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La señora sociedad civil, esa que NO vive del erario
En 2017 sólo el 7 % de las más de 39 mil que estaban inscritas en el Registro Federal de OSC, recibieron algún apoyo económico gubernamental.
Por María Isabel Verduzco
19 de marzo, 2019
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A raíz de las recientes declaraciones del presidente López Obrador, se retomó nuevamente el debate sobre el concepto de sociedad civil, ahora enfatizando en su diferencia con los conceptos de pueblo o sociedad (a secas). Este ejercicio conceptual puede resultar apasionante, pero para los objetivos de este texto solamente quisiera recordar que el actual es el concepto que resurgió en la década de los sesenta del  siglo XX. Ese que derivó de las movilizaciones sociales frente al desgaste de los gobiernos comunistas de países de Europa del Este (también llamadas disidentes); de las luchas por la recuperación de la democracia en América Latina; de las posiciones críticas frente al estado de bienestar de países de Europa occidental, y de preocupaciones emergentes como las feministas y las ecologistas. El que posteriormente se alimentó de la presión civil arreciada por la caída de los estados de bienestar y por los efectos de la implementación de políticas neoliberales. Aunque el concepto continúa en discusión y podría precisarse, su relevancia ha posibilitado una serie de consensos respecto al papel de estas instancias en las sociedades modernas, sobre lo cual también se ha escrito suficientemente.

Con ese impulso y dentro de ese marco conceptual, en cada país se ha conformado un sector de organizaciones de la sociedad civil (OSC) moldeado de manera continua por la historia nacional y por las formas peculiares en que se relaciona con los gobiernos. Este último aspecto parece ser todavía muy problemático en México, casi no hemos avanzado en la reconstrucción de la relación entre sociedad civil organizada y gobierno. Incluso, detrás de las declaraciones del presidente, así como de otras opiniones publicadas a raíz de ese evento, se vislumbra en algunos casos falta de información e interés por el tema y en otros falta de acuerdo sobre cómo debería reconstruirse esta relación.

Aunque no puede decirse que todas las OSC se interesaron por cambiar su ubicación frente al gobierno, a partir de los ochentas se empezó a manifestar una posición distinta de las OSC como sector que incluso dio una batalla larga para impulsar la elaboración de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las OSC, apostando a que esta norma sirviera de marco para una nueva relación sociedad organizada-gobierno. Con la promulgación de esta Ley en 2004, el gobierno reconoció a las OSC como instancias de interés público con derechos como recibir financiamiento público y estímulos fiscales. Estos avances legales son de gran relevancia, pero insuficientes si se quedan en el papel. Después de casi 20 años, no hay visos de alguna intención de parte de la administración pública federal (APF) por implementar medidas hacia la construcción de una política para fomentar las actividades que realizan las OSC.

Respecto al tema de su financiamiento, el que reactivó el debate reciente, los estudios indican que las OSC mexicanas se encuentran entre las que menos recursos públicos reciben y entre las que gozan de menos estímulos fiscales, en comparación con OSC de países con niveles de desarrollo similares. El gobierno federal mexicano no ha creado mecanismos transparentes e imparciales para apoyar económicamente las actividades de las OSC ni un esquema de estímulos fiscales que les facilite el acceso a donativos privados. Con excepción de dos o tres programas con presupuesto reducido, la APF continúa otorgando apoyos a un grupo selecto de OSC y todavía lo hace mediante el anacrónico, discrecional y opaco mecanismo de entrega de donativos operado desde las oficialías de algunas dependencias y, en el caso de los proyectos culturales, etiquetados por la Comisión de Cultura del Congreso y por la Secretaría de Hacienda, sin criterios para la selección de los proyectos y/o las organizaciones.

No solo no hay esquemas de asignación adecuados, casi se podría decir que ni siquiera hay presupuesto. Por eso sorprende la advertencia del presidente de que ya no se otorgarán recursos gubernamentales a través de OSC. Es tal la desinformación sobre este tema, que tanto el presidente como varios comentaristas asumieron que el programa de Estancias Infantiles opera a través de OSC, lo que nunca ha sucedido de esa manera.

Además de escasos, los apoyos económicos del gobierno federal se han reducido año con año. De acuerdo con datos oficiales, en 2017 solamente 2,249 OSC, alrededor de 7 % de las más de 39 mil que estaban inscritas en el Registro Federal de OSC, recibieron algún apoyo económico gubernamental. El presidente necesita que le informen que el monto total de ese año fue de $ 4,849 mil pesos y que esa cantidad representa apenas 0.5% del presupuesto que se destina a los más de 250 programas de desarrollo social en el Presupuesto de Egresos de la Federación. También necesita que le informen que, aunque se trata de una cantidad de dinero pequeñísima, parte ha servido para subsidiar (no financiar totalmente) proyectos de OSC, cuyas actividades resultan vitales para ciertos grupos de población, como el caso de la operación de los refugios para mujeres que sufren violencia. Si se llegaran a suspender o reducir los apoyos, quedarían en el limbo acciones de largo aliento y las OSC tendrían que dejar desamparadas a miles de mujeres que no encontrarían el apoyo que necesitan en ninguna dependencia de gobierno.

Al gobierno mexicano ni le interesa ni le ha interesado fomentar el trabajo de las OSC, las ve como enemigas (cuando los cuestionan y/o critican), como instancias que solo quieren bajar recursos (cuando requieren apoyo económico), como asociaciones coadyuvantes (cuando colaboran con SUS proyectos, sin cuestionarlos), o como grupos en los que podrían apoyarse para escalar políticamente (votos directos o indirectos) o cuyos directivos podrían quedar a deberles “el favor”.

A pesar de tener claro lo anterior, sorprenden las declaraciones del presidente por dos razones: 1) porque nos está diciendo “al tiro” lo que los anteriores gobiernos nos decían, sin decir y 2) porque el nuevo gobierno prometió hacer transformaciones de fondo y, al menos en este campo, la impresión es que se sigue empujando con más fuerza en la misma dirección.

 

* María Isabel Verduzco (@marisaverduzco) es consultora independiente y profesora de la Universidad ORT.

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