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La cultura criminal de la extorsión en Centroamérica: lecciones para México
El control de la extorsión debe ser uno de los principales objetivos de cualquier gobierno, porque disputa directamente las dos razones de ser del Estado: el monopolio fiscal y de la violencia.
Por Guillermo Vázquez del Mercado
7 de junio, 2019
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“En muchas partes de Centroamérica, la extorsión es un estilo de vida e incluso en algunos países, principalmente los que conforman el Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) pocos negocios escapan de ella. Se ha vuelto tan omnipresente que en algunas zonas de la región se ha ido arraigando en la cultura local”. Esta es una de las afirmaciones más contundentes del estudio Una Cultura Criminal: la extorsión en Centroamérica desarrollado por la Iniciativa Global en contra del Crimen Organizado Transnacional e InSight Crime.

El documento destaca cómo la extorsión en los países de Triángulo Norte se construye a partir de amenazas de violencia y del supuesto de que el Estado no puede hacer nada para proteger a los ciudadanos. Las amenazas son ejercidas por las pandillas o maras (13 y 18 -ahora divididos en Sureños y Revolucionarios-) y son consideradas una forma de ejercer control sobre sus territorios debido a que los pagos que exigen refuerzan su control sobre todo lo que ocurre en una comunidad determinada.

Este fenómeno criminal es muy democrático ya que afecta por igual a todos los estratos socioeconómicos, negocios formales e informales, vecinos de barrios, empresas pequeñas, medianas y transnacionales que tienen que incluir en sus costos las extorsiones pagadas y trasladarlos al precio final del bien o servicio que es pagado por los consumidores. En estos países está tan normalizado que, por ejemplo, en El Salvador se le conoce como pagar la renta y en Honduras el impuesto de guerra.

Los pagos que las pandillas exigen no sólo toman forma monetaria (efectivo o transferencias bancarias), sino también pueden realizarse mediante la entrega de bienes (alimentos) o servicios (legales -cuidado de familiares-, ilegales -almacenar armas o drogas y lavar dinero- o sexuales). Las personas o negocios (legales o ilegales) en un territorio de la pandilla deben realizarlos de manera periódica. Aquellos que se exigen vía telefónica desde las prisiones que albergan a miles de pandilleros y que, en coordinación con personas en libertad, recolectan el pago o materializan la amenaza.

Dada la naturaleza del delito, es difícil determinar el tamaño del fenómeno. La siguiente tabla ofrece algunas cifras para dimensionarlo. Es importante destacar que de acuerdo con el reporte en los tres casos la cifra negra (delitos no denunciados) es mayor a 90 por ciento.

Extorsión en Centroamérica

En México si bien el fenómeno criminal no ha llegado a los niveles de normalización de los países del Triángulo Norte, las cifras no son para nada halagadoras.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública establece que en 2017 se cometieron 6.6 millones de extorsiones, lo que implica una tasa de 7,719 por cada 100 mil habitantes. En 93.2 % de los casos se hicieron vía telefónica. Es el segundo delito más frecuente a nivel nacional sólo después del robo a transeúnte, transporte público o en la calle. No obstante, es el delito más habitual en 15 estados del país.

Las empresas mexicanas no se quedan muy atrás. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas se cometieron 525 mil extorsiones, lo que representa una tasa de 1,150 extorsiones por cada 10 mil unidades económicas. Después del robo de mercancías y el robo hormiga, la extorsión es el delito que más las afecta, en particular a las pequeñas y que proveen servicios.

Todos conocemos de primera mano historias de amigos o familiares que reciben una llamada del “Comandante X de los Zetas o la Familia Michoacana” que tiene monitoreada nuestro casa o negocio y requiere un depósito bancario o en una tienda de conveniencia para evitar represalias del supuesto grupo criminal. Aunque menos del 8 % de las personas materializan el pago, el miedo que generan este tipo de llamadas telefónicas tiene un impacto importante en la percepción de inseguridad de los ciudadanos y en la credibilidad de las instituciones de seguridad.

Así lo constata el número de carpetas de investigación registradas por este delito ante el Ministerio Púbico. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2017 únicamente llegó a 5,812 denuncias en todo el país.

Una variante que es más preocupante por la violencia que genera y los costos que incrementa para los negocios es la conocida como derecho de piso. Fue introducida por los Caballeros Templarios en Michoacán y rápidamente se replicó por otras organizaciones criminales con presencia en todo el país. Bajo la amenaza de violencia, las bandas requieren a empresarios de todos tamaños y giros el pago de una cuota para poder operar. Esta modalidad ha permitido ampliar la base económica de las organizaciones y bandas criminales. Junto con el tráfico y venta de drogas al menudeo, robo de hidrocarburos y el secuestro, se ha convertido en una fuente adicional de ingresos lo que las ha convertido en organizaciones poli-criminales.

La capacidad para materializar la amenaza de ejercer violencia, la desconfianza en las instituciones de seguridad y las deficiencias del sistema de seguridad y justicia, hacen que las cifras de esta variante de la extorsión sean aún más débiles. De acuerdo con registros periodísticos, la Policía Federal tuvo conocimiento de denuncias por cobro de piso en los 32 estados, pero encabezan la lista el Estado de México, Chihuahua, Ciudad de México, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Tamaulipas, Guanajuato, Morelos y Jalisco.

Por ejemplo, en la Ciudad de México comerciantes y restauranteros pueden llegar a pagar entre 2 mil y 26 mil pesos mensuales a la organización criminal Unión Tepito. Empresarios del transporte público en el Estado de México han realizado protestas por las extorsiones y violencia que sufren sus choferes y usuarios. Tan sólo en los primeros 5 meses del 2019, 14 unidades de transporte público han sido incendiadas e incluso a algunas le han arrojado granadas de fragmentación. Además, de acuerdo con la Organización Nacional de Empresas Emprendedoras del Petróleo (ONEXPO), organizaciones criminales extorsionan a algunos empresarios gasolineros para que comercialicen gasolina robada.

Las industrias anteriores no son las únicas afectadas. Las empresas mineras y personas que se dedican a la minería, también son extorsionadas por organizaciones criminales para entregar parte de su producción, en particular en el estado de Sinaloa donde además, está generando el desplazamiento de la población por las amenazas y violencia que reciben. En el estado de Morelos, las cinco bandas criminales presentes en el estado, han dado un paso adelante al extorsionar a las autoridades de la mitad (18) de los municipios del estado con pagos que van de los 100 a los 500 mil pesos mensuales.

El control de la extorsión debe ser uno de los principales objetivos de cualquier gobierno porque disputa directamente las dos razones de ser del Estado, el monopolio fiscal y de la violencia. Si bien en México se ha hecho un esfuerzo por difundir información preventiva para que la población sepa qué hacer ante una llamada telefónica de este tipo, es necesario desarrollar políticas públicas que fortalezcan la denuncia ciudadana ante la autoridad y también, realicen investigaciones sólidas que permitan procesar a extorsionadores al tiempo que se identifica la ruta que sigue el dinero. Los países del Triángulo Norte han dado algunos pasos en esta dirección, sin embargo, son un ejemplo de no haberlo hecho con mayor anticipación.

* Guillermo Vázquez del Mercado Almada (@gmovma) es consultor en Seguridad Ciudadana.

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