close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Justicia transicional, hoy más que nunca
Ponerle fin a la larga noche de violencia en la que México está atrapado desde que el presidente Felipe Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico en 2006 requiere de medidas extraordinarias, de un auténtico sisma democrático que emane de un proceso extraordinario de justicia transicional y de reformas a las instituciones ordinarias de seguridad y justicia.
Por Blog Invitado
21 de enero, 2019
Comparte

Por: Guillermo Trejo

Ante la ominosa militarización de la seguridad pública, la elección de un fiscal con dudosa independencia y la insistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador de promulgar una ley de punto final (amnistía), algunas voces influyentes en la comunidad de derechos humanos han afirmado sin chistar que en México se tendrá que posponer la discusión sobre un proceso de justicia transicional. Es imposible hablar de verdad, justicia y reparación integral del daño –se dice– en un contexto marcado por la regresión autoritaria más que por la normalización democrática.

En lugar de poner a la justicia transicional en el baúl de las buenas intenciones, en el contexto de militarización y la institucionalización de la impunidad auspiciados por la 4T, hoy la hacen más necesaria que nunca. Comparto cuatro alegatos a partir de experiencias de justicia transicional en América Latina.

1. Al afirmar que la justicia transicional sólo es posible ante condiciones objetivas de normalidad democrática se ignora la historia viva de los procesos de justicia transicional

Los casos más exitosos de justicia transicional en América Latina son procesos sinuosos que se gestan en contextos muy alejados de una supuesta normalidad democrática. En Guatemala, por ejemplo, la justicia transicional inició bajo la sombra de una brutal guerra civil, se ha desarrollado en un contexto de cruentas guerras criminales y ha operado por un cuarto de siglo bajo un régimen nominalmente democrático en el que el poder civil está sujeto al poder militar. A pesar de esta adversidad, la Iglesia Católica lideró un histórico proceso de verdad (REMHI, 1998), seguido por una segunda comisión de la verdad auspiciada por la ONU (2000). En un contexto en el que la impunidad rampante permitió que grupos paramilitares y escuadrones de la muerte aprovecharan sus contactos en el poder político para dominar el mundo criminal, nació la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). La CICIG ha desmantelado numerosas redes político-criminales, enjuiciado y encarcelado a docenas de políticos corruptos, y contribuido – como lo demuestro en un estudio en curso con Camilo Nieto-Matiz – a una de las caídas más dramáticas de la tasa de homicidios en América Latina, mediante la cual se han salvado cerca de 18,000 vidas. Sin duda, ha sido un camino sinuoso. Se han perdido vidas. Ha habido retrocesos y el proceso hoy está bajo amenaza. Pero Guatemala ya fincó las bases sociales e institucionales para luchar sostenidamente por la construcción de un estado democrático de derecho.

En Chile, de igual forma, la justicia transicional inició y prosperó bajo la sombra del Gral. Augusto Pinochet – cuando era jefe de las fuerzas armadas y senador vitalicio, protegido por una constitución con múltiples enclaves autoritarios, incluida una ley de amnistía, símbolo de la impunidad del régimen militar. A pesar de estos diques, Chile tuvo dos comisiones de la verdad en el curso de quince años y un cúmulo de juicios que derivaron en el encarcelamiento domiciliario de Pinochet y de importantes cambios en las fuerzas armadas. El proceso en Argentina fue igualmente sinuoso y se desarrolló bajo la sombra militar. Inició con una histórica comisión de la verdad, seguido por leyes de punto final. Y a pesar de ello, Argentina es el país de América Latina con el mayor número de juicios a perpetradores de graves violaciones de derechos humanos. En Perú, el aparente colapso del fujimorismo permitió una primavera democrática, incluida una histórica comisión de la verdad y múltiples juicios a perpetradores de alto nivel, incluido el propio Fujimori. El renacimiento del fujimorismo y el regreso del APRA al poder, sin embargo, significaron un dique a la justicia transicional. Pero la batalla contra la impunidad sigue, con avances y retrocesos.

2. Al afirmar que la justicia transicional pierde sentido si no hay previamente una transición efectiva a la democracia, se soslaya el papel potencialmente transformador de la justicia transicional

En democracias incipientes, en donde persisten múltiples legados autoritarios, los mecanismos extraordinarios para lidiar con una historia masiva de violencia pueden ser un poderoso detonante para activar luchas contra la impunidad y a su vez una palanca para impulsar o destrabar reformas democratizadoras del sistema judicial y de seguridad del antiguo régimen. Como lo demuestran las historias recientes de Argentina, Chile y Perú, cuando las comisiones de la verdad proveen datos y narrativas contundentes e inobjetables sobre graves violaciones de derechos humanos, esta información puede ser un insumo de enorme valía para que movimientos de derechos humanos y colectivos de familiares de víctimas exijan reformas de las fuerzas armadas y para que a través del activismo legal se lleven a los perpetradores a procesos penales. En Guatemala, los reportes de dos comisiones de la verdad se convirtieron en valiosos insumos para la creación de la CICIG y para el funcionamiento de los tribunales de alto riesgo, creados por ímpetu de la propia CICIG, en donde se han juzgado a genocidas como el Gral. Efraín Ríos Montt. En todos estos casos, a pesar de las resistencias autoritarias, la justicia transicional ha jugado un papel crucial en la construcción de estados democráticos de derecho.

3. Al afirmar que la oportunidad para la justicia transicional se pierde cuando un gobierno “reformista” abandona la lucha contra la impunidad, se olvida el papel central que ha jugado la sociedad civil en los procesos más exitosos de verdad y justicia

El elemento común a casos tan dispares pero exitosos de justicia transicional como el argentino, chileno, guatemalteco y peruano es la existencia de poderosos movimientos de derechos humanos en donde numerosos colectivos de víctimas y activistas de derechos humanos, unas veces apoyados por actores eclesiásticos, otras por organizaciones seculares de izquierda, y en compañía de la comunidad internacional, han estado al frente de la lucha por la verdad, la justicia, la reparación integral del daño y las reformas institucionales para evitar la repetición del daño. En Guatemala, por tomar el caso más cercano al mexicano, una amplia red liderada por obispos y agentes de pastoral social de la Iglesia Católica y la ONU, junto con múltiples movimientos de derechos humanos, feministas, indígenas y estudiantiles estuvieron al frente de sendos procesos de verdad y del nacimiento y desarrollo de la CICIG. Más allá de Guatemala, hay cada vez más evidencia de que los procesos más exitosos de justicia transicional no son aquéllos que se orquestan desde arriba sino los que se articulan desde abajo y desde afuera.

4. Ante un gobierno “reformista” con un compromiso cada vez más dudoso con la justicia transicional, se requiere de una poderosa articulación social – nacional e internacional – que ponga a las víctimas y sus familiares en el centro de un proceso en pos de la verdad y la justicia

Ponerle fin a la larga noche de violencia en la que México está atrapado desde que el presidente Felipe Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico en 2006 – actividad cuyos orígenes nos remiten a la Guerra Sucia y a una larga historia de colusión entre agentes represores del Estado y grupos criminales – requiere de medidas extraordinarias. No se requieren de golpes militaristas como los que han dado insistentemente el PAN, el PRI y ahora Morena, sino de un auténtico sisma democrático, un accountability shock que emane de un proceso extraordinario de justicia transicional y de reformas a las instituciones ordinarias de seguridad y justicia. Ante la cancelación de la democratización de las instituciones ordinarias bajo la 4T, los cambios extraordinarios que suponen la creación de una comisión nacional de la verdad para hurgar un pasado de violencia política y criminal y la conformación de una comisión contra la impunidad inspirada en la CICIG se hacen hoy más necesarios que nunca. No nos quedemos a esperar a que aparezcan las condiciones objetivas de una supuesta normalidad democrática para iniciar un ambicioso proceso de justicia transicional; es tiempo de despertar conciencias, de romper unidos el silencio y la indiferencia ante el horror, y de acompañar a las víctimas de ayer y de hoy en su clamor por verdad, justicia y dignidad.

 

* Guillermo Trejo es profesor de ciencia política de la Universidad de Notre Dame, fellow del Kellogg Institute for International Studies y miembro de la Plataforma Contra la Impunidad y la Corrupción.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
Comparte

¡Muchas gracias!


Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.