close
Suscríbete a nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
close
Discapacidad en primera persona
El caso que debate hoy la Primera Sala de la SCJN pone en evidencia los muchos estereotipos que existen sobre las personas con discapacidad intelectual y las personas de la familia sobre las que recaen los "cuidados".
Por Blog Invitado
13 de febrero, 2019
Comparte

Por: Cecilia Guillén Lugo (@1raPersonaMx)

Este miércoles se discute en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el proyecto de resolución al Amparo Directo en Revisión 44/2018. El ponente es el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. La revisión del proyecto parte de una postura radical y crítica sobre la discapacidad: que a las personas con discapacidad nos asiste el derecho de participar en la sociedad sin necesidad de tutores, intermediarios, voceros o incluso ventrílocuos, se trata de reconocer la voz propia, a ejercer derechos “en primera persona”.

La sesión de la Primera Sala es una sesión digna de todo seguimiento y escrutinio: será la primera ocasión en que la SCJN, sin la participación de los Ministros José R. Cossío y Arturo Zaldivar, tomen una decisión sobre los Juicios de Interdicción. La gran duda es ¿se apartarán de la línea jurisprudencial que se trazó hasta el año pasado sobre Principio de la “mejor interpretación posible”¹ de las decisiones de las personas con discapacidad? ¿Finalmente se admitirá que la Interdicción no es validable ni siquiera con forzadas interpretaciones?

Lo más importante es que se entienda que el juicio de interdicción NO es un “ajuste razonable” como lo ha querido creer hasta ahora nuestro máximo tribunal. Basta leer la sentencia del emblemático “Caso R. Aldair” y las tesis derivadas. Sin esa claridad conceptual no se puede avanzar hacia un modelo de apoyos en la toma de decisiones con respecto al artículo 12 de la CDPD y en este caso, su relación con los artículos 16 y 19 de la propia CDPD.

Este caso pone en evidencia los muchos estereotipos que existen sobre las personas con discapacidad intelectual y las personas de su familia sobre las que recaen los “cuidados”. También pone a la vista que los juzgadores no se actualizan sobre nuevos estándares periciales. Por ejemplo, a la luz de la Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad, ahora se reportan los límites a la funcionalidad² que con respecto a su entorno presenta una mujer con discapacidad intelectual y esto sustituye a los informes que sólo alcanzan a comparar la inteligencia de un adulto con la inteligencia atribuida a un niño en una determinada edad. En este caso, ese informe anacrónico sitúa a la mujer con discapacidad y a quién identificaré como “S” como si tuviera tan sólo dos años.

La presencia de estas inadecuadas concepciones sobre la edad y la discapacidad son relevantes pues bajo esa falsa premisa; se infantiliza a una adulta y se pretende que todo su caso se analice como si se tratase de una persona menor de edad. Bajo el estereotipo de que las personas con discapacidad intelectual son “eternos infantes”, se deja de lado analizar qué apoyos necesita “S”. En otra parte del proyecto se avala el resultado de otra entrevista psicológica sin tener cuidado en verificar si en esa entrevista se siguió algún protocolo que detectase si la conformidad de vivir con “J” estaba influenciada por el mismo contexto de violencia que se denuncia. Pero el Proyecto parece dar verosimilitud en la denuncia justo porque no aborda ninguno de los múltiples estudios e informes sobre los tipos específicos de violencia que viven las personas con discapacidad en manos de sus cuidadores, sean profesionales o familiares.

Todo lo anterior no es trivial pues en el Estado de México no existe una legislación que regule las obligaciones de las autoridades encargadas de proporcionar estos apoyos sea o no en el contexto del ejercicio de la capacidad jurídica. Más aún, hay más de un aspecto de limitaciones institucionales puesto que en el proyecto se pasa de lado que sea la “Procuraduría del Menor” de esa entidad la que supervise las adecuaciones que tendrían que hacerse para que “S” cambie de domicilio, es decir, no se analiza si son modificaciones meramente arquitectónicas o bien, requieren de una modificación al entorno familiar en cuanto a la interacción se refiere. Pero dado que se menciona el tema de los costos, asumo que se trata sólo del entorno físico. Sumado a lo anterior, no se indica qué atribución ejercería, si es que la tiene, esa Procuraduría, y si cuenta con el personal calificado para realizar y ejecutar Diagnósticos de Accesibilidad y de Integración de Adultos con Discapacidad, y es que no olvidemos que se trata de la procuraduría del menor en esa entidad.

Los procedimientos sobre interdicción en que han forzado a participar a “S” tienen dos problemáticas más: no se le asigna un abogado defensor que haga visibles y relevantes sus intereses en ese conflicto familiar protagonizado por sus padres divorciados y las desavenencias entre sus propios hermanos y hermanas con respecto a “J”, la madre. Así, sin tener un profesional del derecho que le asegure voz propia, queda relegada al “bulto” sobre el que todos y todas tienen opinión. Tanto que inclus, el proyecto de sentencia no cuestiona la cultura implícita en el tema económico de quién o quienes les corresponde proporcionar una vivienda a “S”, que le permita una vida progresivamente independiente con respecto a la que hoy día tiene.

Hechos del caso

“S” mujer de 36 años con discapacidad intelectual y visual. Desde el divorcio de sus padres quedo bajo el cuidado de “J” su madre, mujer de edad avanzada. No hay juicio de alimentos a favor de “S”, pero su padre y hermanos solicitan se declare INTERDICTA y acusan de “J” de violencia física y verbal además de negligencia. Aseguran que “J” amenaza matar a “S” y después suicidarse.

El proyecto tiene los siguientes inconvenientes: no se reconoce que el procedimiento de interdicción es contrario a los artículos 12, 13, 16 y 19 de la Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). En cambio, se ocupan de resarcir a “J” la madre por una supuesta “discriminación por edad” y usan a “S” como premio o reparación por la supuesta discriminación. Bien puede reconocer ese tipo de discriminación pero sin perpetuar la interdicción de “S”.

Lo más alarmante desde el abordaje del Modelo Social son los siguientes puntos:

A) El proyecto banaliza la violencia que se denuncia vive “S”, la deja en riesgo de violencia en lugar de fijar apoyos para que “S” logre autonomía e independencia progresivamente. Como toda medida ordena obligar a “J” a tomar medicamento psiquiátrico para “convertirla” en una adecuada “tutriz” y refuerza de que los psicofármacos eliminan la violencia doméstica sin más intervención social o monitoreo.

B) Deja pasar la ocasión para analizar tanto la realidad como los estereotipos sobre la violencia asociada a la depresión de un cuidador y los efectos “milagrosos” que, se supone, logran al medicar forzadamente a la persona violenta. Ni siquiera se cuestiona si “J” tiene acceso a psiquiatras especializados en adultos mayores. Ni siquiera se da un plazo razonable para verificar por profesionales de la salud mental o del trabajo social, que el tratamiento sea apropiado e incluso “exitoso” (así, en comillas).  

C) Ni siquiera cae en la cuenta de que sobre “S” no hay un plan de trabajo para lograr su progresiva autonomía e independencia (modelo social). El proyecto supone que basta con que la lleven a sus “citas médicas”, como si toda su vida fuera estar encerrada en casa esperando ir al doctor (modelo médico).

D) Pasa desapercibido el tema de los “alimentos” de “S”, ni sobre quién recaen los costos económicos derivados de asegurar la accesibilidad de una vivienda como condición para una vida autónoma e independiente.  El proyecto tampoco cuestiona si la autoridad cuenta con Unidades Técnicas que se encarguen de vigilar la calidad de las adecuaciones físicas o actitudinales. La falta de estas adecuaciones hace parecer como inevitable que “S” conviva con la persona acusada de violentarla.

Otras cuestiones legales:

  1. No existe el “interés superior” de la persona “interdicta” o “incapaz”; tal y como NO existe en el caso de la persona racializada ni de la persona torturada. Erróneamente en 31 ocasiones se invoca ese inexistente concepto para analizar el caso .
  1. Es un claro retroceso de las tesis 2015138 y 2008713, en las que por cierto el ministro Pardo Rebolledo fue disidente.
  1. La Observación General no. 1 de la CDPD sobre capacidad jurídica claramente reconoce que sólo las niñas y niños con discapacidad les asiste algún “interés superior”, pero es por razón de la infancia no en razón de la discapacidad. El proyecto del ministro Pardo Rebolledo ni siquiera menciona ese documento de la ONU ni los otros desarrollos sobre apoyos al ejercicio de la vida independiente en relación con la capacidad jurídica.
  1. Analiza el caso como si “S” fuera una niña e invoca el marco legal internacional de protección a la Infancia, tanto su Convención como sus diversas observaciones incluida la intención de “suplir la queja”, cuando bien la puede suplir como adulta que es con discapacidad.
  1. Se validan periciales mal desahogadas además de darles una valoración plagada de estereotipos sobre la discapacidad intelectual.

Para concluir, señalaré que la prisa que tiene el proyecto en resarcir la “discriminación por edad” que señala sufrió “J”, y que le hacen tener en riesgo su protagonismo en la vida de “S”, es por demás preocupante. Cierto es que “J” nunca se asume como una mujer con discapacidad psicosocial ni el proyecto del ponente analiza tal posibilidad, sin embargo hay un tema ahí sobre la salud mental de la cuidadora que como hemos dicho líneas arriba es relevante. En las prisas por regresar a “S” con la madre, no se considera por un lado los apoyos a que “J” tendría derecho en esa condición que se le diagnostica como transitoria y “curable” (valga el estereotipo), sino que además se deja de lado una cuestión importante sobre el derecho que le asiste a cualquiera de tomar decisiones sobre su propia salud mental y es que no se decide el ponente: o bien “J” se encuentra imposibilitada para decidir sobre su propia salud y en ese caso NO debería tener cargas que la pongan en mayor riesgos como es cuidar a su adulta hija; o bien, se encuentra de lo mejor y puede afrontar su voluntario rol como cuidadora y no necesita que el Estado intervenga en sus decisiones de salud y, con ello, se dejen de lado los derechos que le asisten en el marco internacional de los derechos de las personas mayores (mismo que ya firmó México, pero aún no entra en vigor).

No basta con que le “regresen” a su hija como solución a la supuesta discriminación, deben garantizarse sus derechos como mujer adulta mayor cuya condición de salud mental le hace acreedora de apoyos para ejercer cuidados con respecto a su propia hija, y ser garante así de una vida libre de violencia para ambas.

Eso por cuanto la madre, pero por cuanto “S” recordemos que implementar el modelo social de abordaje a la discapacidad  requiere una visión integral a todos los derechos en juego, pues se trata de una mujer aún joven que, a sus treinta y seis años, al negarle apoyos al ejercicio de la capacidad jurídica no se garantiza su derecho a alcanzar progresivamente la vida autónoma, independiente y libre de violencia a que todas las personas con discapacidad aspiramos y tenemos derecho.

* Cecilia Guillén Lugo es activista y defensora de derechos humanos. Es experta en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Hasta 2018 fue investigadora sobre derechos de las Personas con Discapacidad en la Dirección de estudios, promoción y desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actualmente colabora “En primera persona”, una organización de la sociedad civil involucrada en el avance de los derechos de las personas con discapacidad.  

 

¹ Tesis publicadas en el Seminario Judicial con los números de registro 2015138 y 2008713.

² Para ello, la CDPD y la OMS han dispuesto de la CIF la clasificación sobre funcionalidad que da información adecuada sobre las barreras que enfrenta una PCD en lugar de hacer comparativos que, reitero, infantilizan.

¡Gracias por leer! Ayúdanos a seguir con nuestro trabajo. ¿Cómo? Ahora puedes suscribirte a Animal Político en Facebook. Con tu donativo mensual recibirás contenido especial. Entérate cómo suscribirte aquí. Consulta nuestra lista de preguntas frecuentes aquí.
Comparte