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La agenda de gobierno y las recomendaciones sobre derechos humanos
Sea un obra de infraestructura con el propósito de detonar el desarrollo, o el compromiso de combate a la corrupción, las acciones del gobierno no deberían tener efectos negativos colaterales contra los derechos.
Por Diego Posadas Paz
15 de abril, 2019
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A finales de marzo se cumplió un año de que el Estado mexicano presentara sus informes sobre el estado del cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Un año de que los informes fueran examinados por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas, y de que este emitiera observaciones al respecto. En dicho documento de observaciones el Comité resaltó tanto los aspectos positivos como sus principales motivos de preocupación, estos últimos, seguidos de recomendaciones sobre medidas que el Estado mexicano habría de adoptar.

Un año parece insuficiente para modificar de manera sustancial la situación de los derechos humanos en México, particularmente de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC). Así es en el entendido que los derechos humanos son progresivos, es decir, se logran con el empleo sostenido en el tiempo del máximo de medios y recursos disponibles. No obstante, también es justo por lo anterior que se ha de pensar que en el año que ha transcurrido se pudo, más aun, se debió haber iniciado el camino para la realización plena de aquellos derechos cuya vulneración fue resaltada por el Comité.

De los 29 temas señalados por el Comité como motivo de preocupación, se destacan 6 que muestran dos facetas del gobierno mexicano: una de alineación entre recomendaciones del organismo internacional y la agenda de la administración, y otra de choque de la administración con algunas de las recomendaciones. (1)

Los temas en los que se aprecia la alineación de intereses son: el salario mínimo, la seguridad social y la corrupción.

Ante la preocupación de que el salario mínimo en México no fuera suficiente para proporcionar condiciones de vida digna a los trabajadores, el Comité recomendó seguir con el incremento de este y aplicar sanciones en caso de incumplimiento del empleador. De la misma forma el gobierno mexicano identificó la insuficiencia del salario mínimo, a lo que planteó la implementación de una política de recuperación gradual del poder adquisitivo. Así, a principios de este año se impulsó el incremento del salario mínimo para que este alcanzara la línea de bienestar individual.

Respecto a la seguridad social el Comité señaló su vinculación con la formalidad en el empleo, con el resultado de dejar fuera del sistema a diversos sectores sociales. De manera especial, entre esos sectores se mencionó a las mujeres que realizan trabajos domésticos. Con sentencia de la Suprema Corte de Justicia de por medio, el tema forma parte de la agenda de acción de la presente administración; hecho visible en el arranque, en nueve entidades federativas, del programa piloto de afiliación de las trabajadoras del hogar a la seguridad social.

Finalmente, la corrupción destacó en el examen al Estado mexicano como un serio obstáculo para el ejercicio de derechos, por lo que el Comité recomendó la adopción de medidas efectivas para el combate a la corrupción, y de protección para las víctimas y activistas que la denuncian. El tema, no cabe duda, también forma parte de las preocupaciones principales del gobierno. La lucha anticorrupción se ha declarado presente en buena parte de las decisiones de la administración: de la política de contrataciones y licitaciones, a la de seguridad pública, pasando por las estancias infantiles; en todas figura en cierto grado el combate a la corrupción.

Ahora, sobre los temas que confrontan a las recomendaciones hechas por el Comité DESC con el actuar del gobierno mexicano, se pueden mencionar los derechos de los pueblos indígenas, la igualdad entre hombres y mujeres, y las condiciones laborales de las mujeres.

Los temas de igualdad entre hombres y mujeres, y las condiciones laborales de las mujeres se relacionan de manera estrecha. Al respecto el Comité resaltó el arraigo en la sociedad de los estereotipos de género, y las dificultades de las mujeres para acceder al mercado laboral y la persistente brecha salarial. Como recomendaciones se propuso el empleo de campañas de sensibilización sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y el reparto equitativo de las responsabilidades familiares; así como la adopción de una política de cuidado que permita un reparto equitativo de las labores de cuidado entre hombres y mujeres.

El gobierno mexicano ha actuado en contrasentido. La reducción para este 2019 del presupuesto al programa de Estancias Infantiles es un ejemplo claro. La medida limita el acceso de las familias más vulnerables económicamente a un servicio de cuidados, con ello a su vez se condiciona la posibilidad de las mujeres (las beneficiarias mayoritarias del programa) de disponer de tiempo para su preparación académica, para su inclusión o para el ascenso en el mercado laboral, y en consecuencia se corre el riesgo de aumentar la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres. (2)

Sobre los derechos de los pueblos indígenas, el Comité resaltó la falta del uso sistemático de los protocolos de actuación sobre la consulta previa, lo que provoca no sea respetado plenamente el derecho de los pueblos indígenas a la consulta para obtener el consentimiento libre, previo e informado para el desarrollo de proyectos económicos y explotación de recursos naturales. Las recomendaciones fueron 1) la adopción de protocolos de actuación vinculantes que garanticen el derecho a la consulta de los pueblos indígenas; y 2) que se realicen estudios independientes de impacto social y ambiental de proyectos en territorio de pueblos indígenas, y que se prevean medidas de mitigación de impacto y de indemnización suficiente a los pueblos afectados.

Con el proyecto prioritario del Tren Maya, el gobierno ha repetido la falta que el Comité señaló como preocupante. El proyecto se plantea como una realidad y avanza sin que al momento se haya realizado la consulta a los pueblos indígenas de los territorios afectados, ni se tenga información sobre el impacto ambiental en las áreas naturales protegidas de la Península de Yucatán.

El próximo examen del Estado mexicano sobre la situación de los DESC en el país se debe presentar a más tardar en marzo del 2023, pero antes, en septiembre de este año se debe informar del proceso de implementación de las recomendaciones que el Comité hizo, específicamente respecto a los derechos de los pueblos indígenas; los defensores de derechos económicos, sociales y culturales; y sobre los familiares de personas desaparecidas.

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador legítimamente plantea su agenda de prioridades y los instrumentos de política pública para realizarla. Es de congratularse que dentro de esa agenda se identifiquen y atiendan problemas públicos a los que históricamente no se les planteaban soluciones (salario mínimo y seguridad social a trabajadoras domésticas). Sin embargo, la visión del país del gobierno en turno, por más legítima que sea, se debe de complementar con la progresividad de derechos humanos.

Sea un obra de infraestructura con el propósito de detonar el desarrollo, o el compromiso de combate a la corrupción, las acciones del gobierno no deberían tener efectos negativos colaterales contra los derechos. En su lugar, los derechos humanos deben servir como guía para la toma de decisiones; ese es el fin de las recomendaciones expresadas por el Comité. Empatar las prioridades nacionales y la agenda de derechos humanos no hará sino contribuir a dotar de apoyo a la actuación del gobierno, y finalmente contribuirá al bienestar de la sociedad mexicana.

* Diego Posadas Paz es investigador de INCIDE Social A. C.

 

 

Las observaciones y recomendaciones del Comité se pueden consultar aquí.

Para una revisión de los efectos de la medida gubernamental véase el artículo de Mariana Campos y Xhail Balam aquí.

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