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¿Y los compromisos con la población LGBTI?
El presidente Peña prometió poner en marcha una serie de medidas para combatir la vulnerabilidad de la comunidad LGBTI y estos son los resultados.
Por Blog Invitado
8 de mayo, 2017
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Por: Ricardo Baruch D. (@baruchdom)

El 17 de mayo del 2016, en la residencia oficial de Los Pinos, el presidente anunció frente a decenas de representantes de organizaciones LGBTI que presentaría una serie de medidas para combatir la vulnerabilidad de las personas gays, lesbianas, bisexuales, transgénero, transexuales e intersexuales, y que impulsaría el matrimonio igualitario en todo el país, pero ¿qué ha sucedido a casi un año de distancia?

El evento que se realizó en el marco del Día Nacional (e internacional) contra la Homofobia provocó sorpresa en todos los sectores, ya que por primera vez un presidente encabezaba un evento relacionado con la diversidad sexual y, además, contaba con la participación de diversos secretarios de estado, incluyendo a los de Gobernación, Salud, Relaciones Exteriores y Educación.

Las propuestas incluyeron:

  • Hacer una iniciativa para que se reformara el artículo 4to. de la Constitución para permitir al matrimonio sin discriminación alguna y además, reformar el Código Civil Federal para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país.
  • Que la Secretaría de Relaciones Exteriores pudiera expedir pasaportes sin importar que las actas de nacimiento registraran cambios de la identidad sexo-genérica.
  • Que se identificaran las leyes federales, estatales y municipales que discriminan a las personas LGBTI.
  • Que México se uniera al Grupo Núcleo de la ONU para la promoción de los derechos de las personas LGBTI a nivel internacional.

Además, se dieron instrucciones al secretario de Salud de impulsar acciones por el bienestar de las personas LGBTI y al secretario de Educación de promover la formación inclusiva con la diversidad sexual. A CONAPRED se le instruyó hacer una campaña nacional contra la homofobia y además ayudar a facilitar las demás acciones con las diferentes secretarías.

Tres semanas después de que se hiciera tremendo anuncio en Los Pinos, hubo elecciones en 12 estados. El PRI perdió la gubernatura en 7 de ellos, en 4 lo hizo por primera vez: Veracruz, Quintana Roo, Durango y Tamaulipas. A pesar de que ya eran conocidas las historias de corrupción de Javier Duarte, Roberto Borge, Egidio Torre Cantú y demás mandatarios, los dirigentes del partido le achacaron la derrota electoral a las propuestas controversiales de Peña Nieto que, además del matrimonio igualitario, incluía ya la idea de despenalizar el consumo de cannabis en algunas circunstancias. Es decir, consideraron que la población de todos los estados se inclinó más por el PAN por “defender a la familia natural” y no por las fechorías cometidas por la mayoría de los gobernadores priistas salientes.

Al poco tiempo se formó el Frente Nacional por la Familia (FNF) que durante meses se movilizó en la mayoría de estados del país para presionar a autoridades locales y federales para defender a la familia conformada por un hombre, una mujer y sus hijos como único modelo aceptable de convivencia. Sus protestas fueron multitudinarias y llegaron a juntar a decenas de miles de personas en Ciudad de México, Guadalajara, Querétaro y otras capitales. Soltaron un gran cantidad de mentiras para confundir a la población, al grado que mucha gente en las marchas se oponía al aborto o incluso al divorcio, cosas que nada tenían que ver con la iniciativa presidencial.

La propuesta para que se reformara la Constitución y se diera entrada al matrimonio igualitario se presentó por parte de Presidencia en el periodo de sesiones que inició en septiembre, sin embargo para noviembre ya estaba derrotada y ni siquiera se discutió en el pleno de la Cámara de Diputados. El PRI no estuvo dispuesto a apoyar la iniciativa de Peña Nieto (cuestión que pocas veces se había visto antes) y todos sus integrantes en la Comisión de Puntos Constitucionales votaron en contra, con excepción del diputado Benjamín Medrano, abiertamente gay, y la diputada Ivonne Ortega. Se les unieron el PAN, el Verde y el PES. PRD y MORENA la apoyaron.

De esa forma quedó sepultada la iniciativa y se regresó el reflector a los estados que uno a uno han tenido que sacar adelante la recomendación de la Suprema Corte de permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Si bien la discusión sobre el tema ha continuado en algunos estados como Durango y Sinaloa, desde junio del 2016 no ha habido avances reales en ninguna entidad.

¿Y qué pasó con las otras propuestas de Presidencia?

La Secretaría de Relaciones Exteriores de inmediato hizo los cambios necesarios para que las personas trans puedan acceder a obtener un pasaporte al tener un acta de nacimiento rectificada. Sin embargo, el problema de raíz es que las personas trans no pueden obtener un acta de nacimiento acorde a su identidad de género fuera de Ciudad de México, que es la única entidad que ha legislado al respecto, lo cual debería ser un tema de discusión en cada estado. Además, la SRE hizo que México se uniera al Grupo Núcleo de la ONU que impulsa los derechos LGBTI a nivel internacional. En diversos espacios diplomáticos, particularmente en Nueva York y Ginebra, ya ha quedado claro que el gobierno mexicano se ha convertido un aliado de los temas de diversidad sexual.

El secretario de Educación, Aurelio Nuño, no pudo impulsar la inclusión de la diversidad sexual en el contenido temático en las escuelas ya que el FNF, entre sus múltiples mentiras, dijo que se buscaba imponer la “ideología de género” a los niños, por lo que la SEP tuvo que salir a decir que no se iba a cambiar nada, ya que los conservadores incluso querían echar de una vez toda la educación sexual para atrás. Nuño nunca estuvo dispuesto a reunirse con representantes de organizaciones LGBTI para discutir el tema, simplemente se cerró.

Por su parte, el secretario de Salud, Dr. José Narro, dio instrucciones para que se creara un Protocolo de Atención a personas LGBTI y se discutieran formas de eliminar la homofobia y transfobia de los servicios de salud. El Protocolo ya está avanzado y resulta particularmente relevante para las personas trans e intersexuales, que requieren de intervenciones especiales en salud. El documento será presentado en las próximas semanas y se espera que sea la primera de diversas acciones en el sector.

Por su parte, CONAPRED estará presentando pronto un glosario sobre diversidad sexual, una campaña nacional contra la homofobia y además la revisión de las leyes que discriminan a personas LGBTI.

Las promesas se cumplieron parcialmente pero, ¿por qué hay tanto descontento por parte de la población LGBTI como si no se hubieran cumplido en lo absoluto? 

El fracaso de la promesa más fuerte y visible, la reforma constitucional, hizo que el gobierno federal se viera débil ya que no pudo impulsar la iniciativa con diputados de su propio partido. Además, no mostró fuerza para defender su postura y, por lo contrario, el secretario de Gobernación, Osorio Chong, le prometió a líderes religiosos que no habría imposiciones con lo que pareció darles la razón respecto a su cruzada contra el matrimonio gay. Sin duda CONAPRED fue una institución que defendió la agenda, pero sin el apoyo de presidencia o de las secretarías de estado no pudo hacerle frente a la voz del FNF, de los obispos y de las diferentes iglesias evangélicas.

El mal cálculo político de lo que las propuestas de Peña Nieto implicarían hicieron que un tren que ya iba avanzando en muchos estados se detuviera por culpa de los conservadores que salieron a las calles como no se había visto en muchos, muchos años. El adoctrinamiento que intentó el Frente Nacional por la Familia también pasó a afectar al movimiento feminista, al de derechos sexuales y reproductivos, al de VIH e incluso al científico, ya que se planteó que en las escuelas se enseñe la teoría de la creación y no sólo la de la evolución para explicar la vida en el planeta.

Por otro lado, si bien las medidas propuestas por el presidente hace un año eran adecuadas, no significaron nuevas políticas públicas y tampoco se propuso la transversalización de la perspectiva de diversidad en las políticas existentes. Hubo avances en diferentes instancias del gobierno, pero se dan a cuenta gotas y sin un presupuesto real para implementarlas.

Mientras tanto, la violencia continúa contra la comunidad LGBTI, como el pasado mes de octubre en el que fueron asesinadas casi una decena de mujeres trans por todo el país; las expresiones homofóbicas y transfóbicas se multiplicaron en redes sociales; los estudiantes LGBTI siguen experimentando uno de los tipos de bullying más violentos en las escuelas; jerarcas religiosos siguen expresando que la homosexualidad es una enfermedad que puede ser curada. Y la lista continúa en los pendientes de la “agenda gay”.

Estaremos atentos de lo que suceda el próximo 17 de mayo, Día Nacional contra la Homofobia, para que esta vez la agenda cuente con una estrategia más sólida, acompañada de recursos suficientes para su implementación. Pero sobre todo, esperamos más firmeza del gobierno para defender el estado laico que claramente se vio amenazado el año pasado y que hizo que retrocediéramos varios años en la discusión pública sobre los derechos de las personas LGBTI.

 

* Ricardo Baruch D. es activista e investigador en temas de derechos humanos y salud. Integrante de la Red Gay Latino (@redgaylatino).

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