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Los retos de los Sistemas Estatales Anticorrupción
Debemos evitar que se inicie un discurso que incite a la modificacion de los fundamentos del Sistema Nacional Anticorrupción, lo cual abriría paso a su captura desde el nuevo régimen o, incluso, a su desmantelamiento.
Por Blog Invitado
4 de febrero, 2019
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Por: Isaak Pacheco Izquierdo (@Isaak_Pacheco)

La reforma constitucional en materia de combate a la corrupción de mayo de 2015 activó una serie de plazos para que en el ámbito federal y en los estados se instrumentara el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y sus réplicas locales. Como sociedad nos dispusimos a recorrer el camino de instalación e inicio de sus operaciones, con el propósito de enfrentar el problema de la corrupción por medio de una estrategia teóricamente sólida y consensuada, de la cual estábamos y continuamos convencidos que de ejecutarse correctamente nos permitirá plantear una solución real, de mediano y largo plazos.

Y es que la corrupción no es un problema que se solucione con las decisiones aisladas de unos cuantos, dentro de un ámbito de gobierno, aún y cuando estos actores puedan conducirse honestamente en realidad. La corrupción es un problema tan amplio y complejo, que debe enfrentarse en colaboración por las instancias fiscalizadoras del Estado y los distintos sectores de la sociedad que sean aliados en el tema, tal y como se planteó en el diseño del SNA.

Para asegurarnos que dicha estrategia no se aleje de nuestro ideal, necesitamos monitorearla permanentemente. De no hacerlo, corremos el riesgo de obtener resultados magros o de que se desvirtúe el avance alcanzado, mediante descalificaciones falaces, sin fundamento, que puedan tener eco en distintas audiencias debido al desconocimiento generalizado sobre el avance de este proyecto.

Al 11 de enero de 2019, fecha en que se actualizaron por última vez los datos que recopila y difunde en su portal de internet la Secretaría Ejecutiva del SNA, los sistemas anticorrupción de los 32 estados del país presentaban un avance en la adecuación de su marco normativo en la materia del 97%, pues de los 288 instrumentos jurídicos que debían armonizarse con respecto al modelo nacional en todo el país, sólo 8 quedan pendientes de emitirse.

Respecto a la conformación de la estructura rectora de los sistemas anticorrupción, los estados del país presentan un avance del 87% en la designación de las autoridades que encabezan las instancias unitarias de los sistemas y en la instalación de sus órganos colegiados de toma de decisión. Y es que a la fecha de corte sólo quedaban 13 autoridades de instancias unitarias por designarse, así como 12 órganos colegiados por instalarse en todo el país.

En cuanto al aspecto presupuestario, destaca que para esa fecha de corte el 75% de los estados contaba ya con un presupuesto asignado para las Secretarías Ejecutivas de sus sistemas anticorrupción, quedando pendientes de recursos para este rubro de gasto sólo 8 estados. Cabe mencionar que con esos recursos no sólo se financia la estructura operativa de las Secretarías Ejecutivas, sino que se pagan los sueldos de los miembros de los Comités de Participación Ciudadana (CPC) en los estados, cuyo presidente encabeza los sistemas locales anticorrupción.

No obstante las cifras anteriores existen varios aspectos de carácter cualitativo que no son capturados por éstas. Esa clase de datos captan comúnmente el logro de los objetivos de aquellos asuntos que monitorean, dejando fuera, por su naturaleza, la evaluación de los procesos que hicieron posible alcanzar esos objetivos o cómo es que se consiguieron.

Por mencionar un ejemplo de ello, sabemos que algunas leyes locales que integran el marco jurídico en anticorrupción no fueron armonizadas conforme al modelo nacional, habiéndose desvirtuado intencionalmente varias de sus disposiciones relativas al diseño u operación de sus sistemas. Existen estudios que dan evidencia de esto, como los diagnósticos sobre el grado de armonización de las constituciones locales y de las leyes de los SEA frente a los modelos nacionales, elaborados por la Secretaría Ejecutiva del SNA, y el Semáforo Anticorrupción, formulado por COPARMEX en colaboración con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Transparencia Mexicana, los cuales hacen evidente que no basta con completar la publicación de los instrumentos jurídicos que integran el marco normativo en la materia, si los contenidos de dichas leyes no satisfacen los mínimos establecidos por el Congreso de la Unión.

En varios estados, aún y cuando han avanzado considerablemente en la conformación de la estructura rectora de sus sistemas, sus representantes de sociedad civil no están conformes con las autoridades designadas para encabezar las instancias anticorrupción o para integrar a sus órganos colegiados, pues los estiman con vínculos políticos directos o con perfiles poco profesionales, sin especialización en la materia e incluso con conflictos de interés. Acompaña a esto la descalificación de varios medios independientes en los estados, sobre los procesos de designación de esas autoridades, con señalamientos como que los mismos carecieron de prácticas de parlamento abierto, así como de la activación de los pesos y contrapesos entre los poderes del Estado para procurar nombramientos idóneos.

El tema del presupuesto asignado a las Secretarías Ejecutivas de los SEA es otro asunto que también debe analizarse más allá de las cifras generales. Durante 2018, varios integrantes de CPC no percibieron durante casi todo ese año su sueldo, debido a que no se lograba el consenso entre los miembros de los Comités Coordinadores de los SEA para designar a sus Secretarios Técnicos, y por consiguiente, no podía operar la instancia encargada de pagarles sus salarios, es decir, las Secretarías Ejecutivas de los sistemas locales. Así también, existe la ineficacia en el trabajo de varios Secretarios Técnicos ya nombrados, los cuales no realizaron las gestiones legales y presupuestarias necesarias para comenzar a operar, constituir su equipo técnico, establecer una oficina de trabajo y cubrir el sueldo de los miembros de su CPC, y por esta falta de resultados llegó a pensarse incluso que tenían algún tipo de interés político en evitar que avanzaran los trabajos de sus SEA.

Existen muchos casos para conocer detalles interesantes sobre la instalación e inicio de operaciones de los SEA, las cuales han ayudado a formarnos una opinión que va más allá de los datos sobre los resultados generales que se habían proyectado alcanzar. Ante ese tipo de anécdotas, las cuales se repiten en varios estados, pareciera que los altos niveles de corrupción e impunidad que imperan en el país, alcanzaron a la propia estrategia que nos planteamos para enfrentar la corrupción, reflejado esto en instrumentos normativos desvirtuados en aras de debilitar a los sistemas desde su diseño, en autoridades anticorrupción cooptadas por redes de intereses políticos, en la nula o reducida asignación de presupuesto a las instancias en la materia por parte de los congresos locales, o en la impericia, intencionada o no, de algunas Secretarias Ejecutivas para ejercerlo.

Desde la sociedad civil estamos trabajando para determinar qué método sería adecuado para captar de una manera formal aquellos aspectos cualitativos, de carácter coyuntural, que nos permitan formular un diagnóstico más certero sobre los SEA, el cual vaya más allá del panorama que se desprende de la lectura de los datos sobre los resultados generales.

Necesitamos indagar cómo podemos fortalecer al SNA, hacer recomendaciones orientadas a mejorar el funcionamiento de los SEA, a partir de los diagnósticos individuales que formulemos sobre éstos. Vale la pena aclarar lo anterior, pues teniendo como telón de fondo la coyuntura política actual, debemos evitar que se inicie un discurso que incite a la modificacion de los fundamentos del Sistema, lo cual abriría paso a su captura desde el nuevo régimen o, incluso, a su desmantelamiento. Como se refirió al inicio de este texto, el SNA es la estrategia que como sociedad nos hemos dado para combatir la corrupción, y por este motivo, buscaremos impulsarla para que opere tal y como la conceptualizamos.

* Isaak Pacheco Izquierdo es investigador de temas anticorrupción en el think tank Ethos Laboratorio de Políticas Públicas.

 

 

Los instrumentos jurídicos a armonizarse en todos los estados del país son: Reforma a la Constitución Local, Ley Estatal Anticorrupción, Ley de Responsabilidades Administrativas, Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, Reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía, Reforma al Código Penal, Reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal y Ley de Extinción de Dominio. Respecto a su armonización, véase aquí el documento.

Los tres órganos colegiados a instalarse y las tres autoridades de instancias unitarias a designarse en todos los estados del país son: Comisión de Selección, Comité de Participación Ciudadana, Comité Coordinador, Secretaría Ejecutiva, Fiscal Anticorrupción y Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa. Respecto a la conformación de la estructura rectora de los SEA, véase aquí el documento.

Los 8 estados cuyas Secretarías Ejecutivas de sus sistemas anticorrupción, están pendientes de asignación presupuestal para el ejercicio fiscal 2019, son: Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, San Luis Potosí, Campeche, Morelos, Sinaloa y Tlaxcala. Esta información fue obtenida por Ethos a partir de una solicitud de información formulada a la SESNA.

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