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¿Por qué México no ha cumplido con el Fondo Ambiental?
A pesar que México cuenta con legislación e institución de protección al ambiente, los cuerpos de agua del país presentan graves y tóxicos grados de contaminación, principalmente por las descargas residuales fuera de las normas ambientales de origen industrial, agropecuario y domiciliar.
Por Cuauhtémoc Osorno
5 de junio, 2019
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La Organización de las Naciones Unidas reconoce que las personas formamos parte de un ambiente natural del cual dependemos para nuestro desarrollo intelectual, moral, social y espiritual, y es tan esencial para nuestro bienestar que se ha declarado como un derecho humano, que en México cumple en este año dos décadas de haberse incluido en el Artículo 4 de la Constitución. Este 5 de junio se celebra el Día Mundial del Ambiente, pero ¿cómo está nuestro país en este tema?

Cada año, la Universidad de Yale publica un estudio que analiza las condiciones ecológicas de las naciones, por ejemplo la calidad de sus aguas y sus ecosistemas, y los resultados se muestran a través de su Índice de Desempeño Ambiental. México fue posicionado en el 2014 en el lugar 65, dos años después, en el puesto 67, y finalmente en el 2018, en el número 72, de 180 naciones evaluadas, lo que muestra un alejamiento constante de un desarrollo sustentable.

A pesar que México cuenta con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y con la Ley de Aguas Nacionales, además de instituciones como la PROFEPA y la CONAGUA, los cuerpos de agua del país presentan graves y tóxicos grados de contaminación, principalmente por las descargas residuales fuera de las normas ambientales de origen industrial, agropecuario y domiciliar. Un turbio ejemplo es el Río Atoyac en Puebla, donde debido a la negligencia de los tres niveles de gobierno, la Comisión Nacional de Derechos Humanos exigió a las autoridades cumplir con sus obligaciones enmarcadas en la ley, puesto que su omisión viola los derechos a la salud, al agua y a un ambiente sano. Incluso, por la persistente impunidad y la falta de atención al problema, se tuvo que llevar este caso ante el Tribunal Latinoamericano del Agua en dos momentos diferentes. Dicha instancia responsabilizó a los gobiernos mexicanos de la situación, pues considera que se favorece el interés privado por encima del social y de los derechos humanos.

En 2013, México tuvo un avance significativo con la aprobación la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, que objeta la reparación y compensación por los daños que se ocasionen al ambiente. Al igual, se establece como obligación de la SEMARNAT, la creación del Fondo de Responsabilidad Ambiental, que tuvo que haberse constituido y aprobado en conjunto con la academia y con la sociedad civil a principios del 2014. Pero, a más de cinco años de tal fecha, el Fondo no está en función y no existe información pública que muestre el estado de dicho mecanismo, por lo que tanto desde el Senado y la Cámara de Diputados se exhortó a la SEMARMAT y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a brindar informes para conocer la situación de su implementación.

Lo preocupante es que durante este lapso ocurrieron diversas contingencias ambientales en las que el Fondo pudo haber tenido una gran relevancia, como en el caso del derrame tóxico masivo provocado por la empresa minera Buenavista del Cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi en el 2014 y la más reciente el año pasado, en Tabasco, donde se reportó la muerte de hasta 60 manatíes, especie en peligro de extinción, debido a la contaminación de las lagunas que son su hábitat, tanto por las plantas de tratamiento de aguas residuales municipales, como el sector agropecuario y el de hidrocarburos, a cargo de PEMEX.

Cabe mencionar que en el último Informe de Rendición de Cuentas de Conclusión de la Administración 2012-2018 , la SEMARNAT no aclaró las razones por la que no se puso en marcha el Fondo de Responsabilidad Ambiental; ni siquiera fue mencionado en tal documento. Este escenario muestra cómo las instituciones de gobierno incumplen los mandatos de la ley con toda la impunidad, pues no existen responsables ni sanciones por tales omisiones, lo que además de repercutir en la sustentabilidad del país, también denota la falla de la normativa nacional para atender estas situaciones que vulneran las garantías individuales de la población.

La presente administración federal tiene un desafío enorme en materia de protección ambiental. Si se quiere lograr una transformación real en el país, tiene que ser un cambio verde e inclusivo, que contribuya a combatir el cambio climático, y que ayude a reducir la abismal desigualdad en nuestra nación. Se podrán alcanzar estos monumentales objetivos siempre y cuando el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 brinde la debida planeación y que los legisladores asignen el suficiente presupuesto para implementar coordinadamente las políticas ambientales en los tres niveles de gobierno. Gran responsabilidad tiene ahora el nuevo titular de la SEMARNAT, Víctor Manuel Toledo, para lograr una gobernabilidad ambiental en el país y garantizar a la sociedad mexicana el derecho a un ambiente sano.

* Cuauhtémoc Osorno es investigador anticorrupción especialista en gestión del agua de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas.

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