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Lo que callan los Poderes Judiciales
La justicia en México sigue siendo una ilusión para la gran mayoría, la raíz de este problema está en el hecho de que los 32 poderes judiciales del país, hasta ahora, no han cumplido cabalmente con su mandato constitucional de garantizar los derechos humanos.
Por Blog Invitado
21 de diciembre, 2018
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Por Fátima Gamboa (@_FatimaEk) y Giovanna Salazar (@giovanna_sal)

Es bien sabido que el Poder Judicial está en crisis ¿pero qué clase de crisis? ¿es acaso una cuestión exclusivamente de privilegios y nepotismo, tal como lo indica AMLO? ¿o se trata, más bien, de un “choque entre poderes” en el que la independencia judicial y autonomía está en riesgo, como lo señalan algunos juristas?

Desde Equis Justicia para las Mujeres, hemos detectado que el problema es mucho más complejo y trasciende estas dos posturas maniqueas. El problema involucra a los 32 poderes judiciales del país que, hasta ahora, no han cumplido cabalmente con su mandato constitucional de garantizar los derechos humanos a través de la impartición de justicia y, por ende, han hecho que la justicia en México continúe siendo una ilusión para la ciudadanía.

En este sentido, identificamos varios problemas de fondo, los cuales urge que se atiendan si queremos garantizar el acceso a la justicia para todas y todos, a saber:

  • Antes que brindar justicia, las resoluciones judiciales discriminan

Desde 2015, hemos documentado que los Poderes Judiciales locales incurren de manera sistemática en actos de discriminación y violencia institucional. Específicamente, hemos encontrado evidencia de violaciones a derechos humanos de las mujeres plasmados en sentencias discriminatorias y machistas.

Aquí una pequeña muestra de los muchos casos en los que los estereotipos, prejuicios y sesgos de las personas juzgadoras han resultado en resoluciones injustas:

Caso 1.  Berenice fue detenida con base en su apariencia física y condenada a 14 años de prisión por el delito de robo agravado, en su sentencia el juez se refirió a ella en todo momento como “Berenice, la que parece hombre” basando sus argumentos en estereotipos de género.

Caso 2. Lety es una mujer indígena con discapacidad intelectual víctima de una doble violación por parte del mismo agresor sexual, el juez en su resolución la llamó “retrasada mental” y argumentó que “por no poder decidir sobre su cuerpo y sexualidad, discernir entre lo malo y lo bueno, se dejó copular”.

Caso 3. Adela sufría una agresión sexual por parte de su cuñado, quien estaba armado con una pistola, cuando su esposo intentó defenderla, él privó de la vida al agresor. Sin embargo, ella fue sentenciada a 20 años de prisión por “no haber hecho lo suficiente para impedir que su esposo matara a su agresor sexual”.

  • Antes que garantizar derechos, las personas juzgadoras resuelven procesos

Derivado de un análisis de 110 sentencias de 8 entidades federativas del país (1), detectamos lo siguiente:

  • El 86 por ciento de las sentencias no contempló medidas de reparación del daño a pesar de que el caso lo ameritaba.
  • El 79 por ciento de las sentencias no identificó el marco de derechos humanos a la hora de resolver un caso.
  • El 78 por ciento no utilizó en sus resoluciones jurisprudencia nacional e internacional, sino que se basó únicamente en sus códigos para resolver.

Lo anterior nos habla de Poderes Judiciales que están enfocados más en resolver procesos, que en proteger y garantizar los derechos humanos. Además de sumamente burocrático, este Poder se ha convertido en un órgano administrativo, formalista y meramente procesal, pero no de garantías.  

  • Tenemos poderes judiciales que se capacitan, pero no se evalúan

El Poder Judicial ha invertido una enorme cantidad de recursos económicos y humanos para capacitar a su personal en materia de derechos humanos y género (3) (esta ha sido una de las más grandes apuestas del Estado para incorporar la perspectiva de género en el trabajo de las instituciones de justicia).

Desafortunadamente, tras realizar un ejercicio de análisis de solicitudes de acceso a la información, nos percatamos que estas capacitaciones regularmente son breves, abordan temáticas de forma general y superficial, y carecen de mecanismos de seguimiento y evaluación del impacto que, efectivamente, estos procesos de formación tienen en el trabajo jurisdiccional. Más aún, muchas veces quien asiste es el personal administrativo y no el jurisdiccional.

Ahora bien, si pensamos en que el sentido de invertir en capacitaciones del poder judicial debiese ser que la impartición de justicia mejore ¿cómo podemos verificar que esto esté ocurriendo? Lo cual nos lleva al siguiente punto.

  • Desconocemos el tipo de justicia que se imparte, porque el poder judicial no transparenta sus sentencias

Los Poderes Judiciales se caracterizan por su escasa transparencia en la publicación de sus sentencias, nadie -aparte de las personas justiciables y las litigantes- sabe cómo se resuelven los asuntos. Compartimos algunos datos que revela nuestro análisis sobre transparencia en el Poder Judicial:

  • En 2015, ninguno de los 32 Poderes Judiciales del país cumplía con la obligación de publicar sus sentencias a pesar de que normativamente estaban obligados a hacerlo.  
  • Esta situación empeoró, con la publicación en 2015 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que redujo la cantidad de sentencias que tienen la obligación de publicar los Poderes Judiciales, pues pasaron de la obligación de publicar todas las sentencias a publicar únicamente aquellas que son de “interés público”.
  • Actualmente sólo 1 Poder Judicial hizo públicas todas sus sentencias.

En un contexto de opacidad judicial, la ciudadanía no puede conocer, vigilar y evaluar el trabajo de los poderes judiciales; no se pueden detectar actos de corrupción, discriminación e impunidad, ni tomar medidas para erradicarlos. En general, si no tenemos acceso libre a las sentencias, difícilmente podemos hablar de justicia.

  • La autonomía e independencia judicial han servido de pretexto para que el Poder Judicial se cierre ante la ciudadanía

Existe un desconocimiento generalizado en torno al trabajo jurisdiccional y, en consecuencia, una marcada desconfianza ante su labor, precisamente, por la escasa transparencia y falta de mecanismos de rendición de cuentas y de participación ciudadana, que caracteriza a los poderes judiciales del país.

  • Una encuesta realizada en la Ciudad de México durante 2015 reveló que el 60% de las personas no sabían con qué autoridad debían acudir para resolver un problema que requiere intervención judicial.
  • Esta situación se exacerba en el caso de las mujeres, sobre todo, en aquellas que viven en zonas rurales. Al respecto, un estudio que realizamos en 2017 señala que, de un total de 160 mujeres mayas -encuestadas en 5 municipios de Yucatán-, ninguna sabía cuáles son las funciones y actividades del Poder Judicial.
  • Aunado a esto, la Encuesta de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública realizada por el INEGI en 2016 indica que, a nivel nacional, el 65.1% de la población considera que las y los jueces son corruptos (3).
  • Asimismo, derivado de un ejercicio de solicitudes de acceso a la información en donde se preguntó a los 32 poderes judiciales sobre los mecanismos de participación con los que cuentan 11 manifestaron que, por ser un órgano de impartición de justicia, la participación ciudadana no es una obligación que les aplique (4).

Frente al argumento falaz de que, mientras más alejado de la sociedad se mantenga un Poder es más imparcial, nosotras reviramos: un poder que no mira a nadie más que a sí mismo, es un poder sordo y ciego a las exigencias sociales, incapaz de renovarse. Resulta inaceptable que la independencia y la autonomía judicial se utilicen para justificar esta lejanía.

Dado que Poder Judicial no es un poder electo directamente por la ciudadanía, es preciso que se legitime a través de la transparencia y rendición de cuentas, de cara a la sociedad. Si esta no se siente representada, incluida y protegida por el trabajo del Poder Judicial, es mucho más probable que la independencia y autonomía judicial peligren ante posibles injerencias externas (tal como lo estamos viendo en la actualidad).

De ahí la urgencia de ciudadanizar al Poder Judicial, lo cual implica que dicho poder se abra al escrutinio público, transparente sus sentencias, imparta justicia sin discriminación y con apego a los derechos humanos. Ciudadanizar la justicia implica acercar de manera idónea toda aquella información  relevante; que la ciudadanía pueda saber y ejercer sus derechos y establecer canales de diálogo y colaboración permanentes con sociedad civil. Ello con objeto de que la transformación de los poderes judiciales sea sensible e incluyente pero, sobre todo, para que responda a las exigencias de  igualdad y justicia.

Ciudadanizar es legitimar y fortalecer a los poderes judiciales y, con ello, el acceso a la justicia de todas las personas.   

 

* Fátima Gamboa es coordinadora del área legal de la organización @EquisJusticia, Giovanna Salazar es coordinadora de comunicación de la misma organización.

 

1 Dicho análisis corre a cargo de la Red por la Ciudadanización de la Justicia, y está próximo a publicarse.

Estudio próximo a publicarse.

Cfr. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública 2016, disponible aquí. 

Únicamente dos poderes judiciales cuentan con mecanismos de participación con actores de la sociedad civil, academia y sectores empresariales.

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