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¿Necesitamos reformar para que un delito sea grave?
Si ponemos en la Constitución que un delito que sea considerado grave merece prisión preventiva automática, estamos haciendo que los fiscales queden en condiciones de ofrecernos sus acusaciones más débiles desde el punto de vista probatorio, para los delitos que más nos importan.
Por Blog Invitado
22 de enero, 2019
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Por: Roberto Hernández (@PresuntoC)

Es sumamente noble combatir la impunidad. Entre algunas de las propuestas para enfrentar la impunidad está la idea de reformar el texto de la Constitución para ampliar una lista de “delitos graves”. Es una idea equivocada que resultará en que aún más personas indefensas y pobres pisen la prisión, dado que nuestro sistema de justicia penal ya se distingue por tener éxito en sancionar con cárcel únicamente a los más débiles.

¿Qué se pretende con la medida y por qué es mala idea? Que un delito sea considerado “grave” en realidad significa que se le aplicará una medida extraña, única en el mundo quizás, conocida como prisión preventiva automática. Es una medida extraña porque en un país democrático, al Poder Legislativo le corresponde crear delitos, al Ejecutivo, acusar y al Poder Judicial, juzgar. El poder de juzgar incluye decidir si la persona acusada queda presa sin sentencia, o si puede llevar su juicio en libertad. A esto se le llama “prisión preventiva”. Diversas normas internacionales establecen que la cárcel como medida de prevención, debe ser excepcional porque es sumamente tóxica. Sabemos que no sólo separa y empobrece familias, sino que además sesga a los jueces en contra del acusado, y pone cómodos a los fiscales. Si ponemos en la Constitución que un delito que sea considerado grave merece prisión preventiva automática, estamos creando incentivos opuestos a lo que necesitamos. Estamos haciendo que los fiscales queden en condiciones de ofrecernos sus acusaciones más débiles desde el punto de vista probatorio, para los delitos que más nos importan.

Esta mala idea no es nueva. Desde hace décadas los legisladores insertaron en la Constitución esta norma, de origen autoritario, que permite violar la división de poderes, así entendida, desde la Constitución misma, y enviar a las personas, por el solo hecho de ser acusados, a una suerte de “prisión preventiva automática”. Así en el artículo 19 de la Constitución se insertó una lista, como la de Schindler pero al revés. Si aquélla tenía nombres y apellidos de presos a ser liberados en la Alemania Nazi, esta es una lista de delitos utilizada para encarcelar a miles de personas sin nombre. A esos delitos se les aplica la “prisión preventiva automática”. Quiere esto decir que un juez que recibe uno de los casos que están incluidos en esa lista, no tiene más remedio que mandar a la persona a prisión.

Al inicio de la presente legislatura, nuestros legisladores se unieron para discutir cómo reformar esa norma, que es autoritaria en la medida en que viola la idea de división de poderes y erosiona el Estado de Derecho. Viola la división de poderes porque en efecto significa que los legisladores, no los jueces, deciden quién va a la cárcel. En lugar de unir fuerzas para borrar esa aberración de nuestra Carta Magna, muy por el contrario, parece haber un consenso incluso para ¡ampliar! los delitos incluidos en la referida lista. Quien esté acusado de corrupción, o de cualquier delito incluido en la lista, tendrá prisión preventiva automática.

En la medida en que la lista de delitos se expande, el poder del Poder Judicial se contrae, porque el Poder judicial ya no puede decidir si quien está acusado de esto o aquello va a prisión preventiva. Simplemente, el juez tiene que acatar un mandato creado por legisladores. De prosperar esta iniciativa, se reformará nuestra Constitución –no para efectivamente combatir la corrupción o el huachicoleo o el robo en transporte público, por ejemplo– sino para erosionar nuestra libertad personal. Porque bastará que un agente de Ministerio Público cualquiera nos acuse de uno de estos delitos para que vayamos a la cárcel, sin importar las pruebas.

En México, desde siempre, primero encarcelamos y luego averiguamos. Una verdadera cuarta transformación consiste en hacer las cosas al revés. Primero investigar; luego arrestar. Primero acusar; luego juzgar; primero juzgar, luego encarcelar o punir. En ese orden. En nada ayuda a esa compleja misión el atar de manos al Poder Judicial. Si violamos este orden de cosas, los que primero irán a prisión serán, como siempre, los más pobres.

Todos sabemos que hay corrupción en los Ministerios Públicos ¿Por qué entonces reformar la Constitución para depositar en una institución corrompida el inmenso poder de encarcelar, sin control judicial? Las intenciones de todos son nobles. Hay que combatir la impundidad. Pero los métodos que ese están planteando agravarán el problema de la criminalización de la pobreza y no abonarán al combate a la impunidad.

La medida, además, es frívola dado que la prisión preventiva no deja de ser, de todas maneras, la medida cautelar predilecta de los jueces como se ve en el gráfico. Estamos a tiempo de rectificar. La reforma al Artículo 19 no tiene razón de ser porque la vasta mayoría de las personas sentenciadas llevaron su proceso en prisión preventiva, de acuerdo con datos de INEGI. Es decir, los jueces ya están enviando a prisión a la mayoría de la gente imputada por un delito. Por lo tanto, no necesitamos una reforma constitucional para que los legisladores le digan a los jueces quién debe ir a prisión. Muy por el contrario, necesitamos reducir el uso de la prisión preventiva e instalar alternativas para dejar de enviar a la gente detenida a la prisión.

 

* Roberto Hernández es Director del documental Presunto Culpable.

 

Este análisis fue posible, en parte, apoyo de la Fundación MacArthur brindado a la Asociación Civil “Abogados con Cámara”, que produjo el documental Presunto Culpable. El autor agradece el apoyo de Vianney Fernández y Lilian Chapa.

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