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El turbio ciclo regulatorio del agua en México
En este país uno de cada cinco acuíferos están sobreexplotados, uno de cada dos cuerpos de agua no cumplen con los límites aceptables de calidad y tres de cada diez viviendas no cuentan con suficiente agua diariamente.
Por Blog Invitado
22 de marzo, 2019
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Por: Rodrigo Bolaños (@rodbol89)

 Ya desde el año 2006 la Organización de las Naciones Unidas lo manifestaba: la crisis del agua en el mundo es, en realidad, una crisis de gobernabilidad, y México no está exento de ello. Aunado a que somos un país considerado con poca disponibilidad del líquido, la falta de un diseño institucional y normativo adecuado se ha traducido en que cerca de uno de cada cinco acuíferos están sobreexplotados, uno de cada dos cuerpos de agua no cumplan con los límites aceptables de calidad y tres de cada diez viviendas no cuenten con suficiente agua diariamente.

Este panorama sin duda es grave ya que no sólo afecta el desarrollo económico y social del país, sino que quebranta el cumplimiento de los derechos humanos y el bienestar básico de alrededor de 44 millones de personas. Además, esta situación se agudiza por los espacios que el deficiente marco regulatorio abre para la aparición de malas prácticas e irregularidades en las diferentes etapas del ciclo de extracción, distribución y desecho del agua que permite que hagamos uso de este líquido para una gran variedad de actividades.

Todo comienza desde el otorgamiento de los permisos para la extracción del líquido. Por ejemplo, en 2015, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, el 13.5 por ciento de las concesiones para el uso y aprovechamiento fueron autorizadas en cuencas con probado déficit, lo que pone en peligro el equilibrio hidrológico y la preservación del líquido a futuro. Asimismo, expertos consultados por Ethos reportan que se otorgan concesiones aún cuando no se sabe a ciencia cierta cuánta agua hay en los acuíferos. Peor aún es que, una vez dada la concesión, existe una baja capacidad de la Comisión Nacional del Agua para vigilar estas extracciones, por lo que en uno de cada dos acuíferos se desconoce si los concesionarios respetan el destino acordado y/o las cantidades permitidas. Es más, tampoco se conoce si en estos cuerpos existe extracción clandestina del líquido.

Otro foco rojo que existe en el otorgamiento de concesiones está en el trámite de las mismas. De acuerdo con la ASF, para 2016 solamente se habían resuelto cuatro de cada diez solicitudes para extraer agua. Esta ineficiencia genera incentivos para que los interesados hagan arreglos alternativos de resolución o para acceder al agua sin autorización. La consecuencia de esta situación, así como del acaparamiento de permisos de concesión en algunas zonas, también ha generado la creación de un mercado alterno, poco regulado, entre los que buscan una licencia y quienes ya la poseen. En este juego, se transmiten parcialmente los derechos de extracción, por lo que, ante la incapacidad de inspección de las autoridades, se multiplica el número de pozos sin que conozcamos cuánta agua se extrae realmente y para qué uso.  

Si bien alrededor del 75 por ciento de los recursos hídricos extraídos se destinan al sector agrícola —con anomalías poco documentadas en la administración del riego—, otro 15 por ciento se usa para el abastecimiento público; es decir, a la provisión de agua potable y servicios de saneamiento a las viviendas. Para este fin existen alrededor de 2500 organismos operadores que distribuyen el líquido a nivel municipal, intermunicipal o estatal. No obstante, informes oficiales reportan que esas instituciones suelen tener deficiencias técnicas, administrativas y financieras que impiden que cumplan sus objetivos como deberían.

Las fallas de estos organismos, como revela un estudio elaborado por el Colegio de Sonora, en muchas ocasiones son consecuencia de la opacidad y patrimonialismo. Así, el uso de los recursos destinados a fines ajenos a la mejora de infraestructura y el empleo de personas que no están técnicamente calificadas, ocasionan una mala provisión del servicio, que repercute, generalmente, en la población de escasos recursos. Un ejemplo de ello es que en 2016 las deficiencias de la red ocasionaron que la mitad del líquido a nivel nacional se perdiera debido a fugas.

El último eslabón de cadena, el desecho de las aguas residuales, también presenta áreas de riesgo en tres frentes. Por un lado, los académicos explican que existe captura regulatoria; es decir, que las normas ambientales son laxas debido a que quienes las aprueban son los mismos que deben cumplirlas. Por otra parte, expertos y exfuncionarios aseguran que existe complicidad de los laboratorios y de los inspectores en la verificación de los desechos de las industrias, ya que diluyen con agua limpia las muestras para así evitar posibles sanciones y/o clausuras. Por último, pero no menos importante, resalta nuevamente la falta de capacidad de verificación de las autoridades ya que, según las últimas cifras de 2014, sólo se visitaron 9.3 por ciento del total de permisos de descarga que eran susceptibles de revisión.

Lamentablemente, lo descrito hasta ahora no muestra el panorama completo. Las irregularidades en el desarrollo de obras hidráulicas es transversal a todas las etapas de la gestión del agua. Un informe de fiscalización reporta que los tres principales riesgos en este tipo de obras son la adjudicación de contratos, el sobreprecio y la demora de los proyectos. El mismo informe muestra que la principal causa en los tres casos es la planeación inadecuada desde el inicio del proyecto, lo que, como organizaciones de la sociedad civil señalan, “otorga discrecionalidad en la toma de decisiones sobre el precio y el contratista” lo que “abre la puerta a riesgos de corrupción durante todo el proceso”.

Como vemos en esta revisión, hay mucho por hacer. No obstante, la encrucijada es compleja y los pasos a seguir no son claros. Quizá lo primero es entender cuáles son los factores que posibilitan esta mala praxis y cómo sucede. Conclusiones preliminares de un estudio que estamos llevando a cabo en Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, permiten entrever que lo anterior es consecuencia de la falta de mecanismos de coordinación, del uso de información incompleta e inoportuna para la toma de decisiones, la ineficiencia burocrática y, sobretodo, la impunidad derivada de la escasa vigilancia.

Con la discusión de la nueva Ley General de Aguas existe una oportunidad para que, en un futuro, la extracción del agua no sea sinónimo de explotación desmedida; la distribución, de ineficiencia administrativa, y el desecho, de irresponsabilidad de las autoridades e industrias. Podemos tener una mejor gestión del agua fruto de una mayor rendición de cuentas y un dedicado combate a la corrupción. Que no quede duda, la ecuación es sencilla: o limpiamos el ciclo regulatorio o nos quedamos sin agua. Lo que pase primero.

 

* Rodrigo Bolaños es investigador en Ethos Laboratorio de Políticas Públicas.

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