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Refugios: ignorancia criminal
La decisión de suspender el financiamiento a los refugios para mujeres violentadas es improvisada y criminal porque evidencia el abandono de la resolución de los problemas públicos por parte del Estado; condena y vuelve invisible el trabajo de las personas que atienden a las víctimas, y crea un incentivo perverso para que la práctica de la violencia doméstica continúe.
Por Blog Invitado
4 de marzo, 2019
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Por: Panambí Garcés (@panambicita)

Ante los cuestionamientos que revirtieron la suspensión de la convocatoria para la asignación de subsidios a los refugios para mujeres que sufren de violencia doméstica, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que todavía estaban definiendo la forma en que atenderían el problema, pero que una opción es hacer transferencias económicas directas a las víctimas.

Si bien esto se dio en una de sus populares conferencias matutinas, convertidas ya en la fe de erratas de las decisiones políticas del reciente gobierno y donde no parece haber responsabilidad de documentar nada de lo que sostiene el presidente, dicha declaración muestra la desafortunada definición de prioridades y recursos del gobierno de López Obrador, y sobre todo es de una improvisación e ignorancia criminal. Lo explico en tres razones fundamentales:

Primero, esa definición de prioridades y recursos es improvisada y criminal porque condena y vuelve invisible el trabajo de las personas que hacen de la atención a víctimas su profesión. En el ejercicio de ella proveen a las personas canalizadas trato humano que les conforta, una red de apoyo interpersonal que les permite tomar valor y construir autoestima; además de instrucción técnica o atención psicológica para poder reconstruir su vida más allá de la inmediatez y en ambientes más saludables.

No hay transferencia económica directa que cubra la protección inmaterial que brinda un refugio a una persona que ha sufrido de violencia.

Segundo, esa definición de prioridades y recursos es improvisada y criminal porque evidencia el abandono de la resolución de los problemas públicos por parte del Estado y el uso discrecional de los recursos en franco agravio a las poblaciones más vulnerables. No porque no existan espacios de la sociedad civil o en la resistencia feminista en dónde se realicen tareas de auxilio, cuidado y refugio sin el subsidio gubernamental, sino porque contrasta, por ejemplo, en el contexto de la reciente creación de una oficina encargada de la promoción del béisbol, con una asignación de recursos excesiva y fuera de toda planeación del desarrollo nacional.

Los recursos públicos deben ser prioritariamente para la resolución de los problemas públicos. La transferencia monetaria personal es una medida contraria a un Estado de derecho fortalecido, más apegada a un ejercicio del poder con base en caprichos y en el objetivo de integración de clientelas en lugar de la resolución de problemáticas sociales.

Tercero, esa definición de prioridades y recursos es improvisada y criminal porque crea un incentivo perverso para que la práctica de la violencia doméstica continúe. Desde la perspectiva económica más básica, con la propuesta medida de transferencias directas se hace rentable un problema que cobra vidas humanas todos los días.

Si bien las mujeres por lo regular antes de sufrir violencia física sufren primero violencia económica, las transferencias de ninguna manera resuelven el problema ni abonan a su autonomía, son una simulación. Si no existe una red de apoyo que les permita construir capacidades (psicológicas, emocionales, técnicas e incluso físicas) cualquier transferencia de dinero terminará comprando enseres electrodomésticos o cubrirá necesidades básicas para subsanar temporalmente su precariedad, pero no les permitirá reconstruir sus vidas en un ambiente libre de violencia.

El afán estéril por defender cualquier comentario que provenga del presidente, que en este sentido son producto de su absoluta ceguera ante los problemas de género, representa una complicidad, un abandono a la vida e integridad de las mujeres, y reduce a un problema de bandos la loable crítica a la definición de prioridades y recursos de un gobierno que también tiene que representarnos a nosotras.

El Estado tiene responsabilidad de erradicar la violencia más que de generar incentivos para que siga sucediendo y los refugios para mujeres en esa difícil situación deben ser una prioridad de salud pública y seguridad ciudadana.

 

* Panambí Garcés es politóloga por la FCPyS de la UNAM. Cuenta con estudios en análisis político por el CIDE y en conservación y restauración del arte por el MUNAL y la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía “Manuel del Castillo Negrete” del INAH. Especialista en análisis legislativo y desarrollo de políticas públicas. Ha sido asesora en los tres niveles de gobierno.

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