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La tortura sexual a mujeres como mecanismo de colonización
En México detener a una mujer no sólo significa privarla de su libertad, también significa “tomar lo que les pertenece”, representa territorializar y colonizar los cuerpos, experiencias y dignidades de ellas.
Por Blog Invitado
12 de marzo, 2019
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Por: Waquel Drullard

Las políticas de seguridad, caracterizadas por la militarización y la imposición de órdenes autoritarios y particularmente antidemocráticos, como el caso de la Ley de Seguridad Interior, ya declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la Guardia Nacional, son medidas construidas desde una posición y una lógica centralmente militar-patriarcal que transforma la seguridad pública en territorios de combate abierto, generando graves afectaciones en la población civil, y de manera diferenciada en las vidas de las niñas y mujeres.

Cuando la seguridad pública es militar, generalmente las personas son detenidas por elementos de las Fuerzas Armadas de manera arbitraria, ilegal, injustificada y sin motivos, vulnerando las libertades fundamentales y los derechos humanos de las personas detenidas, especialmente si son mujeres. Porque no solo las privan de su libertad, sino que también son manoseadas, acosadas, explotadas, violadas y torturadas sexualmente. Porque en México detener a una mujer no sólo significa privarla de su libertad, detener a una mujer significa en una cultura profundamente patriarcal y misógina como la mexicana, acentuada por la naturalización de la impunidad y el lánguido acceso a la justicia, y caracterizada por la violencia, la desigualdad y la discriminación hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres, significa realmente “tomar lo que les pertenece”, representa territorializar y colonizar los cuerpos, experiencias y dignidades de ellas.

Un ejemplo de esto es el caso Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco Vs. México (Selvas Gómez y otras Vs. México), donde quedó evidenciada la violencia estructural hacia las mujeres que emana de las instituciones de seguridad del Estado mexicano. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la Corte IDH) en 2018 condenó al Estado mexicano al demostrar que la detención de 11 mujeres (Yolanda Muñoz Diosdada, Norma Aidé Jiménez Osorio, María Patricia Romero Hernández, Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, Ana María Velasco Rodríguez, Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, Bárbara Italia Méndez Moreno, María Cristina Sánchez Hernández, Angélica Patricia Torres Linares y Claudia Hernández Martínez) en los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006 en Atenco, Estado de México, fue desproporcionada, indebida y se usó la fuerza de manera indiscriminada y excesiva contra las manifestantes,   haciendo uso de la tortura y violencia sexual contra ellas .

Este caso no es un caso cualquiera, significa un proceso emblemático que nos demuestra que en el curso de los enfrentamientos, protestas y beligerancias, los cuerpos de las mujeres no son cuerpos, son territorios de guerra, suelos de conquista y espacios disponibles de invasión, los cuales son arrebatados, usados, explotados y comercializados por el heteropatriarcado que construye a las sujetas como “menos” y las configura como cuerpos de servicio público, a disposición de la guerra. La violencia sexual y la tortura hacia las mujeres significan entonces, en el análisis de la Corte IDH, herramientas de control social. Lo que quiere decir, que son mecanismos de dominio e imposición del poder masculino testosterónico y testicular no solo sobre las mujeres y niñas, quienes son las principales víctimas, sino también sobre los “otros hombres”. Que elementos de seguridad del Estado torturen y violen a mujeres, que generalmente son familiares de los “otros hombres”, son patadas de agonía de un sistema patriarcal que desea mandar un mensaje directo de quien tiene el poder y sobre quien lo tiene. La violencia contra las mujeres es un dispositivo fascista y dictatorial de control sociocultural, que reprime y vulnera libertades y derechos fundamentales, con el fin de debilitar el Estado Democrático, Social y de Derecho y mantener el status quo que empuña el racismo, el clasismo y la misoginia del cuasi monopolio del poder del Estado mexicano.

Según el Informe de Amnistía Internacional Sobrevivir a la Muerte: Tortura de Mujeres por Policías y Fuerzas Armadas en México de 2016, las mujeres cuando son detenidas son objeto de abusos sexuales de parte de policías municipales, estatales y federales, también por parte de elementos del Ejército y la Marina.  Dicho informe se basó en el análisis de 100 casos de mujeres que fueron objeto de malos tratos y tortura de parte de elementos de seguridad en sus procesos de detención, los cuales fueron indebidos y violatorios, manifestándose en ellos la utilización de la violencia directa e institucional como herramienta de Estado, materializándola a través de la tortura como forma de subyugación y miedo hacia las mujeres en procesos de detención, convirtiendo esta inhumana práctica en algo acostumbrado y característico de la detención de mujeres en México, la cual afecta de manera particular y directa a las mujeres condenadas a vivir en contextos de vulnerabilidad y pobreza. Ello demuestra también que a las sujetas que detienen, torturan, violentan y asesinan no son a las de Las Lomas, San Ángel o Polanco, sino a las de Ecatepec, Villahermosa y Chilpancingo.

A partir de la “Guerra contra las Drogas” y la entrada del Ejército a las calles, se encarcelaron más mujeres, lo cual se traduce que a mayor presencia de militares en las calles, menos seguridad para las mujeres, revelando que las políticas de seguridad antidemocráticas y neofascistas que buscan la militarización a costa de seguridad pública ciudadana, afecta de manera diferenciada a las sujetas que se construyen como mujeres. Lo cual nos da la oportunidad para reflexionar la indispensable y esencial necesidad de la inclusión de la perspectiva interseccional de género en el diseño, creación e implementación de los planes, programas y políticas públicas y legislativas del país. Porque si algo es cierto, es que las niñas y mujeres experimentan la violencia y la inseguridad de formas distintas, lo cual las hace más vulnerables.

La tortura sexual es una grave violación de derechos humanos. Constituye un hecho inhumano y degradante que busca eliminar la dignidad de las mujeres. Hoy más que nunca es necesario luchar contra el patriarcado, darnos cuenta cómo opera, cómo se manifiesta y dónde está presente. Detectar su “poder sobre”, invisible y tangible, reconocerlo como sistema de opresión que no solo afecta de manera directa y mortal a las mujeres, sino que también daña la vida de la democracia y la humanidad. Es necesario construirnos desde la otredad, desde lo colectivo y del otro lado; como sujetas, como personas, como ciudadanía. Y emprender desde ahí acciones concretas que desmonten el “poder sobre masculino hegemónico mexicano”, que derribe los estereotipos, estigmas y las múltiples violencias de género que provocan discriminación, odio y muerte. Es necesario dejar los privilegios, hacernos conscientes de nuestro conocimiento situado y vivir desde la genuina libertad igualitaria interseccional de todas las personas.

 

* Waquel Drullard es activista, defensor de derechos humanos y trabaja en en la Dirección de Incidencia en la CNDH.

 

 

2018. La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la Ley de Seguridad Interior en su totalidad. Recuperado de acá.

2018. informe de patrones de tortura sexual en torno a modelo de seguridad fallido. Recuperado de acá.

2018. Caso Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco Vs. México. Recuperado de acá.

2016. Sobrevivir a la Muerte: Tortura de Mujeres por Policías y Fuerzas Armadas en México. Recuperado de acá.

2018. Políticas de Drogas, Género y Encarcelamiento en México: una guía para políticas públicas incluyentes. Recuperado de acá.

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