close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
La capacidad jurídica de las personas con discapacidad
De conformidad con el Informe Mundial de la Discapacidad 2011, los apoyos son servicios que, junto con los servicios de asistencia, evitan que las personas con discapacidad tengan una excesiva dependencia de los miembros de su familia. Carecer de estos servicios impide que sean económicamente activas y participen plenamente en la sociedad.
Por Blog Invitado
20 de febrero, 2019
Comparte

Por: Cecilia Guillén Lugo (@1raPersonaMx)

Con el proyecto de sentencia para el Amparo en Revisión 1368/2015 (1), la Primera Sala de la SCJN se programa de nueva cuenta con un asunto que involucra a personas con discapacidad (sobre el primer proyecto del año escribí aquí) (2).  En esta ocasión, se aborda el derecho a ejercer la capacidad jurídica por una persona con discapacidad intelectual. Es novedoso en el sentido de que se plantea finalmente reconocer la inconstitucionalidad de la interdicción; sin embargo, no resuelve el actual rompecabezas sobre ese derecho, pues la SCJN sigue sin apreciar que el artículo 12 de la CDPD contiene no uno, sino dos mandatos:

  • La Capacidad Jurídica no se puede negar sobre la base de la discapacidad.
  • Para ejercer capacidad jurídica la sociedad debe proporcionar Apoyos adecuados para la Toma de Decisiones Jurídicas(3) y por tanto, no basta con declarar inconstitucional el estado de interdicción.

Sobre los servicios de apoyo hay un apartado específico en el “Informe Mundial sobre Discapacidad” elaborado en 2011 por el Banco Mundial y la OMS(4); del Comité sobre la CDPD existe las Observaciones Generales número 1 y número 5, pues los servicios de apoyo son transversales, pero se pone especial énfasis en los apoyos que buscan asegurar por un lado el derecho a la capacidad jurídica, y por el otro la vida independiente. Otros organismos de la ONU también han abordado los apoyos a personas con discapacidad en documentos como el A/HRC/28/37 (p. 35 y 36), A/70/297 (p. 4-9), entre otros más. La misma SCJN fijo estándares sobre los servicios de apoyo al resolver el recurso de queja 57/2016. Sobre esto volveremos más tarde.

Sobre el proyecto a votar este miércoles, consideramos que al voto del ministro ponente se sumará seguramente el voto del ministro González Alcántara, quien ya ha adelantado que en su criterio la interdicción es inconstitucional. Un voto improbable para el proyecto sería el del ministro Pardo Rebolledo (quien recién presentó proyecto en el el AR44/2018, dando su aval la restricción de la capacidad jurídica). Quedando los votos de los ministros Aguilar Morales y Piña Hernández como de alto interés pues, de no dar la sorpresa el ministro Pardo Rebolledo, sobre ellos recaería lograr la mayoría de votos. Al parecer, se acerca el momento de abordar el tema de la capacidad jurídica en esa Primera Sala sin los ministros Cossío Díaz y Zaldivar Lelo de Larrea (5) y sus tajantes puntos de vista sobre el artículo 12 de la CDPD.

Una vez vigente el artículo 12 de la CDPD, la SCJN abordó la inconstitucionalidad de la interdicción en el AR159/2013 -recordado como el “caso Ricardo Aldair”. Con dicho asunto conformó al menos quince tesis aisladas, además de citarse en las tesis aisladas que derivaron de la resolución del ADR3859/201. Incluso de la “interpretación conforme” que ahí se realizó, partió la conformación de la Jurisprudencia 1a/J.37/2017(10a)(6).

Pero si Ricardo “ganó” su juicio ¿entonces porqué es tan problemática la resolución de su asunto? Al menos por dos razones: 1) No se percata que el artículo 12 exige que se  analice la dotación específica de “Apoyos relacionados con la Toma de Decisiones Jurídicas” y por tanto, no asigna Apoyos de ese específico tipo a Ricardo Aldair. 2) Comete el error de creer que todo es un “ajuste razonable” incluyendo el estado de interdicción (7). Todo ello, para sostener la constitucionalidad de interdicción (8). Al respecto, el ministro Cossío Díaz en su Voto Particular señaló: “Dos modelos tan contrapuestos, que no tienen ningún punto de contacto, ni filosófico ni jurídico, no pueden subsistir juntos como lo pretende la sentencia”

El criterio fijado con el AR159/2013 fue invocado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 33/2015 (9). En ese asunto   del Pleno y en los subsecuentes los servicios de Apoyo para Toma de Decisiones Jurídica  no fueron analizados (10); perpetuando así que en nuestro sistema legal, esos Apoyos recaigan solamente en el entorno inmediato a la persona con discapacidad (sean o no abogados). Comprender el modelo social de la CDPD implica que toda la sociedad proporcione Apoyos.

Dicho lo anterior, es justo señalar que el proyecto del AR1368/2015, ha refrescado la discusión sobre capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Esta nueva discusión, viene de la mano de un gran equipo (ministro Ponente y secretaria proyectista) que consistencia argumental han hecho avanzar el derecho a la capacidad jurídica que nos asiste a las personas con discapacidad.

El proyecto acertadamente declara que el estado de interdicción es inconstitucional y que la capacidad jurídica no puede “graduarse”. Sin embargo, lo que no debe olvidar el proyecto del ministro Ortiz Gutiérrez Mena es que la CDPD y su andamiaje, sí permiten graduar la intensidad de apoyos que debe recibir la persona para tomar decisiones en cuestiones jurídicas. Se trata de un tipo específico de apoyos.

Pero primero ¿qué son los apoyos y porqué son necesarios? De conformidad con el Informe Mundial de la Discapacidad 2011(BM/OMS 2011), los apoyos (11) son servicios que, junto con los servicios de asistencia (12), evitan que las personas con discapacidad tengan una excesiva dependencia de los miembros de su familia. Carecer de estos servicios impide que sean económicamente activas y participen plenamente en la sociedad. El Informe es enfático: los servicios deben prestarse en comunidad no en ambientes segregados y no deben recaer únicamente en cuidadores o de miembros de la familia de la persona con discapacidad.

¿Son diferentes los servicios de apoyo y los servicios de asistencia? (13) Sí, son de distinto índole y nivel de complejidad. Sobre esta diferencia de servicios, resulta útil el Informe Mundial sobre el Derecho a Decidir 2014, en cuya página 44 tomamos el siguiente cuadro que permite comprender la diferencia que existe entre los servicios de asistencia (costura de botones) a que se refiere la demanda de amparo y los servicios que involucran un Apoyos para Toma de decisión jurídica (contratos, herencia):

Si bien cada persona es libre de determinar sobre qué aspectos de la vida requiere servicios de asistencia o bien, servicios de apoyo, eso no debe impedir a la SJN analizar su naturaleza y alcance para fines del Amparo a conceder; y es que resulta que el proyecto del AR1368/2015, reproduce la mezcla que la demanda de Amparo realiza sobre diferentes actividades. Por ejemplo, el quejoso pide auxilio para la costura de botones, lo cual como hemos visto,  involucra un servicio de asistencia y hasta ahí es irrelevante que la sentencia no señale más especificidad sobre tal rubro. Pero los jueces y en este caso la SCJN sí deben dar más estudio y atención para el caso de que la persona -como sucede en esta demanda-, solicite servicios de apoyo para realizar actos formales o jurídicos, por ejemplo los que involucran a un banco. Esto, justamente por tratarse de actividades con diferente complejidad y por tanto, la asignación de Apoyos a cada una, debe reflejar esa diferencia. Incluso el Proyecto debería instruir que al quejoso se prevenga sobre si requiere o no,  servicios de apoyos para administrar su herencia.

Así pues, siguiendo con el argumento de los servicios bancarios a que se refiere la demanda de amparo, resulta que es la ocasión perfecta para que la SCJN tenga presente que, conforme el Modelo Social, los apoyos para tomar decisiones o realizar actos con consecuencias jurídicas no debe recaer únicamente sobre un amigo o familiar de la persona con discapacidad. En la sentencia la SCJN ordena que los Apoyos sobre los que concede el amparo sean analizados por un juez de lo familiar; pero para esa labor ese juzgador requiere que la SCJN deje el resuelta la cuestión desde el modelo social y que sea la SCJN su pronunciamiento, quien reconozca que todas las instituciones incluidas las bancarias, deben proporcionar servicios de Apoyos que requieren sus clientes con discapacidad. Lo que incluye materiales adaptados o contratos y estados de cuenta en formato de fácil lectura, siguiendo por ejemplo el estándar de calidad de estos servicios que fijó la Segunda Sala de la SCJN.

Si bien damos el ejemplo anterior sobre estados de cuenta bancaria, lo mismo puede  decirse sobre la Toma de Decisión que le espera al quejoso sobre la administración del inmueble que recibió en herencia y es que insistimos: la SCJN no puede validar que estos apoyos especializados se otorguen únicamente en plan doméstico por su familia o un cuidador, cuando en realidad se tratan de servicios especializados en la toma de decisión jurídica (14).

¿De qué tipo pueden ser los apoyos? El Informe BM/OMS 2011 señala en sus páginas 153, 154 y ss. los diferentes tipos de apoyos y señala que estos, deben ser adecuados a cada momento del ciclo de vida de la persona. También señala que los servicios de Apoyo pueden ser oficiosos o bien oficiales (de ahí, la diferencia entre que acceder a una  interpretación en LSM a cargo de tu familiar o de un interprete oficial proporcionado y certificado por el Estado). La siguiente imagen también corresponde a una tabla publicada en el Informe Mundial sobre el Derecho a Decidir 2014 y refiere los límites que existe entre cada tipo de ellos (tabla 5 en pag. 76):

Dentro del tipo de servicios oficiales que involucren “Toma de Decisiones legales”, existen algunos servicios que provee el Instituto Federal de Defensoría Publica (15). Otro ejemplo de servicios especializados para el apoyo en contextos judiciales, son los “facilitadores” en juicios del orden penal que la asociación privada “Documenta, A.C.” (16), proporciona a personas con alguna discapacidad psicosocial o intelectual.

¿Cuales son las consecuencias de no regular los servicios de apoyo? Entre las consecuencias de no otorgar apoyos las resiente también el circulo personal más cercano de las personas con Discapacidad (17), quienes experimentan también estrés, menos oportunidades de empleo, exigencias excesivas para los niños, incremento de dificultades conforme envejece la familia (Informe BM/OMS 2011).  Ese mismo informe destaca la importancia de crear marcos legales que incluyan la reglamentación de los proveedores, lo que incluye normas de calidad, procedimiento de contratación, sistemas de evaluación y asignación de recursos, cuestiones sobre las que ya había avanzado la SCJN en la Queja 57/2016.

Aún con sus aciertos, en esa ocasión la Segunda Sala dejó pasar la ocasión para poner en claro que el acceso a justicia se garantiza mediante los “Ajustes al procedimiento” (18) a que se refiere el artículo 13 de la CDPD en relación con las obligaciones generales contenidas el artículo 3 de la misma convención. Tratándose de niñas y niños con discapacidad, los ajustes al procedimiento deben ser adecuados a la edad a fin de cumplir con lo dispuesto por los artículos 7 y 13 de la CDPD. Además la SCJN debe tener presente que los ajustes al procedimiento son una medida que no debe sustituir ni entorpecer la adecuada y pronta armonización legislativa a que se refiere el mencionado numeral 1 inciso b) del antes mencionado artículo 3 de la CDPD. Obviamente, esos ajustes al procedimiento involucran el proveer de los servicios de Apoyo apropiados al derecho en cuestión.

Todo lo dicho sobre los apoyos, nos llevan a señalar que este proyecto del AR1368/2015 sería realmente innovador si incorpora efectivamente el modelo social sobre este tipo de servicios de Apoyos para Toma de decisión y reconoce que:

  • Con la CDPD el paradigma cambia para reconocer la existencia de personas con intensa necesidad de recibir apoyos por parte de la sociedad. Dejando en desuso expresiones sobre la persona “con mucha discapacidad” o “con mucha dependencia”.
  • Bajo el paradigma de la CDPD existen “personas usuarias de apoyos para la comunicación” o incluso, “personas con comunicación no verbal” pero siempre acreedoras a los formatos y derechos dispuestos a su favor en los artículos 2 y 12 de la CDPD  (en lo posible, debe descartarse considerarlas personas que “no pueden comunicarse”).

Queda aclarar que la ruta para lograr todos y cada uno de los cambios necesarios para lograr la efectividad del artículo 12 de la CDPD es aún mucho más compleja y amplia de lo que aquí he logrado abarcar y como prueba de ello, dejo aquí el “marco de cambio” (figura 1, pag. 141) del ya mencionado Informe Mundial sobre el Derecho a Decidir 2014, donde se aprecian los diversos objetivos, obstáculos, prioridades y estrategias que dicha agenda impone para hacer cumplir con la CDPD.

Aún queda mucho por avanzar en ese ruta y, justo por eso, el ministro Ortiz Gutiérrez Mena tiene una excelente oportunidad de abordar todos y cada uno de los temas que se proponen en la demanda del AR1368/2015 incluida la inactividad legislativa, pues con ello, se tendría  una mejor y más ordenada transición al modelo de apoyos en la Toma de Decisiones Jurídicas.

Esperemos que esta sentencia de la SCJN se pronuncie sobre apoyos al ejercicio de la la Capacidad Jurídica de manera que sea claro para el Estado mexicano que lo que necesitamos las personas con discapacidad es una real y concienzuda armonización legislativa que resuelva (sin necesidad de más juicios de amparo), qué servicios integrales se pueden sistematizar en todo el país y es que no olvidemos que, capacidad jurídica es sólo uno de los ocho derechos que involucran a esta herramienta de la CDPD así que postergar la discusión sobre los apoyos, posterga la efectividad de la propia convención.

 

* Cecilia Guillén Lugo es experta en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Hasta 2018 fue investigadora sobre derechos de las Personas con Discapacidad en la Dirección de estudios, promoción y desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como activista y Defensora de DDHH. actualmente colabora “En primera persona”. Contacto: [email protected]

 

1 Una versión más extensa de este documento puede consultarse aquí. 

2 Sobre el proyecto del 13 de febrero ver.

El proyecto valida el error de la demanda en el sentido de incluir “servicios de asistencia” para cuestiones domésticas (como coser botones) en la misma lista donde solicita Apoyos para Toma de decisiones legales.

4 Disponible en diferentes formatos en la página web de la OMS.

5 En  noviembre de 2018 el ministro Cossío Díaz pasa a retiro. En enero de 2019 el ministro Zaldivar Lelo de Larrea, asume la Presidencia de la SCJN y con ello, sólo integra Pleno.

6 Esta Jurisprudencia con registro digital 2014332 referida al “Principio pro persona” en general. Sobre discapacidad son muy pocas las decisiones de la SCJN que han conformado Jurisprudencia (ver los registros: 2012300, 2012058 , 2012302 y 2019272.

7 “(..) el estado de interdicción es un valor instrumental consistente en un ajuste razonable, en virtud del cual, se busca una nivelación contextual al considerar que ciertas personas con diversidades funcionales requieren de asistencia para ejercer sus derechos, ante lo cual, se limita su capacidad de ejercicio.” (AR159/2013, Estudio de Fondo, Apartado VII, numeral 2)

8 Tesis con registro digital 2005127.

9 Ese asunto del Pleno se resolvió  por “unanimidad” (a favor el total de los 11 ministros).  De los siete ministros qeu formularon “Voto” conteniendo sus respectivos motivos de disenso, el Ministro Zaldivar fue el único que se pronunció en contra del Modelo de sustitución de la voluntad .

10 Un cuadro de elaboración propia sobre esos juicios de amparo se encuentra disponible aquí.

11 Un intérprete de LSM es una persona de apoyo en lo lingüístico, así como lo puede ser un maestro calificado para hacer adecuaciones educativas. También para cuestiones legales se requiere apoyos “expertos”

12 De conformidad con al CDPD la asistencia puede ser humana (por ejemplo una persona que asista para aseo, comer o coser un botón), animal (perros de trabajo por ejemplo pero no es la única especie que se entrena y certifica para dar apoyos) o bien, mediando alguna tecnología (TA). A esto, se suman las TICś que cumplen con el debido diseño universal.

13 También subtitulado “Independiente pero no solo” y preparado por Inclusión Internacional bajo el liderazgo de Connie Laurin-Bowie. En particular cuando se trata del nombramiento de “representante especial a que se refiere el artículo 8 de la Ley de Amparo (ver Queja 57/2016).

14 Un ejemplo lo tenemos en IFETEL que ha logrado que los proveedores de telefonía asuman las diversas obligaciones que la CDPD les asigna.

15 En particular cuando se trata del nombramiento de “representante especial a que se refiere el artículo 8 de la Ley de Amparo (ver Queja 57/2016).

16 Ver aquí.

17 Para mayor detalle dejo disponible en este vínculo. 

18 Precisamente, por ser garantes del derecho de acceso a la justicia, los “Ajustes al procedimiento”  no tienen los límites económicos que se impone a los ajustes razonables (en ese límite descansa su razonabilidad), estos últimos se refieren al derecho la igualdad y la no discriminación.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
Comparte

¡Muchas gracias!


Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.