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México, hablemos de política energética
México forma parte del top 10 de los países más contaminantes; por ello es necesario cuestionarnos la política energética que impulsará el actual gobierno.
Por Blog Invitado
19 de diciembre, 2018
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Por: Aleithya Morales (@aleithya_md)

Después de escuchar el discurso en la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador, en el que no hizo mención al cambio climático y sí al apoyo hacia la industria basada en combustibles fósiles, ¿cómo imaginar a México en el 2030? Es claro que estas decisiones requieren un análisis particular de más profundidad, pero por la relevancia que tiene el primer discurso del nuevo presidente se deja claro que la parte climática no tiene la presencia necesaria que en estos tiempos se requiere. 

Mientras se lleva a cabo la COP24, la principal cumbre para tratar temas referentes al cambio climático, México se encuentra en una transición política en la que se están tomando las decisiones que nos acercan o nos alejan de cumplir con los objetivos del Acuerdo de París.  Bajo este escenario, es importante pensar en el país que queremos. 

Entre la posibilidad de escenarios, no es difícil imaginar un México futurista en el cual persiste una mala calidad del aire y seguimos dominados por una movilidad basada en autos de motor de combustión interna. Del otro lado de la moneda, está un país líder en energías renovables y sin pobreza energética, siendo un ejemplo de políticas innovadoras frente al cambio climático.  Las decisiones que se tomen hoy serán las bases del México que tendremos en el futuro. 

Reducir emisiones, la meta de México

El reporte más reciente del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) resaltó la necesidad de acelerar las acciones para reducir los impactos del cambio climático. Dicho documento concluye que será necesario reducir para 2030 un 45% de las emisiones de CO2 a nivel internacional, con el objetivo de mantener el incremento de la temperatura por debajo de los 1.5°C.  Frente a este escenario, es necesario cuestionar si las políticas climáticas que se aplican en México nos posicionan en el conjunto de países que realizan acciones para reducir la emisión de gases de efecto invernadero.

Actualmente, México genera el 1.68% de las emisiones a nivel global. Aunque pareciera una cantidad mínima, comparada con China que ocupa el primer lugar con  26.83% o Estados Unidos, el segundo lugar, con 14.36%, lo cierto es que formamos parte del top 10 de los países más contaminantes; es decir, que aportan el 73% de las emisiones en el mundo, según el Climate Data Explorer del WRI.

Frente a este reto, es necesario cuestionarnos la estrategia en política pública que impulsará el actual gobierno y si ésta garantizará la reducción del impacto medioambiental. Ante esta necesidad, debemos hablar de un protagonista incomprendido:, la política energética. Su relevancia radica en que el sector energético a es el principal responsable de la generación de emisiones; pero no sólo eso, una política energética bien diseñada impacta en áreas de desarrollo y crecimiento económico,incluyendo la climática.   

Por ejemplo, un tema muy recurrente es el precio alto de los combustibles. Es cierto que si no se generan políticas de apoyo, la economía de las familias puede verse afectada. Es por ello que se requiere promover que las empresas dependan más de energías renovables y menos del petróleo, de esta manera el efecto tan temido por la inflación podría reducirse. Además, bajo este escenario actual, , es relevante identificar a qué familias se les afecta más. Si a aquellas que tienen más de 2 automóviles o aquellas que viajan en transporte público recorriendo las ciudades. Una política energética con una visión más equitativa y en apoyo a las familias de bajos recursos, sería impulsar un transporte 100% eléctrico que garantice mejorar la calidad del aire y mantener sus precios estables. 

Es por lo anterior, que se requiere retomar la discusión en la agenda pública para aportar nuevos elementos a la estrategia energética. Este conjunto de políticas tienen la característica de ser transversales, afectan y se ven afectadas por otras políticas y decisiones que se toman para otros sectores. En el lado climático, según datos de la Agencia Internacional de Energía, desde 1973 las emisiones en México mostraron un incremento paulatino, que llegó a su su punto máximo en 2012. A partir de entonces comenzaron a decrecer en 5%, hasta datos del 2014. 

Los principales factores que inciden en este aumento en las emisiones se relacionan con el crecimiento económico y el uso de combustibles fósiles en la generación de energía, según la misma Agencia. La Ley General de Cambio Climático, expedida en 2012, fue el primer esfuerzo por posicionar el tema en la agenda nacional, y permitió plantear objetivos y metas alineadas al Acuerdo de París. Además de este documento, la Reforma Energética de 2013 y la Ley de Transición Energética de 2015 marcaron un punto de inflexión en la reestructuración del sistema eléctrico y PEMEX, entre otros aspectos. 

A nivel internacional, estas reestructuraciones no son exclusivas de México; han sido pasos dados por otros países con el fin de hacer más eficiente el sector energético y cumplir con los objetivos de seguridad energética y ambientales, entre otros. Estas transformaciones, bien diseñadas, son un primer punto para facilitar la implementación de una transición energética necesaria para guiar el país hacia una economía baja en carbono.  

¿En 30 años lograremos la transición energética? 

Una transición energética es un proceso complejo y puede llegar a abarcar entre 20 y 30 años. Es decir, la sustitución de las fuentes de energía, en una visión reduccionista de todo lo que implica una transición energética, requiere políticas públicas que promuevan la inversión, adopción, y consumo de energía, entre otros factores. Este conjunto de políticas complementarias es clave para combatir las fallas de mercado y fortalecer a los nacientes nichos de tecnologías. 

Por ejemplo, en Alemania los planes y estrategias relacionados con la transición energética tienen una visión hasta el año 2050. Se han realizado acciones para acelerar la adopción de energías renovables, como la solar y la eólica, a partir de la decisión de cerrar  las plantas nucleares en el año 2022. Lo anterior, aunado a otros factores, generó la necesidad de reformar el sistema eléctrico y promover la participación de los hogares en la adopción de estas tecnologías. A pesar de que Alemania tiene una de las tarifas eléctricas más altas de la Unión Europea, logró acelerar su transición energética.  

Relacionado al ejemplo anterior, el factor de tecnología e innovación también es crucial dentro de la política energética. Las nuevas tecnologías han permitido destruir la idea de que el sector energético debía tener un comportamiento monopólico. Actualmente, la tecnología promueve la descentralización de la generación de energía y es uno de los principales retos para el marco legal y de implementación en los próximos años en el México. 

Por otro lado, los sistemas de comercialización de energía también están cambiando. Hoy hablamos de modelos de negocio que usan blockchain y criptomonedas para la compra y venta de electricidad. Por ejemplo, en el continente africano están naciendo startups bajo este esquema, transformando y democratizando el mercado eléctrico.

Es por lo anterior que se tiene que dejar de pensar en un modelo centralizado y contemplar las diversas posibilidades de generación y consumo de energía. Otro ejemplo es el modelo que se desarrolló en Brighton, Inglaterra, donde la sociedad  creó una cooperativa para financiar la implementación de proyectos de energía renovable en su ciudad. Es decir, los propios ciudadanos se han convertido en inversionistas de los proyectos locales y reciben un retorno económico por sus aportaciones. 

Este tipo de modelos generan una ciudadanía empoderada y proactiva en la transición energética. Al involucrar a las personas en el proceso de diseño, inversión e implementación, se genera confianza y se hacen visibles los beneficios de cambiar a energías renovables; no sólo en el sentido medioambiental, sino también económico. De esto se trata el impulso de la política energética. 

En el contexto de empoderamiento ciudadano, es necesario poner sobre la mesa el concepto de pobreza energética. De manera general, son las dificultades de las familias por satisfacer sus necesidades energéticas.  Recientemente, un estudio de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) resalta que 11% de los hogares en México vive en pobreza energética; es decir, 3.5 millones de viviendas.  

La relación entre desarrollo y energía es alta y afecta en el día a día de cada uno de nosotros. Por ello, se requiere una visión holística y evitar concentrarse en aspectos aislados como si no tuvieran un efecto social. Como se mencionó anteriormente, la política energética debe tomar mayor relevancia en la agenda pública; con la participación de sectores gubernamentales, académicos, empresariales, técnicos y de la sociedad civil, con el objetivo de construir una visión integral que contemple los efectos a corto, mediano y largo plazo de cada una de las decisiones que se tomen.  

Es necesario abrir el diálogo entre expertos, la sociedad y el gobierno para diseñar las políticas más adecuadas para un país que busca reinventarse. Establecer mesas de diálogo debe ser primordial en los próximos años, para escuchar las necesidades de la población y brindar información sobre las nuevas tecnologías, así como el efecto en la calidad de vida al mantener una economía basada en combustibles fósiles. A la par, se deben generar mecanismos financieros accesibles para todas las familias que busquen implementar tecnologías sustentables;por ejemplo, paneles solares. 

Los cambios políticos actuales representan una oportunidad para rediseñar el mediano y largo plazo de la política energética así como para evaluar las medidas que se llevaron a cabo en el pasado. No se pueden perder prioridades como la eficiencia energética, la innovación y la promoción de energía sustentable. Las decisiones del presente pueden afectar generaciones futuras y su calidad de vida; por ello,fomentar políticas energéticas sin contemplar sus efectos puede tener un costo alto para las próximas generaciones. La buena noticia es que un México proactivo y que sea ejemplo mundial en la mitigación del cambio climático, es posible.

 

* Aleithya Morales es especialista en política energética de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas.

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