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Los efectos devastadores de la prisión preventiva en las mujeres
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad del 2016, el porcentaje de mujeres en prisión preventiva (39.9%) –del total de mujeres recluidas al momento de la encuesta– fue mayor al de los hombres (26.7%).
Por Isabel Erreguerena
6 de junio, 2019
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El día de hoy, la Oficina de Washington para América Latina (WOLA por sus siglas en inglés), el Consorcio Internacional de Políticas de Drogas (IDPC por sus siglas en inglés) y Dejusticia lanzaron un informe que muestra cómo un fenómeno, que por su gravedad fue discutido en México hace unos meses, se extiende en América Latina: el aumento del uso excesivo de prisión preventiva en la región y, sus consecuencias negativas y desproporcionadas en las mujeres.

Respecto a las cifras, el documento señala que en las Américas -incluyendo Canadá́ y los Estados Unidos-, una de cada tres personas a la espera de juicio se encuentra tras las rejas y, durante las últimas dos décadas, el número de personas en prisión preventiva en la región ha aumentado cerca del 60 por ciento. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad del 2016, el porcentaje de mujeres en prisión preventiva (39.9%) –del total de mujeres recluidas al momento de la encuesta– fue mayor al de los hombres (26.7%). Esto también ocurre en Argentina, Chile y Guatemala, donde los porcentajes de mujeres en esta situación son mayores que los correspondientes a los hombres en aproximadamente un 15, 10 y 8 por ciento, respectivamente. Un tema interesante que plantea el informe es cuántas de estas mujeres son extranjeras: de acuerdo con datos obtenidos en Chile, Colombia, y Perú́, el 73.3, 50.9 y 42.9 por ciento, respectivamente, de las mujeres extranjeras en prisión están en esta situación.

El informe también da cuenta de que, tal como lo ha documentado EQUIS Justicia para las Mujeres en México, la mayoría de las mujeres en prisión preventiva están por delitos contra la salud. Estas cifras son parecidas en otros países, por ejemplo, en Perú, Ecuador, Argentina, Bolivia y Chile, cerca de la mitad de las mujeres en prisión preventiva lo están por delitos relacionados con drogas: 54.5, 53.0, 51.7, 47.7 y 43.8 por ciento, en cada caso. De tal forma que, si bien esta medida tiene efectos en toda la población en México, afecta de manera desproporcionada a las mujeres.

El informe señala que la prisión preventiva tiene consecuencias adversas para las mujeres, entre otras cosas, porque hay escasez de centros penitenciarios sólo para ellas, la infraestructura penal es inadecuada para el desarrollo de las relaciones madre-hijas e hijos, existen condiciones insalubres, falta de atención médica específica para personas de su género, y sometimiento a varias formas de violencia, incluyendo abuso sexual por parte del personal penitenciario. Como consecuencia del limitado acceso a establecimientos y servicios, las mujeres encarceladas se encuentran en mayor riesgo de contraer el VIH y otras infecciones y enfermedades de transmisión sexual. Asimismo, destaca que el hacinamiento de las cárceles en América Latina es una de las principales consecuencias negativas de la prisión preventiva.

No obstante lo anterior, en México se están tomando decisiones contrarias a toda esta evidencia. El pasado 19 de febrero la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional al artículo 19 para ampliar la prisión preventiva oficiosa, incluyendo varios delitos como corrupción, delitos electorales, robo de combustibles, robo a mano armada, posesión de armas, feminicidio, abuso a menores, entre otros.

Esta reforma fue aprobada a pesar de los numerosos señalamientos de instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuyo Presidente envió una carta al Presidente del Senado en el que señala que esta medida serviría para legitimar la violación de múltiples derechos, incluidos el de la presunción de inocencia. En el mismo sentido, expertas y expertos como Monserrat López, Carlos de la Rosa y Estefanía Vela, evidenciaron que este mecanismo no resolvería el problema de inseguridad e impunidad, sino que contribuiría a recrudecer las violaciones de derechos y la desigualdad. Esta preocupación también fue parte de las Observaciones Generales sobre México por parte del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, quien recomendó específicamente “enmendar o derogar de los preceptos constitucionales que disponen la prisión preventiva obligatoria para ciertos delitos.” A esto se suma la evidencia regional que nos presenta el informe de WOLA, IDPC y Dejusticia.

Los datos proporcionados en este informe nos obligan a replantear las medidas que se están tomando en México, cuestionándonos también la necesidad de tomar decisiones, ya sea cambios en leyes o políticas públicas, tomando en cuenta la evidencia sobre sus consecuencias y costos. Por su parte, estos estudios nos dejan claro una cosa: si continuamos apostándole a un modelo punitivo, sin mirar su efectividad -o falta de ella- y consecuencias, continuaremos con altos índices de impunidad y aumentando la desigualdad y violaciones de los derechos humanos de las mujeres, quienes, como muestra el estudio, sufren consecuencias graves y especificas por el uso no excepcional de esta figura.

* Isabel Erreguerena es Coordinadora del Área de Políticas Públicas de EQUIS Justicia para las Mujeres (@EquisJusticia).

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