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Derechos, no asistencialismo para personas con discapacidad
En el caso de la discapacidad, como en muchas otras problemáticas sociales, la transferencia directa no puede convertirse en la única política hacia los grupos objetivo si el propósito es eliminar todas las barreras para la plena participación de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que los demás miembros de su sociedad.
Por Blog Invitado
20 de febrero, 2019
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Por: Patricia Brogna (@patobrogna)

Estimado Sr. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador:

Con preocupación tomé conocimiento de que uno de sus programas prioritarios era la transferencia directa de recursos económicos hacia la población con discapacidad menores de 29 años y en situación de pobreza. Ese mismo proyecto se basa en uno piloto que Prospera viene desarrollando en San Luis Potosí y Durango aunque sin límite de edad: universal para todas las personas con discapacidad en situación de pobreza, que hubieran sido identificadas por ese Programa.

Hoy en su conferencia oí a usted, como hago cada mañana, y me asombró su propuesta sobre la desaparición del Instituto de discapacidad de la vieja Sedesol. Ese instituto a nivel nacional es en realidad un Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS) y ha sufrido una trayectoria cada vez más raquítica, adscripto a instancias que le permitían cada vez menor decisión y margen de incidencia, y que ha sido a menudo premio consuelo de políticos que caían en desgracia desde niveles superiores de gobierno.

Con absoluto respeto quiero mencionarle que a partir del año 2006, y a impulso de Don Gilberto Rincón Gallardo, la ONU aprueba la “Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad”, documento internacional que señala los derechos de esta población, mismos que el Comité de seguimiento de Naciones Unidas amplía y explica a través de las Observaciones Generales y que marcan los estándares a los que México se ha comprometido: el país ya ha presentado tres informes. Esta convención, que el mundo debe a la propuesta de México, marca el gran cambio de paradigma hacia las personas con discapacidad: de la visión médico-asistencial al paradigma de derechos.

La Convención menciona tres instancias de gobierno que son necesarias para que los derechos que reconoce se aterricen en la realidad: una instancia de aplicación, una de coordinación intersectorial y una de monitoreo de las políticas públicas. Con la lamentable trayectoria del CONADIS, las políticas han sido cada vez más simuladas y regresivas para un grupo que está estadísticamente subvalorado en México, aunque -según datos oficiales- el mayor porcentaje de personas con discapacidad la adquiere por enfermedad o accidente con un aumento significativo de esas causas entre los 24 y 64 años (datos del MCS-ENIGH 2014), grupo que quedaría fuera del beneficio señalado.

Más allá de la focalización de un proyecto o programa, los derechos señalados en la Convención que México ha ratificado implican:

  • el ejercicio de su igual reconocimiento como persona ante la ley y el acceso a la justicia,
  • el diseño de sistemas de apoyo para la vida independiente y para el ejercicio de su capacidad jurídica;
  • la accesibilidad al medio físico, a la comunicación y la información;
  • el derecho a la educación inclusiva y no segregada en todos los niveles;
  • la vida independiente; a la familia (incluyendo a una pareja e hijos);
  • no sufrir tratos crueles inhumanos y degradantes (como sucede a las personas con discapacidad que están en instituciones como psiquiátricos o cárceles);
  • la participación política;
  • ser incluidos en su comunidad,
  • acceso al trabajo y los servicios de salud, entre otros.

Nada de esto podrá lograr la población con discapacidad sin políticas públicas, sin la decisión política de una acción integral y progresiva con instancias de gobierno altamente capacitadas en el tema, desde perspectivas no asistenciales sino de derechos.

Por último, señalar que, aun cuando algunas organizaciones de sociedad civil de o para personas con discapacidad –mención que realizó en la misma conferencia– pueden haber hecho mal uso de los recursos gubernamentales que reciben, es necesario reconocer que la mayoría lleva adelante acciones que cubren aquellas que debería realizar el gobierno y por las que varios presidentes anteriores se han parado el cuello en su rendición de informes. Las OSC son aliadas: la problemática es tan amplia que ni gobierno, ni OSC ni academia ni ningún actor aislado podrá resolver “la cuestión de la discapacidad”. Queda en el gobierno monitorear el uso de recursos que reciben las OSC; asegurar que las cientos que existen sean convocadas de forma pública, abierta, oportuna e informada, y diseñar estrategias de distribución de recursos menos perversas ya que deben concursarlos en SEDESOL y generalmente se concentran en las organizaciones más grandes, con sede en la Ciudad de México, y que cuentan con más capital político en detrimento de otras que trabajan con las poblaciones más vulnerables dentro del mismo colectivo de personas con discapacidad.

Reconozco su intención de lograr un aparato de gobierno eficiente y eficaz, aunque su propuesta me recordó al “estado mínimo” de las políticas liberales de los ’90 en América Latina y de las neoliberales que actualmente llevan adelante gobiernos como los de Macri y Bolsonaro, con la desarticulación del estado de bienestar, la desaparición de políticas sociales en general y hacia este sector, en particular, y el recorte en la calidad y extensión de sus derechos. Entiendo –reitero– su preocupación de que la burocracia del gobierno no se transforme en un mastodonte lento y costoso, pero en ésta como en muchas otras problemáticas sociales (desigualdad de género, desaparecidos y violencia, etc.) la transferencia directa no puede convertirse en la única política hacia los grupos objetivo si, como mencionaba, el propósito es eliminar todas las barreras para la plena participación de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que los demás miembros de su sociedad.

Quedo a su disposición y espero que, en conjunto con su gabinete, pueda reconsiderar la manera en la que durante su período de gobierno, las personas con discapacidad vean ampliado el goce y ejercicio de todos sus derechos, sentando las bases para políticas de Estado y no sólo de gobierno.

Respetuosamente.

 

* Patricia Brogna es familiar de personas con discapacidad, con maestría en Integración de Personas con Discapacidad de la Universidad de Salamanca (España), maestría y doctorado en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Profesora de la la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y del mismo posgrado de la UNAM. Coordinadora desde 2014 del Seminario Permanente sobre Discapacidad del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM.

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