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Incidir desde la sociedad civil en tiempos de la 4T
Las organizaciones de la sociedad civil tendrán que reforzar nuevas formas de financiamiento, independiente del presupuesto público; replantear la manera en que se presentan como intermediarias entre los intereses de la gente y el Estado, y en el uso de los contrapesos y espacios institucionales para avanzar sus causas.
Por Eduardo Rolón
1 de mayo, 2019
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La sociedad civil en México ha jugado históricamente un papel central en impulsar el fortalecimiento de las instituciones del Estado y una mayor apertura democrática, a pesar de enfrentar importantes barreras para incidir y participar en la resolución de problemas públicos. Reflexionar sobre ello nos sirve para repensar la visión y estrategias de incidencia civil en el contexto actual, dada su importancia para un proceso de fortalecimiento de las instituciones y de mejora de la cultura política en el camino a consolidar un Estado democrático en México.

La elección de Andrés Manuel López Obrador en junio de 2018, y el dominio de este y de su partido MORENA en el legislativo federal y en varios estados del país, presenta nuevos retos para la sociedad civil, al debilitarse aún más los pocos contrapesos institucionales, así como el creciente discurso público adverso al trabajo del sector civil. El reto para la sociedad civil será poder incidir considerando este nuevo contexto y la existencia de una arena pública crecientemente polarizada, a través de mejores discusiones y análisis sobre problemáticas públicas, propuestas y resultados por parte de las instituciones del Estado mexicano. Esto lo debe de hacer de forma responsable, cuidando que su mismo actuar vaya de acuerdo con los principios democráticos que defiende en el desarrollo de su trabajo y como parte de su propia adaptación a los tiempos actuales.

Incidir en la época de la 4T

Después de un período donde tomadores de decisiones en el ejecutivo y legislativo no pudieron atender las demandas sociales por combatir la corrupción, la inseguridad y la desigualdad económica, el actual grupo político dominante encabezado por el presidente López Obrador capitalizó dicho descontento social con la propuesta de sacudir y hacer una transformación del sistema. En mucho de eso coinciden las organizaciones civiles que han trabajado para mejorar políticas públicas y atender problemas como la corrupción en las instituciones, la inseguridad, la falta de rendición de cuentas, el deterioro ambiental, entre otros. No obstante, cuando ya han pasado más de 100 días de gobierno, es importante plantear cuáles son los retos bajo el actual contexto para la sociedad civil.

Una forma de verlo es a través de los efectos de las acciones iniciales de esta administración para la capacidad de organización y funcionamiento de las organizaciones civiles, en áreas como facilidades para la operación o financiamiento. Una segunda perspectiva es en la forma que está adquiriendo el entramado institucional en donde será el campo de juego para que la sociedad civil busque incidir en las decisiones de gobierno.

Con relación a lo primero, lo que se ha visto en este inicio de gobierno es una tendencia hacia la reducción del papel de intermediación de la sociedad civil como proveedoras de servicios. Se tiene el ejemplo de las estancias infantiles o los refugios para mujeres en situaciones de violencia, con la decisión de la actual administración de cancelar el financiamiento a organizaciones civiles y buscar trabajar directamente con los beneficiarios de estos servicios, aunque ello no profundice en las necesidades de estos grupos y su situación de alta vulnerabilidad. Si bien estos son los casos más conocidos, en realidad se ha tendido a afectar todo el financiamiento público que las organizaciones civiles podían acceder para realizar proyectos con diferentes fines. Esto ha puesto en riesgo a muchas organizaciones cuya principal fuente de recursos depende del presupuesto federal.

Ligado a esto, está el cuestionamiento mismo por parte de la actual administración de la labor de intermediación de la sociedad civil como forma de procurar servicios o hacer demandas al gobierno. Esto va más allá del financiamiento y afecta el papel que otorga el gobierno federal a organizaciones civiles como interlocutores válidos en temas de interés público.

En el aspecto del espacio institucional donde se hace incidencia desde la sociedad civil, los resultados del proceso electoral de 2018 otorgaron un fuerte poder a AMLO al ganar por una amplia mayoría y tener también la mayoría en ambas cámaras del legislativo, así como en las legislaturas de 19 estados del país. Ello ha dado lugar a un debilitamiento de la capacidad del legislativo de ser un contrapeso al ejecutivo federal y en este período de gobierno se ha visto cómo se ha tendido a dominar la agenda legislativa desde la presidencia. Otros contrapesos institucionales como son los órganos autónomos del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) o la Comisión Reguladora de Energía (CRE), han recibido fuertes críticas por parte del presidente aunado a un fuerte recorte presupuestal que reduce su capacidad de actuación. Estos elementos tienen fuertes implicaciones para la capacidad de incidencia de la sociedad civil que ha utilizado dichos contrapesos para impulsar sus causas o sus demandas de rendición de cuentas.

En este contexto, la sociedad civil tendrá que reforzar nuevas formas de financiar su labor, independiente del presupuesto público; replantear la manera en que se presenta como intermediario entre los intereses de la gente y el Estado, y en el uso de los contrapesos y espacios institucionales para avanzar sus causas.

En relación con lo primero, la sociedad civil tendrá que ver en los próximos años nuevas formas de financiar sus actividades para sustituir a lo que antes provenía del presupuesto público. Esto se presenta además ante un escenario de recursos muy escasos provenientes del sector privado, donantes internacionales o de los ciudadanos en general. Si bien el reto de diversificar y fortalecer las fuentes de financiamiento para la sociedad civil ha estado siempre presente, ahora ello se agudizará aún más.

El segundo aspecto es en relación con responder al desconocimiento de su papel de intermediación. Allí debemos de entender que parte de esto va apoyado en la crítica que se hace a una sociedad civil que alinea más su agenda hacia la obtención de recursos financieros que a una conexión con la población que dice beneficiar. Aquí habrá que comunicar muy bien la manera en que los proyectos y actividades de la sociedad civil impactan a la población, así como hacer pasos específicos para cuidar que efectivamente exista esta conexión en los proyectos que se planteen.

El tercer aspecto, la debilidad de los contrapesos actuales, incrementa la responsabilidad de las organizaciones civiles en hacer esta labor. En el actual contexto debemos mantener nuestra postura crítica y demandante de rendición de cuentas, lo cual es fundamental en una democracia. Un ejercicio en este sentido es el AMLOmetro Marino, plataforma de internet desarrollada por la organización civil Causa Natura para dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo y de los Programas Sectoriales que impactan el manejo de los océanos en México. Estas y otras acciones de seguimiento ciudadano deben de mantenerse para impulsar un mejor trabajo en las instituciones de gobierno.

Junto con esto, debemos mantener o incluir en su caso, en el trabajo de las organizaciones civiles el impulsar que los contrapesos institucionales asuman su papel con responsabilidad. A este respecto, debemos buscar que el legislativo exija la rendición de cuentas al ejecutivo federal través de sus diferentes facultades e instancias. Aquí entra la labor de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de la capacidad de ver la aprobación y ejercicio del presupuesto federal o los nombramientos de integrantes de órganos autónomos por parte de la Cámara de Diputados y Senadores respectivamente. En temas como el acceso a la información y la transparencia, debemos buscar que el INAI asuma su papel y además defender su existencia y fortalecimiento como ente independiente.

De la mano de esto se debe pugnar para que los mecanismos institucionales de participación se creen, y los que existen funcionen de forma adecuada, para integrar la participación ciudadana en el quehacer público. Esto ya sea en los consejos consultivos del ejecutivo, en los mecanismos de parlamento abierto del legislativo, o en los otros instrumentos que existen. Como lo deja ver la Métrica de Gobierno Abierto desarrollada por el CIDE e INAI (2019), únicamente 23% de los sujetos obligados a tener un mecanismo de participación reportan evidencia de su funcionamiento y sólo 4% muestra evidencia de seguimiento de acuerdos (CIDE & INAI 2019, p. 53). Hay aquí mucho que hacer para buscar tener espacios reales de participación ciudadana por donde influir en la toma de decisiones públicas.

El reto en el espacio público

Un último aspecto que reflexionar es sobre el contexto que atraviesa también el espacio público. Parecido a lo que se experimenta en otras partes del mundo, en el espacio público mexicano cada vez más dominado por internet y redes sociales existe una devaluación de los hechos, los datos y la evidencia para guiar la discusión pública y tener un piso común sobre la realidad a tratar, así como de la capacidad de ver diferentes perspectivas de un problema.

Las organizaciones de la sociedad civil juegan un papel relevante aquí pues pueden ser proveedores de información especializada que ayude a los medios y a la sociedad interesada a tener un mayor análisis en temas de política pública, con lo cual se enriquecen los debates públicos y la toma de decisiones basadas en evidencia en un sistema democrático.

La sociedad civil enfrenta sin embargo retos para llevar a cabo este trabajo en el espacio público en la era actual de abundancia y rapidez de información por medio de internet y redes sociales. Por un lado, la misma investigación dirigida a solucionar problemas públicos que hacen organizaciones civiles compite con la información que circula en los medios digitales y tiene que atraer a un público que se informa a través de redes sociales. Este público tiende a no estar interesado en leer documentos extensos, con mayor rigor metodológico y científico que generan los centros de pensamiento civiles, mismos que además pueden ser contrarios a sus creencias y perspectivas.

Por otro lado, la veracidad de los datos y evidencia presentada por organizaciones civiles también ha sido cuestionada en la era de la post-verdad, al relacionarlas con posturas de grupos económicos, políticos o ideologías. Ello forma parte a su vez de la tendencia a una pérdida de credibilidad en la ciencia y en el conocimiento experto, como fuente de verdades y evidencia sobre los cuales se deben tratar temas de interés social y público (D’ancona, 2017). Parte de dicha pérdida de legitimidad, similar a lo que pasa con la clase política, es el reflejo de la desconexión entre las preocupaciones de la población en general y las acciones en donde buscan incidir las organizaciones civiles. Aunado a ello, el discurso gubernamental que tiende a descalificar a los críticos también contribuye a este fenómeno.

Para responder a este contexto es importante reflexionar sobre la forma en que se hace incidencia y las actitudes, valores y conductas de la cultura política en la que se realiza dicha actividad por la propia sociedad civil (Fox, 2006, p. 57). Es necesario defender y promover más que nunca los valores liberales de una democracia, así como ponerlos delante en la convivencia social y en la relación entre ciudadanos y gobierno para un cambio. En esto está el valor del cumplimiento de las normas legales, de la transparencia en las intenciones e intereses dentro del diálogo público, o en que las discusiones públicas sean con base a un análisis crítico de los diferentes argumentos y utilizando evidencia.

Para la sociedad civil que trabaja en incidencia y que se asume como representante del interés público, el compromiso con la adopción de estos valores es aún mayor. En esta época de creciente polarización de posiciones, se requiere adoptar este papel de manera responsable para contribuir con análisis e investigación independientes a que se tengan debates informados. La labor de la sociedad civil será también fomentar una mayor pluralidad en las discusiones sobre temas de interés público, con respeto a las diferentes voces y que esto permee a nuestra cultura política.

Comentarios finales

Son grandes los retos que enfrentamos en los siguientes años como organizaciones civiles si aspiramos a tener mejores estructuras institucionales y oportunidades de incidir en la vida pública en el momento actual. Después de ya casi dos décadas de gobiernos de alternancia, aún no hemos visto que las instituciones democráticas realmente funcionan como se busca idealmente. En este nuevo contexto debemos adoptar nuevas formas de operar al mismo tiempo de cuidar que se construyan mejores instituciones democráticas y se fortalezcan más las que actualmente tenemos.

* Eduardo Rolón es especialista en temas de participación ciudadana, incidencia y políticas públicas ambientales. Actualmente es director ejecutivo de la organización civil Causa Natura.

 

Referencias

CIDE, & INAI. (2019). Métrica de Gobierno Abierto 2019, CIDE-INAI, Ciudad de México.

D’ancona, M. (2017). Post Truth. London: Ebury Press.

Fox, J. (2006). Sociedad civil y políticas de rendición de cuentas. Perfiles Latinoamericanos(27), 33-68.

Rodríguez-Garavito, C., & Gomez, K. (2018). Responding to the populist challenge: a new playbook for the human rights field. In C. R.-. Garavito & K. Gomez (Eds.), Rising to the Populist Challenge. Bogotá, Colombia: Dejusticia.

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