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Sistemas estatales anticorrupción: ¿Qué los frena?
Asumir que combatir la corrupción depende de la voluntad de los políticos implicaría que no es parte de sus deberes como servidores públicos. Se ha fomentado una noción en el imaginario público que trae consigo grandes costos, una que da por hecho que los funcionarios actuarán de forma interesada e inclusive corrupta.
Por César Sánchez Gaona
11 de julio, 2019
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No se necesita de una opinión experta para saber que en México no hay suficiente “voluntad política” para combatir la corrupción. A nivel local, las autoridades no muestran señales reales de querer abatir el fenómeno, ni mucho menos un compromiso con los sistemas estatales anticorrupción.

Hay estados que todavía no cuentan con fiscalías que lleven casos de corrupción a tribunales, unos donde no se han instalado comités ciudadanos a cargo de vigilar la coordinación entre autoridades y proponer políticas anticorrupción, y otros dónde no hay Secretarías Ejecutivas que puedan gestionar recursos para llevar a cabo estas tareas.

En Ethos nos dimos a la tarea de documentar las resistencias principales que enfrentaban los sistemas de 10 entidades: Baja California, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz. Sin duda, hay una gran diversidad de factores y ninguna realidad local es idéntica a otra. No obstante, la intervención y obstaculización por parte de los gobiernos y congresos estatales es un factor en común en prácticamente todos los casos.

¿Cómo se ve la obstaculización?

La primera traba que enfrentan los sistemas es el letargo para la promulgación de leyes y nombramientos necesarios. En Chihuahua y Nuevo León, los congresos locales han postergado leyes que darían atribuciones a las auditorías para investigar al gobierno actual. Sin estos instrumentos, solamente pueden investigarse actos pasados y a exfuncionarios, lo cual solo fomenta el uso político del combate a la corrupción.

Ciudad de México y Chiapas han sido todavía más lentos, ya que sus legisladores han hecho lo posible para congelar la instalación de comités ciudadanos. Estos procesos fueron cuestionados por sus convocatorias con poca antelación, inflexibilidad para considerar perfiles, y opacidad en los criterios para no integrar los órganos de selección. En otros casos, se optó por seleccionar perfiles con cercanía a los propios legisladores o gobiernos, una clara apuesta por controlar la integración de los comités ciudadanos.

En otras designaciones, los legisladores tampoco actuaron a la altura de su encargo. Varios de los nombramientos para fiscales anticorrupción, auditores superiores, comisionados de transparencia y magistrados han sido cuestionados por la clara cercanía con grupos políticos y en ocasiones por la trayectoria profesional poco idónea de los nominados. La captura de estos puestos es casi total en Guerrero, mientras que en Tabasco con la llegada de un nuevo gobernador se vive una “reestructuración” con varios relevos de titulares.

Ya en la operación, estos factores no producen un sistema efectivo. Algunos comités no logran superar diferencias internas y llegan a un estado de inoperancia, como son los casos de San Luis Potosí y Baja California. Otros se enfrentan a autoridades omisas y opacas, renuentes a compartir información acerca de ciertos expedientes, o en el peor de los casos hasta ausentes por completo del sistema.

Por si todo lo anterior no fuese suficiente, los sistemas anticorrupción también sufren de asfixia económica a manos de las autoridades locales. En seis de los diez estados investigados, los sistemas recibieron reducciones presupuestales, que para Veracruz y Quintana Roo llegaron a ser superiores al 50 por ciento respecto a lo que se solicitó para el ejercicio de 2019. Mientras que en los otros cuatro estados, simplemente no se han asignado recursos.

Ya chole con la falta de voluntad

Caso tras caso documenta el claro desinterés para que los sistemas funcionen. Podríamos repetir la conclusión a la que siempre se llega y decir que es clara “falta de voluntad política”. Pero como bien señala René Moreno, integrante del comité de participación ciudadana de Chihuahua, ya no debe verse como un tema de voluntad, sino como desatención a responsabilidades públicas.

Asumir que combatir la corrupción depende de la voluntad de los políticos implicaría que no es parte de sus deberes como servidores públicos. Se ha fomentado una noción en el imaginario público que trae consigo grandes costos, una que da por hecho que los funcionarios actuarán de forma interesada e inclusive corrupta.

La expectativa debe ser otra.

No se trata de esperar que nuestros funcionarios sean ángeles, simplemente implica que asuman sus encargos con responsabilidad. Que desempeñen sus funciones para lo que fueron diseñadas.

Si fuese así, veríamos a un poder ejecutivo que prioriza que los recursos de programas gubernamentales lleguen a sus destinatarios finales y que las dependencias rindan cuentas, peso por peso. En ese caso, las contralorías llevarían a cabo una fiscalización seria, en vez de encubrir mediante su omisión o complicidad.

Veríamos a un poder legislativo interesado en utilizar a su brazo fiscalizador, las auditorías, para vigilar de cerca al ejecutivo. Los congresos deben verse a sí mismos como salvaguardas de los recursos públicos, ya que son ellos quienes aprueban presupuestos a nombre de la ciudadanía que representan. De igual manera, deben interesarse por realizar nombrar gente capaz y profesional a puestos de importancia, y dar seguimiento al desempeño de los órganos reguladores y fiscalizadores. No hacerlo debería conllevar asumir un costo político en las urnas y en la opinión pública.

Veríamos un poder judicial preocupado por su eficiencia y apertura. Procurando de manera constante la transparencia y objetividad, para así asegurar al ciudadano que prevalece el estado de derecho. Lejos de utilizar su posición privilegiada para sacar beneficio propio, nuestras instituciones de justicia deben asumirse como un pilar garante de la salud de nuestra democracia y mandar señales que fomenten la confianza en nuestro sistema legal.

El cinismo y la resignación son regalos al statu quo. Actitudes que impiden que estas expectativas se transformen en exigencias, y que esas exigencias se conviertan en acciones. Por eso, cuando preguntamos qué frena a los sistemas estatales anticorrupción es importante plantear ¿quién es responsable de garantizar que se produzcan resultados reales? ¿quién debe dar seguimiento a su funcionamiento y traer a la rendición de cuentas cuando no vea avances?

Quienes son parte del problema tienen que ser parte de la solución. Podemos mejorar el diseño de los sistemas y procurar que se integren por perfiles idóneos, pero no será suficiente si no lidiamos con la falta de responsabilidad de nuestras autoridades para asumir su papel en el combate contra la corrupción.

* César Sánchez Gaona es especialista anticorrupción de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas.

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