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Seguridad en México: 10 años después
Casos como los enfrentamientos entre bandas del crimen organizado por toda la ciudad de Reynosa, o la familia que fue atacada en la carreta a Puebla, solo alimentan la preocupación por la inseguridad y nos hacen esperar que no seamos los siguientes.
Por Blog Invitado
13 de junio, 2017
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Por: Guillermo Vázquez del Mercado

Hoy como hace una década, los homicidios, el secuestro, la extorsión y los robos siguen causando el mismo daño y sufrimiento a los ciudadanos. La forma en la que las autoridades gubernamentales entienden la seguridad y la participación ciudadanía es una parte importante del problema.

El artículo 2° de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que la seguridad pública es una responsabilidad de los tres órdenes de gobierno. Las autoridades gubernamentales han centrado esta responsabilidad en un esfuerzo para mantener las cosas en paz y para lograr que en el territorio que gobiernan se vive bien y con tranquilidad. A través de patrullajes motorizados, cámaras de video-vigilancia, armas y el mayor número posible de policías, las autoridades locales y estatales buscan tener capacidad de reacción para controlar aquello que desordena y altera la paz (desde enfrentamientos entre bandas de crimen organizado, hasta robos en vía pública o disputas vecinales), sin importar cuáles podrían ser las causas que lo originan y cuáles otros actores podrían ayudar a resolverlo.

10 años después, los resultados de este enfoque son magros. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización (ENVIPE, 2016) la inseguridad continúa siendo el problema que más preocupa al 60 % de los mexicanos. Además, seguimos contando homicidios. Ya son tantos que las más de 200 mil personas que han sido asesinadas son algo normal. También son ya cotidianas la víctimas de delitos (21.2 millones de mexicanos en promedio en los últimos seis años) y el sentimiento de inseguridad que invade al 70 % de los ciudadanos. Casos como los enfrentamientos entre bandas del crimen organizado por toda la ciudad de Reynosa o la familia que fue atacada en la carreta a Puebla solo alimentan esta preocupación y nos hacen esperar que no seamos los siguientes.

El 50 % de la gente sigue desconfiando de la policía, el ministerio público y los jueces, al tiempo que el porcentaje de delitos no denunciados (cifra negra) permanece por arriba del 90 %. No obstante, se reformó la Constitución para cambiar el Sistema de Justicia Penal (2008), se modificó la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2009) y se promulgó la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (2012). Actualmente, el Congreso discute tanto la iniciativa de Mando Mixto de la policía como la de seguridad interior para regular la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.

Además, se han destinado cuantiosos recursos públicos al problema de inseguridad. De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, durante el periodo 2008-2017, se asignaron un total de 1.7 billones de pesos. Esto implica un incrementaron real del 53.3 % a las clasificaciones de gasto Justicia, Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior y Seguridad Nacional. En este periodo, el rubro de gasto que más creció en términos reales es el de Readaptación Social con 398 %. Sin embargo, continúan las fugas de penales federales (Altiplano) como municipales (Culiacán) y masacres en penales estatales (Topochico en Monterrey,Nuevo León)

Seguimos y seguiremos viendo cifras como las anteriores por muchas razones. Primero, porque no existe una política pública sólida impulsada por las autoridades federales para reducir los homicidios. Será por ello que tan solo el año 2016 cerró con más de 20 mil homicidios y las cifras del primer cuatrimestre de 2017 indican que es muy probable que sea el año más violento en la década y que lleguemos al cuarto de millón de homicidios.

Segundo. Porque las autoridades estatales, en su mayoría, siguen sin asumir su responsabilidad en materia de seguridad pública aun cuando más del 90 % de los delitos pertenecen al fuero común. Además, las autoridades municipales, que son las más cercanas a los ciudadanos, también han sido incapaces de reducir la extorsión, el robo en el transporte público y en la vía pública, que son los delitos que la ENVIPE registra como los que más afectan a los ciudadanos.

Por último, las autoridades de los tres órdenes de gobierno siguen buscando el orden y la paz pública como el fin último del sistema de seguridad y justicia, en lugar de poner en el centro del sistema la seguridad y bienestar de nosotros los mexicanos.

Como una alternativa a este marco conceptual se presenta la seguridad ciudadana que busca focalizar la discusión en el bienestar y necesidades de las personas para que puedan ejercer su derecho a la vida, a ir a la escuela, a trabajar, al doctor y a divertirse, así como la libertad de transportarse y expresar sus ideas.

Su premisa principal es la proactivdad ante los problemas de inseguridad, al tomar en cuenta las necesidades de los ciudadanos y el entorno local. Para atenderlas, genera alianzas multisectoriales entre autoridades de los tres órdenes de gobierno, la sociedad civil, empresarios y la academia para trabajar de manera focalizada con base en necesidades específicas y con objetivos claros.

Sin duda el cambio conceptual es complejo y enfrenta retos como la falta de participación ciudadana y de la apertura de las autoridades para permitir la colaboración ciudadana en materia de seguridad. En México existen dos experiencias de participación y colaboración ciudadana, en particular de los empresarios, con la autoridad que han logrado resultados interesantes. Estas experiencias podrían guiar un cambio que permita dar un papel más relevante a los ciudadanos en los esfuerzos por mejorar

La primera es la Fuerza Civil de Nuevo León, que es una institución policial producto de la exigencia del empresariado regio a la autoridad estatal para que rindiera cuentas por el entorno de inseguridad en el estado. Como resultado, el gobierno del exgobernador Rodrigo Medina reorientó los recursos públicos y construyó de cero una nueva institución policial que pudiera contener a las bandas de crimen organizado.

Aun cuando el proceso de conformación enfrentó retos como el reclutamiento de oficiales, que requirió buscar y contratar personal del centro y sur de país porque muy pocos regios estaban interesados en formar parte de la policía, la Fuerza Civil es tal vez el único esfuerzo en México en el que una autoridad estatal asumió su responsabilidad en materia de seguridad.

La segunda experiencia es el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (FICOSEC) de Chihuahua es otro esfuerzo que encabezaron los empresarios de ese estado. Ante la ola de violencia que afectó ese estado en el año 2008, solicitaron a la autoridad estatal un impuesto de seguridad (0.5 % adicional al impuesto sobre la nómina) que permitirá construir el fideicomiso operado por ciudadanos. Así, desde hace más de seis años, el fideicomiso busca contribuir al desarrollo y financiamiento de políticas públicas de seguridad ciudadana y de capacidades institucionales; al fortalecimiento del estado de derecho y al desarrollo de intervenciones para prevenir las violencias que afectan seis municipios de Chihuahua.

Aunque la Fuerza Civil es una policía reactiva y de contención del crimen de alto impacto, es rescatable la decisión de la autoridad estatal por crear una nueva institución que ha recuperado algo de la confianza ciudadana en la policía, así como su capacidad para retomar su responsabilidad en seguridad. El FICOSEC, a través de sus actividades, ha contribuido de manera importante en la coproducción de seguridad al entablar un diálogo y trabajo directo con las autoridades estatales y municipales en beneficio de los ciudadanos que están en riesgo o son víctimas de violencia.

La seguridad pública es un concepto que comienza a mostrar sus límites como guía de las políticas púbicas dirigidas a proveer seguridad. La seguridad ciudadana, a través de la participación activa de diversos actores sociales en problemas específicos de seguridad, tiene el potencial para guiar políticas públicas para generar entornos más seguros. Sin duda el problema es complejo y llevará tiempo reducir la incidencia delictiva y sobre todo, la percepción de inseguridad de los ciudadanos. El proceso no será sencillo, principalmente porque ni las autoridades, ni los ciudadanos estamos acostumbrados a colaborar en materia de seguridad, pero creo que si no lo hacemos será difícil que en el 2027 tengamos resultados diferentes a los de hoy.

 

* Guillermo Vázquez del Mercado es Consultor en Seguridad Ciudadana.

 

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Inseguridad Pública (ENVIPE) 2016

  Consultada el 16 de abril de 2017 aquí.

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