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Estado, mujeres y una vida libre de violencia
El Estado es quien debe poner fin a las condiciones sociales, económicas y culturales que contribuyen a generar la violencia contra las mujeres, y quien debe establecer planes y estrategias para erradicar las injusticias y las desigualdades que se manifiestan en las relaciones de género.
Por Claudia Chavarría & Flor Camacho
16 de marzo, 2019
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Por: Claudia Pamela Chavarría Machado y Flor Camacho Trejo

La violencia contra las mujeres, además de ser una manifestación que refleja las relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres (ONU, 2006), es una violencia estructural que, como señala Rita Segato, (2003) “es reproducida por las vías de la discriminación en los campos económico y social”. Es decir, existen estructuras que permiten que la violencia de género hacia las mujeres se materialice, y México se ha convertido en un ejemplo de ello, pues ser mujer representa un peligro; basta mirar las cifras que muestran esa realidad.

En México, 6 de cada 10 mujeres han enfrentado un incidente de violencia; 41.3 % de las mujeres ha sido víctima de violencia sexual y 9 mujeres son asesinadas diariamente (ONU Mujeres. México, 2018).

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016 (INEGI, 2018), 43.9 % de las mujeres de 15 años y más ha sido víctima de violencia por parte de su pareja, esposo, novio actual o último, a lo largo de su relación de pareja; es decir 19 millones de mujeres. Las entidades que sobresalen son el estado de México, Ciudad de México, Aguascalientes, Jalisco, Oaxaca y Michoacán. La encuesta reportó que a nivel nacional 64 de cada 100 mujeres que fueron víctimas de violencia a lo largo de su relación, sufrieron violencia severa y muy severa. Dicho porcentaje equivale a 12.2 millones de mujeres, de las cuales 8.2 millones se encuentran en situación de violencia severa y 4 millones en situación de violencia muy severa. A eso hay que agregar que el 56 % del territorio nacional se encuentra en declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres. La situación no es menor, ya que tiene consecuencias sociales, físicas y emocionales en las mujeres, además de que muchas de ellas se encuentran en contextos en los que está en riesgo su propia vida.

Las cifras ponen en evidencia el panorama grave de violencia que viven las mujeres, así como los desafíos a los que se enfrenta el Estado mexicano sobre la urgente necesidad de establecer y ejecutar medidas para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.

La violencia contra la mujer representa violaciones a sus derechos humanos, ya que las causas y los factores están arraigados en un contexto general de desigualdad económica y de discriminación por razones de género. Cuando se violenta a las mujeres, se viola su derecho a la vida; a la libertad; a la seguridad; a circular libremente; a participar en la vida pública y política; a la salud física y mental; el derecho a la protección, debido a que crea una situación de desamparo, en ocasiones de la propia familia, de la sociedad, que invisibiliza el problema y del Estado (Rico, 1996), pues es el responsable de crear medidas y estructuras de administración e impartición de justicia.

En este sentido, es el Estado quien debe poner fin a las condiciones sociales, económicas y culturales que contribuyen a generar la violencia contra las mujeres, además es responsable de establecer planes y estrategias para erradicar las injusticias y las desigualdades que se manifiestan en las relaciones de género (Rico, 1996). Reconocer que la violencia contra la mujer es una violación de derechos humanos confirma las normas que imponen a los Estados las obligaciones de prevenir, erradicar y sancionar esos actos de violencia y los hacen responsables en caso de no cumplirlas (ONU, 2006). Recordemos por ejemplo el caso Campo Algodonero en Ciudad Juárez, Chihuahua, que en noviembre de 2009 la Corte IDH condenó al Estado mexicano por violar derechos humanos en los casos de feminicidios, la sentencia señala la responsabilidad internacional de México al incumplir con su obligación de no discriminación, así como las omisiones e irregularidades en las investigaciones, además de las afectaciones a la integridad de los familiares (Vázquez, 2011), pues a pesar de las observaciones, la disminución, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres es una deuda pendiente.

Muchas son las demandas que se visibilizan el marco del Día Internacional de la Mujer, no sólo en las mareas verdes y moradas que toman las calles, también en los tribunales de justicia y en los órganos legislativos se están resolviendo entre la despenalización y la criminalización del aborto. Penalizar el aborto viola los derechos humanos de las mujeres y las coloca en una situación de mayor violencia.

Importante también es conocer cómo van a operar a futuro los refugios para mujeres víctimas de violencia, pues dichos espacios son fundamentales para la atención y protección a las mujeres y sus hijas e hijos y para acompañarlas en el proceso de desarrollo de sus proyectos de vida. En este acompañamiento la experiencia y trabajo de organizaciones y colectivos representa un acierto, pues en situaciones de violencia, lo mejor es contar con personas cercanas y redes de apoyo que ayuden a las mujeres víctimas a afrontar la situación, pues el apoyo que puedan brindar es fundamental para recuperarse.

Otro elemento que ha ocupado desde hace mucho tiempo la agenda es combatir los roles de género que siguen permeando en la sociedad, sin embargo, con la decisión sobre la suspensión de entrega de recursos a estancias infantiles, debemos cuestionar: ¿por qué se sigue colocando la carga de cuidados a en las familias y en especial en las mujeres? Esa decisión refuerza estereotipos sobre la mujer como la mejor o única para cuidar, invisibilizando sus esferas personales y laborales, con las que no se promueven acciones para conciliar tiempo en otras actividades. En un estudio realizado por nuestra organización, INCIDE Social, A.C. sobre las políticas de corresponsabilidad y conciliación (2015) encontramos que el tiempo de cuidados no remunerados que las mujeres realizan deja con muy poca o nula posibilidad de contar con tiempo para acudir a actividades personales y de descanso o relacionadas a involucrarse en decisiones de su colonia, barrio, escuela, trabajo o alcaldía.

El #8M siempre es un corte para analizar lo que tenemos que exigir que se considera justo y no aceptar lo que podemos conseguir modestamente. Cuanto más modestas sean nuestras exigencias, serán también las concesiones otorgadas. Queremos y nos organizaremos por más acciones, por la libertad de decisión, el trabajo digno, por vivir seguras y por tener garantizado el derecho a una vida libre de violencia.

 

* Claudia Pamela Chavarría Machado y Flor Camacho Trejo so investigadoras de INCIDE Social, A. C.

 

 

Referencias:

  • Instituto Nacional de Estadística y Geografía, (2018). Estadísticas a propósito del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer (25 de noviembre) / datos nacionales. Comunicado de Prensa N. 588/18. Disponible aquí.
  • Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social, A.C. (2015). Herramienta metodológica para el diagnóstico del estado de la corresponsabilidad en la Administración Pública Federal y políticas públicas derivadas del mismo.
  • Organización de las Naciones Unidas, (2006). Poner fin a la violencia contra la mujer. De las palabras a los hechos. Disponible aquí.
  • ONU Mujeres México. Comunicado de Prensa en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Disponible aquí.
  • Rico, N. (1996). Violencia de género: un problema de derechos humanos. Disponible aquí.
  • Segato, R. (2003). Las estructuras elementales de la violencia. Ensayos sobre género entre la antropología, el psicoanálisis y los derechos humanos. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes. Disponible aquí.
  • (S/A), (16 de enero de 2019). “El 56% del territorio mexicano tiene alerta de violencia de género contra las mujeres” Disponible aquí.
  • Vázquez, S. (2011). El caso “campo algodonero” ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En Anuario mexicano de derecho internacional. Disponible aquí.
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