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Tips de legalidad en el caso de Julian Assange (y para México de refilón)
La decisión de Ecuador de revocar el asilo a Julian Assange vulneró el Derecho Internacional de los Derechos Humanos porque ni los riesgos ni las amenazas a su vida cesaron.
Por Gilda García y Renata Demichelis
3 de mayo, 2019
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A las y los @Cypherpunks

Libertad de expresión para conseguir el cambio social. ¿Y si estorba el derecho a la política? A raíz de la detención irregular de Julian Assange, fundador de WikiLeaks, el pasado 11 de abril, se detonaron nuevos interrogantes. Imposible no relacionarlo con lo que sucede en nuestro país. En medio de tanta violencia, restricciones a las libertades y transgresión a los derechos, hemos desestimado la militarización del ciberespacio en la que ya estamos atrapados sin ser conscientes. Quizás no veamos los tanques y micrófonos ocultos en nuestras vidas, pero somos espiados. Algunos más que otros. Desde “la comodidad del hogar”. Hoy por hoy, Google sabe más de nosotros que nuestras madres. Vigilancia patrocinada por terceros. Terceros que podrían ser “cualquiera con poder”.

Julian Assange, hacker cibernético australiano, comprendió esto desde que era un adolescente. Para algunos es un defensor de la libertad de expresión y para otros, un “terrorista tecnológico”.

La trayectoria personal y profesional de Assange se ha visto trastocada por un fenómeno sumamente deleznable. Un “hacer”, por decir lo menos, peligroso, del que históricamente siempre se ha echado mano y que en nuestro México también preocupa. Se trata de la manipulación del Derecho al servicio de la política; de los riesgos y las implicaciones que conlleva desatender la ley bajo argumentaciones varias, como podría ser “que la justicia y la ley no siempre coinciden”, para vulnerar las normas.

La biografía de Julian Assange y la forma en la que ha logrado poner en jaque a los servicios de inteligencia más poderosos del mundo es sin duda interesante. Él y sus compañeros #Cypherpunks, principalmente Jacob Appelbaum (@ioerror), Andy Müller-Maguhn (@mueller-maguhn) y Jérémie Zimmermann (@jerezim), han sufrido en carne propia el acoso, la intervención, las amenazas e incluso la criminalización. O al menos, vamos a decir, las conductas irregulares de distintas instancias judiciales del mundo, principalmente de Estados Unidos, a raíz de sus descubrimientos de criptografía, filtraciones derivadas de WikiLeaks y otros proyectos relacionados que han apoyado a activistas medioambientales y pro derechos humanos.

Las innumerables actuaciones que han inculpado a Assange en distintos delitos y que hoy lo tienen al borde de la deportación a Estados Unidos, bajo la amenaza de la pena de muerte, obedece a varias transgresiones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Nos detendremos en la revocación del asilo por parte de la Embajada Ecuatoriana.

El controvertido asilo de Assange recibido desde 2012 estuvo apoyado en la Convención sobre Asilo Diplomático, de la cual Ecuador es parte desde 1954. Atendiendo a dicho ordenamiento internacional, le fue otorgado el asilo por motivaciones o delitos políticos, siendo la protección de los derechos humanos de Assange motivación suficiente para justificar la concesión de esta recurrida figura jurídica. Es decir, al concederle el asilo se reconoció que su vida estaba en riesgo. Los impases diplomáticos durante el asilo de Assange dan para muchas horas de cafés. Más de una vez existieron intentos del Reino Unido de entrar por él a la Embajada Ecuatoriana, sin embargo, sería tan criticada esta osadía por la comunidad internacional y tan evidentemente contraria a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que se mantuvo, digamos, en una “guerra de baja intensidad” que muchos temíamos que terminaría por reventar.

Y así fue. El pasado 11 de abril amanecimos con la noticia de que la Embajada de la República Ecuatoriana en Londres revocaba el asilo político de Julian Assange y la concesión de la nacionalidad ecuatoriana. El presidente Lenin Moreno salió ante medios a justificar su actuación apoyándose en un comportamiento similar al de “un niño mal portado, extravagante y caprichudo”. A decir del presidente ecuatoriano, había faltado al respeto a los agentes de la Embajada; había participado, vía internet, en el proceso independentista de Cataluña, y en ventilaciones públicas poco cómodas para el presidente, relacionando a la familia de este con empresas offshore. Lo acusaba también del mal uso que hacía de las instalaciones, -“embarrando caca en las paredes”, patinando en ropa interior, haciendo fiestas, etc. En definitiva, comportamientos que “lo tenían ya cansado”, acabando con la paciencia de las autoridades ecuatorianas que lo tienen desde entonces encerrado en una prisión de alta seguridad de Belmarsh, sureste de Londres. Condenado además por otro tribunal británico, por violar las condiciones de su libertad condicional, a cumplir 50 semanas adicionales de prisión “en lo que se resuelve su extradición a Estados Unidos”.

Lenin Moreno justificó su decisión en un supuesto respaldo social, que dicho sea de paso choca con las manifestaciones de apoyo a Assange que se han vivido desde entonces en Ecuador y en el mundo. El presidente ecuatoriano “fundó” su determinación en Convenciones Internacionales y en un protocolo firmado entre las partes, y lo “motivó” en “la permanente intromisión política de Assange en asuntos políticos de otros países”.

Sin embargo, justificado como haya podido el presidente Lenin Moreno, la realidad es que dicha decisión vulneró el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La revocación del asilo NUNCA puede ser arbitraria, según lo señala también la Opinión Consultiva OC-25/2018 sobre Asilo Territorial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso de Assange, ni los riesgos ni las amenazas a su vida cesaron, lo que justificaría la revocación del asilo. Por el contrario, su inminente deportación a Estados Unidos nos hace temer tanto por la vida de Assange como por su integridad física, pues las prácticas de tortura infligidas por autoridades norteamericanas son ampliamente conocidas. Incluso, han sido denunciadas por el exRelator Especial de Naciones Unidas para la Tortura, Juan E. Méndez (@JuanErnestoMendez), particularmente en el caso de Chelsea Manning (@xychelsea), acusada de filtrar documentos clasificados de la guerra de Afganistán a WikiLeaks.

¿Dónde queda la legalidad frente a las justificaciones políticas? Por este camino jamás se ha llegado a ningún destino seguro. Hoy más que nunca ni en México, ni a nivel internacional, ante la tentación de “acomodar las normas al gusto” debe manipularse la legalidad.

* Gilda Ma. García Sotelo y Renata Demichelis Ávila pertenecen a Concordia, Consultoría en Derechos Humanos.

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