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La engañosa tentación de la ciudad inteligente
Las tecnologías ofrecen muchas oportunidades para mejorar la vida en las ciudades. Pero es importante no dejarse seducir por la promesa peligrosa que a través de sensores, datos y software nuestras ciudades se van a transformar automáticamente en mejores sistemas.
Por Julia Manske
11 de julio, 2019
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Desde la pantalla se ve la ciudad del futuro: sin tráfico, sin basura, sin contaminación, sin crimen. Un sistema perfecto y eficiente -una ciudad inteligente- que se puede monitorear, controlar y manejar con unos clicks desde un centro de control….

Así es la visión que pintó Huawei en el evento “Smart City Expo LATAM” la semana pasada en Puebla. Por fin, gracias a datos y aplicaciones de inteligencia artificial, dijo el representante de Huawei, se puede tomar decisiones, planear y alojar recursos con base a pura evidencia en lugar de intuición.

La compañía china es una de muchas que aprovecha las expos y ferias alrededor del mundo para buscar nuevos clientes. Su grupo objetivo son las y los delegados de los gobiernos locales. Y ellos son presa fácil. Les atrae la promesa de la tecnología como herramienta polivalente para resolver los problemas de nuestras ciudades. Con demasiada frecuencia existe el afán de las y los alcaldes de adornarse con el título de Ciudad “más inteligente”, “más innovadora”, “más moderna”, por encima de una planeación integral que toma como punto de partida una mejor calidad de vida para la ciudadanía.

Sin duda, la tecnología tiene grandes potenciales para mejorar la vida ciudadana. Con sensores se puede contribuir al manejo del tráfico. Las cámaras de vigilancia (CCTVs) pueden servir para detectar crímenes y así incrementar la seguridad. El análisis de datos, por ejemplo, sobre la calidad de aire o nivel de agua permite hacer ajustes importantes para reducir los efectos del cambio climático. Con datos se puede mejorar la planeación urbana, porque donde existen buenos datos es más fácil identificar -por ejemplo- dónde hacen falta hospitales o escuelas.

Sin embargo, al menos por dos razones se aconseja precaución con la promesa de ciudades inteligentes. Por un lado, no por coincidencia el término “smart cities” se puso de moda después de la crisis económica del 2008. Como ilustró el profesor Anthony M. Townsend en su libro “Smart Cities“ de 2013, a causa de los recortes presupuestarios en el sector privado los vendedores de software padecieron escasez de compradores, y fue ahí cuando buscaron a las ciudades como sus nuevos clientes para sistemas inicialmente diseñado para el sector privado. Este fue el caso de Barcelona, donde el gobierno de entonces en 2011 invitó a empresas de software como IBM y Cisco experimentar con tecnología “smart city”. No obstante, tres años después el nuevo gobierno local tomó la decisión de dar un paso atrás. Se dieron cuenta que eran más las empresas y sus sistemas propietarios y cerrados las que estaban dictando la dirección del desarrollo urbano. Mientras estas empresas aprovecharon para mejorar sus sistemas y servicios, las y los ciudadanos no encontraron ningún beneficio directo, ni se mejoró la relación ciudadanía-gobierno. Este caso demuestra que las ciudades son sistemas complejos y caóticos, no se pueden optimizar como los procesos de una empresa.

Por otro lado, otro gran problema en la creación de smart cities es la generación y el manejo de datos personales. Todas estas tecnologías generan y requieren datos lo que incrementa el riesgo del mal uso de los mismos. En primer lugar, la pregunta es a quién pertenecen los datos, y quién puede aprovechar su uso. Por falta de conocimiento, en muchos casos los gobiernos locales aceptan contratos en los que cedieron todos los derechos sobre el uso de los datos a las empresas. Con la ola creciente de escándalos sobre el mal uso de datos surgen preocupaciones por parte de las y los ciudadanos. Por ejemplo en el caso del proyecto “Sidewalks Labs”, un mega piloto de Alphabet, la empresa materna de Google que equipó toda una zona de Toronto. Han crecido las voces críticas por parte de la ciudadanía que juzgan la falta de información y transparencia sobre cómo la empresa está usando sus datos.

También sabemos que ese riesgo existe en el caso de los gobiernos locales, pues éstos pueden abusar de los datos para nuevos fines, como vigilar a sus ciudadanos. Precisamente Huawei y otras empresas chinas ya están exportando en gran manera tecnología de vigilancia a varios países de Latinoamérica. En la Ciudad de México en el 2007 empezaron a instalar miles de cámaras de CCTV. Y mientras la seguridad no ha aumentado, la cantidad de datos sensibles que se generan a través de reconocimiento facial ha incrementado constantemente. El abuso potencial de estos datos no solamente se observa en China, donde el gobierno usa reconocimiento facial para vigilar a minorías como los Uighur musulmanes. También en México se revelaron casos de abuso de tecnología de vigilancia por parte de gobiernos locales. Y al contrario a la afirmación de las empresas, que los nuevos sistemas permiten decisiones neutrales basadas en evidencia, estamos muy lejos de tener tecnologías perfectas. En Londres, por ejemplo, el software de reconocimiento facial piloteada por la policía sigue equivocado en 81 % de los casos. Y muchas veces estos errores van a expensa de grupos ya marginados.

En teoría en México, y en muchas otras legislaciones, de acuerdo con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, la única forma en la que se permite el procesamiento de datos personales es bajo el consentimiento por parte del sujeto de los datos. Según el INAI, los datos personales son todos los datos que permiten de manera unitaria o en combinación con otros datos la identificación de una persona. Aunque la pregunta es ¿cómo se puede obtener un consentimiento adecuado en un mundo de sensores conectados que detectan movimiento en el espacio público? Estos sensores, y muchas otras tecnologías, ya no tienen pantalla, entonces ¿cómo se puede presentar la información necesaria para pedir consentimiento? Y también en los casos que según la ley solamente requieren un consentimiento de forma implícita, por ejemplo al usar un servicio, siempre se basa en la idea de la voluntad y la posibilidad de optar por un no. Este principio quizá funciona cuando en mi vida privada decido bajar o no una aplicación, ¿pero qué tan realista es eso en las ciudades donde las ideas de público y privado se difuminan, y sensores o cámaras están instalados por todas partes?

Las soluciones tecnológicas pueden contribuir al mejor funcionamiento de las ciudades. Pero hace falta un discurso crítico sobre sus consecuencias adversas, y sobre cómo asegurar derechos fundamentales y principios de transparencia, ética, seguridad, inclusión, y uso responsable de los datos. La nueva estrategía de Barcelona, por ejemplo, se basa en la idea de “soberanía” -soberanía frente al sector privado, y soberanía de las y los ciudadanos sobre el uso de sus datos. Más que nada, es necesario aceptar que para los problemas complejos de nuestras ciudades, como la violencia, la desigualdad o los desastres, no existe una pastilla mágica, ni un click mágico en una pantalla. A veces la tecnología puede ser un elemento de la solución, pero a veces son más bien los procesos tradicionales, análogos, extensos e incómodos los que transforma a una ciudad en “inteligente”.

* Julia Manske (@juka_ma) es experta en innovación y protección de datos. Entre otros, actualmente investiga como consultora con Oxfam México sobre desigualdad urbana y el derecho a servicios públicos.

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