambio en las relaciones entre Iglesia y Estado desde las leyes de Reforma.

La reforma dotó a las asociaciones religiosas de personalidad jurídica, con las implicaciones económicas y sociales correspondientes: el Estado mexicano cedió su papel como regulador de las asociaciones, y redujo su papel a garante jurídico de su existencia. Con ello, las asociaciones religiosas pudieron participar, formalmente, en distintos ámbitos de la vida pública: la educación, el altruismo, y la asistencia pública (servicios de salud y alimentación, por ejemplo). Si bien ya lo hacían, era a través de intermediarios. Ahora podían hacerlo de manera directa.

El cambio fue parte del conjunto de reformas constitucionales que definió el sexenio salinista: el retiro del Estado como ente regulador. Más que intervenir directamente en los distintos ámbitos de la vida social, cedía su lugar a nuevos agentes que, con el Estado como garante, ejecutarían las actividades que antes llevaba a cabo; esto es, el paso hacia el modelo económico neoliberal. El cambio dio lugar a una nueva dinámica social, donde actores antes relegados ahora eran preponderantes; entre ellos, las iglesias.

Con personalidad jurídica, las asociaciones religiosas se convirtieron en instituciones sociales que, bajo la profesión de un credo y sin intervención del Estado, ofrecían servicios como los mencionados en párrafos anteriores. Los templos o centros de culto se convirtieron en centros comunitarios, donde la gente acude a recibir atención médica, tomar cursos y talleres de artes y oficios, incluso se puede recibir educación. La oferta no se limita sólo a sus miembros: cualquier persona puede recibir sus servicios.

Algunas asociaciones tienen presencia nacional, estableciendo iglesias. Otras tienen funciones ambulantes, visitando comunidades y haciendo labor comunitaria a la par de su labor evangelizadora. En muchos casos, su capacidad operativa les permite acceder a comunidades donde los servicios públicos no llegan, o son insuficientes. En otros casos, las iglesias se establecen en comunidades vulnerables o en situación de violencia, y ofrecen espacios de recreación y de inclusión social. Su presencia les da un lugar legítimo entre la población.

El retiro del Estado permitió esto. El tamaño y la presencia pública de las asociaciones ha crecido; como demuestran los censos de población, el porcentaje de personas que profesan una religión distinta a la católica ha aumentado constantemente. Dicho crecimiento ha acompañado conflictos políticos como en Chiapas, donde los conflictos entre grupos evangélicos han permeado la vida pública del Estado en los últimos 22 años. Además de este proceso, también está la politización de las asociaciones religiosas en otros ámbitos.

Aunque la Constitución y la Ley de Asociaciones Religiosas prohíben la participación de las asociaciones y sus ministros de culto en la vida política (al menos que éstos se hayan retirado por al menos 5 años de ellas), en los últimos años actúan políticamente en asuntos como la despenalización del aborto y el matrimonio igualitario. La férrea oposición que encabezan, de la mano como organizaciones como el Frente Nacional por la Familia, ha sido vocal y abierta en su rechazo y organización contra cualquier modificación legal al respecto.

La principal muestra de este proceso es el Partido Encuentro Social, aliado de Morena en el pasado Proceso Electoral que, aunque perdió el registro, cuenta con representantes en los Congresos Federal y Estatales, entre otros puestos de gobierno en los tres órdenes. Partido fundado y con abierta cercanía a distintas advocaciones evangélicas, ha sido claro en su defensa de la familia tradicional, fundada en el matrimonio entre hombre y mujer y la defensa de la vida desde el momento de la concepción.

Todos esto nos obliga a replantear la laicidad en nuestro país. La aprobación, en el Congreso del Estado de Nuevo León, de una reforma a la Constitución Local para proteger la vida desde el momento de la concepción, ocurrió entre las reuniones de Confraternice con el presidente, la secretaria y el subsecretario de Gobernación. La reforma constitucional y la apertura e interlocución del gobierno federal deben leerse como vulnerabilidad de la laicidad.

Esta vulnerabilidad, dentro del contexto político internacional, es un problema grave para la política interna, como muestra el caso de Trump con los evangélicos estadounidenses, o Bolsonaro con los evangélicos brasileños; disolver la barrera entre ambas esferas de la vida pública abre la puerta a opciones ultraconservadoras y reaccionarias, a programas políticos de exclusión y de negación de derechos humanos para mujeres y personas de la diversidad sexual; no sólo el matrimonio igualitario o aborto, sino el acceso a servicios de salud y la posibilidad de que actos de violencia en su contra queden impunes.

La petición de Confraternice para que modifiquen la Ley y puedan acceder a concesiones en medios de comunicación debe ser rechazada. Tras un discurso piadoso, envuelto en tropos religiosos, se esconden posturas que buscan una visión cerrada y confesional de la vida pública. El nuevo ataque a la laicidad no necesita denunciar al Estado, sólo ocupar los espacios que éste abandona. Por ello, además de exigir que no se les abran las puertas de los medios, debemos exigir un fortalecimiento y retorno del Estado a un papel activo y regulador en distintos ámbitos de la vida pública.

La vida pública necesita de un Estado presente y fuerte, no sólo para evitar que un credo se vuelva norma, sino para garantizar el bienestar público. A la luz de las decisiones tomadas en materia de política social, donde entregarán recursos mediante transferencias monetarias para solventar problemas como el cuidado de infantes, la protección contra la violencia, o becas, el Estado reitera su retiro de la vida pública. Más que reconcentrar el poder del Estado a través de las funciones, se fortalece la presencia social de estas asociaciones que, asumiendo estas funciones, legitiman su lugar en la vida pública y política. El nuevo ataque a la laicidad no necesita supeditar al Estado a un credo, sólo dejar que se haga a un lado.

 

* Armando Luna Franco es Politólogo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especializado en temas de teoría política y sistemas electorales.

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