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Derechos humanos: indispensables e impopulares
En el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los gobiernos han aprendido virtuosamente a servirse del discurso de estos derechos y, al mismo tiempo, a ignorar la obligación de implementarlos o incluso a participar activamente en violarlos. La impunidad es endémica.
Por Blog Invitado
10 de diciembre, 2018
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Por: Dawid Danilo Bartelt

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. Con este artículo abre la Declaración Universal de los Derechos Humanos, promulgada el 10 de diciembre de 1948, hace 70 años.

Me gusta muchísimo esta frase. Es fuerte, llena de un espíritu de la más alta moralidad. Es algo para creer. Se puede entender por qué los derechos humanos son una de las narrativas más poderosas de la segunda mitad del siglo XX e incluso – como dicen algunos autores – una religión secular de nuestros tiempos.

Estas palabras reflejan también una ambigüedad histórica. Sabemos que los integrantes de la comisión que redactaba la Declaración creían profundamente en lo que escribieron en 1948, tres años después del fin de la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial. Para los gobiernos de las grandes potencias, un nuevo sistema internacional era necesario. No querían volver al régimen de la desacreditada Liga de las Naciones y al principio de la protección de las minorías, entre otras razones porque la más grande minoría étnica en Europa, los alemanes que vivían en países de toda Europa del Este, el Báltico, Rusia, y hasta en Grecia, necesitaban ser expulsados. La Declaración refleja también el empeño exitoso de los representantes de países del Sur global, particularmente de América Latina, en incluir los derechos económicos, sociales y culturales. La guerra fría enseguida los separó de los derechos políticos, individuales, pero en la Declaración estaban juntos, como debería de ser.

Pero la consideración, o preocupación, más grande de los gobiernos británico, estadounidense y soviético era que no se estableciera un régimen de implementación de estos principios que eventualmente pudiera llevar a una limitación de la soberanía nacional. La idea de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ante todo, era ser nada más que una declaración.

Celebramos su cumpleaños en un momento en que nos encontramos en una situación compleja. En este escenario, por una parte, existe un consenso internacional que nos remite a los derechos humanos como hoy los conocemos. Hemos alcanzado una normatividad e institucionalidad de los derechos humanos nunca antes vista: tenemos una serie de convenciones y tratados específicos, legalmente vinculantes; además, el respeto a los derechos humanos tiene una presencia masiva, casi obligatoria, en el discurso de políticos y gobiernos en la mayor parte del globo.

Pero la realidad de la garantía de los derechos humanos es otra. El gran problema ha sido y sigue siendo su implementación. Eso vale para muchos países, en particular en América Latina. Es una contradicción muy visible en México, donde no faltan comisiones de derechos humanos, incluso pareciera que cada institución tiene la suya. Sin embargo, la situación de los derechos humanos en México ha empeorado y se equipara a la de países en guerra. Los gobiernos han aprendido virtuosamente a servirse del discurso de los derechos humanos y, al mismo tiempo, a ignorar la obligación de implementarlos o incluso a participar activamente en violarlos. La impunidad es endémica.

Creo que las crecientes consideraciones críticas –y hablo aquí de las críticas solidarias, constructivas, de gente que comparte los objetivos de los derechos humanos– aún no han sido suficientemente recibidas. Mencionaré apenas algunos aspectos que han sido planteados en un debate que es todavía muy académico y al cual le falta más participación de las y los activistas, y de la sociedad civil en su sentido más amplio.

Varios académicos han afirmado que los derechos humanos en los países occidentales han adquirido la calidad de una religión secular moderna. Como tal, los derechos humanos han adquirido un status incontestable. Esto habría dificultado un debate más realista y, al fin y al cabo, una implementación más eficiente.

Estos analistas abogan por considerar y conceptualizar los derechos humanos como un instrumento político pragmático. Como tal, estarían sujetos a compromisos, negociaciones, limitaciones y cuestionamientos; una opción entre otras para realizar objetivos políticos concretos.

Sin embargo, esto significaría en la práctica reducir los derechos humanos a unos pocos, aquellos con más potencial de judiciabilidad e implementación, como la prohibición de la tortura o de ejecuciones ilegales. En esta línea de pensamiento la justicia social no sería algo que debería ser concebido dentro del contexto de los derechos humanos.

En el contexto latinoamericano, la persistencia de la pobreza y la enorme desigualdad social son justamente lo que provoca una crítica de los derechos humanos como incapaces de resolver los problemas más urgentes de los países. Un conjunto de críticos apunta la compatibilidad entre un régimen (neo)liberal que perpetúa la desigualdad y pobreza, y los derechos humanos. Algunos incluso señalan que existe un descuido o desinterés entre los defensores en torno a las cuestiones relativas a las extremas desigualdades económicas.

Hay otra corriente de críticas a los derechos humanos en países postcoloniales del Sur global. Estas son más numerosas. Amplios sectores de la sociedad ven los derechos humanos como “los derechos de los delincuentes”, que dificultan o impiden un régimen de combate efectivo a la delincuencia a través del ejercicio indiscriminado de la fuerza. Los ven, paradójicamente, como una fuente de impunidad. Esta aproximación tiene considerables efectos políticos, y por tal razón prácticos, para la eficiencia y la implementación de los derechos humanos.

Uno de los grandes obstáculos para la implementación, el principio de la soberanía del Estado nacional, permanece. Ha habido avances, siendo el más grande el Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional. Pero en la práctica, un Estado o gobierno que cometa violaciones a los derechos humanos, fuera de Europa, donde hay una corte de derechos humanos más poderosa, no tiene mucho que temer en cuanto a ser efectivamente penalizado.

Además, el supuesto consenso oficial de los derechos humanos está en curso de disolverse rápidamente. El nuevo presidente brasileño, Jair Bolsonaro, es apenas el último en una fila creciente de gobernantes en las Américas, Europa y todo el mundo, que abiertamente cuestionan, desafían, niegan el supuesto consenso político-moral que los derechos humanos representan. Se podría decir que el vínculo constitutivo de los derechos humanos con el liberalismo (capitalista) del siglo XX ya es problemático, pero con la pérdida de este vínculo la situación es bastante peor. Hay la amenaza de un régimen mundial post-derechos, anti-derechos incluso.

En el fondo, es eso: los derechos humanos, para la mayoría de nuestros pueblos, no son populares. Por lo tanto nos han dejado mucho qué desear en términos de efectiva protección de las personas; ellos también carecen de legitimidad, porque la legitimidad es siempre relacional, es decir, necesitamos de alguien, o mejor, de muchos que la otorguen.

Necesitamos discutir las estrategias de defensa de nuestras garantías y derechos a la luz de los desafíos actuales bajo la lógica de un pragmatismo crítico, además de nunca dejar de presionar al Estado a reformar y preparar sus instituciones para qué puedan – ¡y quieran! – proteger a los ciudadanos y no torturarlos o matarlos. Propongo mirar hacia nosotros, nuestras acciones, nuestras percepciones, nuestros puntos ciegos, nuestro lenguaje, nuestras alianzas, las actuales, las posibles, las todavía no consideradas. El debate no es fácil, pero urge.

 

* Dawid Danilo Bartelt es director de la oficina regional para México y el Caribe de la Fundación Heinrich Böll Stiftung.
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