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¿Una milicia con perspectiva de género?
En proporción, es más común que las mujeres sufran una violación a manos del Ejército y la Marina que los hombres. Pero si como mujer te arrestan estas autoridades, puedes esperar muchas otras formas de violencia, en igual o mayor proporción que la violación.
Por Blog Invitado
12 de febrero, 2019
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Por: Estefanía Vela (@samnbk)

Esta semana en el Senado de la República se están realizando audiencias públicas para discutir la reforma constitucional que pretende modificar y facultar a la Guardia Nacional para realizar labores de seguridad pública. Si son similares a las que se realizaron en la Cámara de Diputados, uno de los puntos que va a surgir es el relativo al impacto que ha tenido la militarización en las mujeres. En este artículo, me gustaría hacer una revisión de lo que hasta ahora se sabe al respecto, en lo que a la persecución penal y a los homicidios se refiere.

Adelantándome a las conclusiones: existen, en particular, dos puntos a los que me gustaría llamar la atención.

Primero: en las audiencias que se dieron en la Cámara de Diputados, una de las ideas constantes que surgió es la de cómo la militarización ha tenido un impacto diferenciado entre hombres y mujeres. Y sí. El ejemplo de esto es el caso de la violación: según la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL), de las mujeres en prisión que fueron arrestadas por elementos de la Marina, el 41% fue víctima de violación, en contraste con el 5% de los hombres; mientras que, de las que fueron arrestadas por el Ejército, el 21% fue víctima de violación, en contraste con el 5% de los hombres. El impacto diferenciado existe, pero –esto es crucial– no es el único. Las mujeres también son torturadas de muchas otras maneras, aunque en proporción lo son menos que los hombres.

Lo que me lleva al segundo punto: si se analizan los datos no solo buscando diferencias entre hombres y mujeres, sino similitudes también, se podrá ver lo que para mí es una de las consecuencias más brutales de la “Guerra contra las drogas” en las mujeres: el impacto que tuvo en los homicidios. Fue justo a partir del 2007 que estos empezaron a aumentar. Más aún: cambiaron en forma y no solo en intensidad. Antaño, la mayoría ocurría en la casa; ahora, la mayoría ocurre en el espacio público. Hubo, además, un incremento drástico de los que fueron perpetrados con un arma de fuego, mismos que siguen patrones geográficos similares a los asesinatos de los hombres que, sabemos bien, están asociados a la “Guerra contra las drogas”.

Reconocer todo esto importa, no solo porque permite visibilizar la variedad de daños y costos que ha tenido esta estrategia en las mujeres. Reconocer esto importa porque dificulta creer que el “problema” de la militarización y las mujeres se va a resolver con “capacitaciones en perspectiva de género”, tal y como se propone en la Minuta de la reforma aprobada en la Cámara de Diputados. El punto no es tener una “milicia con perspectiva de género”, sino limitar y fiscalizar el poder militar.

Para que quede claro cómo es que llegué a estas conclusiones, presento, a continuación, diferentes datos sobre el impacto de la militarización en las mujeres en lo que a la persecución penal y los homicidios se refiere.

1. La persecución penal

Como se ha escrito ampliamente, el Ejército y la Marina –cuyos miembros se incorporarían a la Guardia Nacional– llevan años realizando labores de seguridad pública. Como parte de esas labores, han sido responsables del arresto de hombres y mujeres.

Si bien los datos sobre estos arrestos son escasos –sobre todo si se pretenden desagregar por sexo y ver su evolución a lo largo del tiempo–, existe una fuente que permite analizar cómo se ha desempeñado el Ejército y la Marina en este aspecto: la Encuesta Nacional sobre Población Privada de la Libertad (ENPOL), realizada por el INEGI en el 2016 a la población que entonces estaba en prisión. ¿Qué nos dice esta encuesta sobre la experiencia de las mujeres arrestadas por el Ejército y la Marina?

Primero: según la ENPOL, de la población carcelaria, los hombres representan el 94.1% y las mujeres el 5.1%. Cuando se desagregan los datos según la autoridad que realizó el arresto, sin embargo, resulta que, en proporción, un porcentaje similar de hombres y mujeres fueron arrestados por el Ejército y por la Marina: el 5.3% de los hombres y 4.6% de las mujeres fueron arrestadas por el primero y el 1.7% de los hombres y 1.6% de las mujeres fueron arrestadas por la segunda. Una vez que están en un escenario de arresto, en otras palabras, parece que las mujeres tienen probabilidades similares a las de los hombres de ser detenidas por el Ejército y la Marina.

 

Ahora, de las mujeres arrestadas por el Ejército y la Marina, ¿por qué delitos fueron recluidas inicialmente? Los que más sobresalen son posesión y comercio de drogas (30.89% y 38.94%, respectivamente), portación ilegal de armas (33.26% y 45.93%, respectivamente) y secuestro y privación ilegal de la libertad (27.37% y 22.22%, respectivamente), tal y como ocurre con los hombres. Esto, por supuesto, no debe sorprender considerando que fue precisamente para la “Guerra contra las drogas” y la “delincuencia organizada” que se intensificó el despliegue del Ejército y la Marina en el país. Como ha documentado la organización EQUIS Justicia para las Mujeres: una de las consecuencias de esta “guerra” ha sido precisamente el aumento en la tasa de encarcelamiento de mujeres por delitos de drogas (que para ciertos años crece incluso más rápido que la de los hombres).

Ahora: ¿en qué contexto se realizó la detención? ¿Fue durante o inmediatamente después de que las personas estaban cometiendo el acto por el que se les acusa? ¿Fue con una orden de detención? En general, el Ejército y la Marina son las autoridades que tienen los porcentajes más bajos de arrestos con orden de detención. Si se desagregan estos datos por sexo, sin embargo, destaca que los números son incluso más bajos para las mujeres, que para los hombres. Mientras que, por ejemplo, el 3% de los hombres arrestados por el Ejército lo fue con una orden de detención, el número baja a 1.3% para el caso de las mujeres. Por el contrario, es mucho más común que a las mujeres se las lleven del lugar en el que estaban o mientras caminaban, sin una orden de detención.

Cuando se les pregunta a las mujeres por qué están en prisión, de las que responden que es porque “cometí un delito”, los porcentajes más bajos corresponden a la Marina (19.6%) y al Ejército (23.7%). Por el contrario, de las que responden que es porque “dicen que cometí un delito”, el porcentaje más alto corresponde a la Marina (66.9%), seguido por el Ejército (64.9%), la policía judicial (57.7%), la federal (57.1%), la estatal (52.2%) y la municipal (45.5%).

Es imposible no conectar estos datos con el informe de Amnistía Internacional, Sobrevivir la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México (2016). En él, documentan casos en los que las mujeres simplemente estaban en sus casas o iban rumbo a ellas cuando elementos de las fuerzas armadas irrumpieron sus vidas, sin orden de detención alguna. Entran gritándoles por “el dinero” o por “la droga” y, en un cerrar de ojos, ya están detenidas. De los casos, no queda claro que había prueba alguna que justificara la detención. Si a esto se suman los hallazgos de Alejandro Madrazo Lajous, Jorge Javier Romero y Rebeca Calzada sobre miles de enfrentamientos entre autoridades y presuntos delincuentes –de los cuales solo el 1.9% fue resultado de una orden judicial–, la arbitrariedad parece endémica a sus labores.

Ahora: ¿cómo son, por lo general, los arrestos? ¿Hay violencia? En la gran mayoría de los casos sí, aunque la intensidad y el tipo varía según la autoridad.

En proporción, es mucho mayor el porcentaje de mujeres que afirman que la Marina usó fuerza física, armas no letales y armas de fuego para someterlas, en comparación con las otras autoridades. Sobresale también que, en proporción, el 6.92% y el 6.23% de las mujeres sufrieron disparos por parte del Ejército y de la Marina, respectivamente, cifras que sobrepasan a las de la Policía municipal (1.26%), estatal (2.41%), federal (2.59%) y judicial (2.19%). En otras palabras: si como mujer te arresta alguien del Ejército o de la Marina es mucho más probable que sufras distintas formas de violencia –incluso disparos–, que si te arresta cualquier otra autoridad.

Además de la violencia en el arresto, la ENPOL le pregunta a las personas si, entre el arresto y su puesta a disposición ante la autoridad competente (ministerio público o juez), la autoridad realizó o permitió que las personas fueran torturadas. Como puede verse, para las mujeres, la Marina no es solo la autoridad con las cifras más altas de violación, toda proporción guardada, sino también las más altas para sofocación, patadas, golpes, quemaduras, cortadas, descargas eléctricas y –otra vez– disparos. En violación, ataduras, sofocación, golpes, quemaduras, aplastamientos y cortadas, el Ejército ocupa el segundo lugar.

Sí: en proporción, es más común que las mujeres sufran una violación a manos del Ejército y la Marina que los hombres. Pero si como mujer te arrestan estas autoridades, puedes esperar muchas otras formas de violencia, en igual o mayor proporción que la violación.

El punto es ver ambos. Enfocarse en la violación revela, sin duda, la misoginia de las fuerzas armadas; pero ver todas las formas de tortura, en conjunto, revela que su forma de operar es la violencia. No se trata de autoridades que operan bien en todo con excepción de lo que a la violencia sexual se refiere. Son autoridades que recurren a la violación de una variedad de derechos, de forma mucho más común que cualquier otra autoridad.

Desde esta óptica, una vez más, puede verse que la militarización no solo conlleva el riesgo de que las mujeres sufran una violación durante el arresto, sino que impacta cómo, dónde, cuándo y por qué son detenidas en primer lugar. La arbitrariedad las afecta a ellas también. La tortura –más allá de la sexual–, también.

2. Los homicidios

Algo similar ocurre con los homicidios.

Tratándose de los homicidios en el país, la abrumante mayoría de las víctimas son hombres. De las 271,807 personas que fueron asesinadas entre el 2004 y el 2017, según los registros del INEGI, el 88.6% fueron hombres y el 10.96% fueron mujeres. Y, es importante reconocerlo, las maneras y los lugares en los que matan a los hombres y a las mujeres en el país sí presentan diferencias importantes.

Por ejemplo: entre el 2004 y el 2017, del total de hombres, el 66.1% fueron asesinados con un arma de fuego, mientras que, en mujeres, esta cifra asciende al 43.6%. En contraste, el 17.4% de las mujeres murieron por un ahorcamiento o ahogamiento, mientras que solo el 6% de los hombres murieron así. En proporción, también fue más común que las mujeres murieran a causa de un objeto cortante (18.3% vs. 14.6%), como resultado de una “agresión con fuerza corporal” (0.9% vs. 0.7%) y de un envenenamiento (0.7% vs. 0.1%). De los poquísimos casos registrados de muertes que son el resultado “de una agresión sexual con fuerza corporal”, el 87.5% de las víctimas fueron mujeres y el 12.7% fueron hombres.

En esta misma temporalidad, el 12.12% de los hombres fueron asesinados en la vivienda, mientras que el 31.67% de las mujeres fueron asesinadas ahí. Esto quiere decir que, por supuesto, también matan a los hombres en casa –y, en totales, son muchos más que las mujeres–, pero, en proporción, la probabilidad de que esto ocurra es menor a la de las mujeres.

Esto se relaciona con otro dato: si bien en la gran mayoría de los casos no se especifica si hubo o no violencia familiar, cuando sí se especifica, también existe una desproporción en contra de las mujeres. Mientras que en el 4.8% de los casos de las de mujeres –del total de homicidios de mujeres– se registró violencia familiar, en los hombres esta cifra asciende al 0.7% (entre el 2004 y el 2017). Y el 70% de estos asesinatos de mujeres, en los que se registró violencia familiar, ocurrieron en la vivienda (comparado con el 41.6% de los hombres).

En los casos en los que se registró violencia familiar y se registró, además, la existencia de un parentesco entre la víctima y el presunto victimario, también hay diferencias. Tratándose de las mujeres, entre el 2012 y el 2017 –que son los años para los que se tienen estos datos–, en el 53.75% de los casos, se tiene registrada a su pareja (un esposo, concubino o novio) o ex pareja como la presunta responsable. En hombres, las esposas, concubinas y ex parejas representan apenas el 5.83% de los casos.

Estas diferencias en los homicidios existen. Pero –aquí está el pero otra vez– también hay similitudes cruciales. Más aún, enfatizar solo las diferencias puede invisibilizar que, como mencioné al inicio de este artículo, los asesinatos de las mujeres cambiaron dramáticamente y que estos cambios coinciden –en intensidad y forma– justo con la “Guerra contra las drogas”.

Primero: como ocurrió con los asesinatos de los hombres, los de las mujeres comenzaron a aumentar a nivel nacional justo a partir del 2007, cuando la “Guerra contra las drogas” –lanzada por el entonces Presidente Felipe Calderón en diciembre de 2006– se empezó a intensificar. La tasa de asesinatos pasó de ser de 1.9 mujeres por cada 100,000, en el 2007, a 5.42 en el 2017.

Un segundo cambio tiene que ver con el espacio en el que ocurren estos asesinatos. Entre 1997 y el 2008, la mayoría ocurrían en la vivienda. A partir del 2009, sin embargo, esto dejó de ser así. Desde entonces, año con año, la mayoría de los asesinatos ocurren en la vía pública. Y si bien la tasa de ambos ha incrementado en la última década (como ocurrió también en el caso de los hombres), la que ha tenido el aumento más dramático es la de los asesinatos que ocurren en el espacio público.

Si se considera, por otra parte, los modos en los que estos asesinatos han ocurrido, puede verse que la mayoría son el resultado de un arma de fuego. Si se compara con, por ejemplo, los asesinatos que son resultado de un ahorcamiento o de un objeto cortante, puede verse, otra vez, que el incremento más dramático es el de los primeros.

Como ha señalado ya Carolina Torreblanca, de la organización Data Cívica, lo que tenemos ahora, en realidad, son dos fenómenos distintos, tratándose de los asesinatos de las mujeres: los que ocurren en casa, que persisten –y también han aumentado–, pero también los que ocurren en el espacio público, que son ahora la mayoría.

Estos dos fenómenos, como señala Torreblanca, tienen incluso patrones geográficos distintos. Y los que ocurren en el espacio público, de hecho, siguen un patrón geográfico similar a los de los hombres. Torreblanca va más allá y encuentra que, para el año 2016, entre más alta es la tasa de homicidios de hombres, mayor es la tasa de homicidios de mujeres en el espacio público, mientras que lo mismo no se sostiene para los que ocurren en la vivienda y en un contexto de violencia familiar. En otras palabras: ahí donde hay homicidios de hombres (la mayoría de los cuales son en la calle, con arma de fuego), podemos esperar homicidios de mujeres también en las calles, con armas de fuego, fuera del contexto de violencia familiar.

Ahora: que la violencia ha aumentado en el país en los últimos años, particularmente los homicidios, no está en duda. La disputa surge, más bien, en torno a las causas para este aumento. Esto es: ¿a qué se debe? Y dentro de la multiplicidad de causas que existen, la pregunta es: ¿qué papel ha desempeñado la militarización de la seguridad pública en este aumento?

Esta pregunta, como muchas personas han señalado ya, no es fácil de responder, por varias razones. Entre ellas: por la falta de datos. Pero con los datos que están disponibles, sí es posible saber que la presencia de las fuerzas armadas no solo no reduce la violencia, sino que la exacerba. Eso es lo que demuestra el análisis de la académica Laura Atuesta, del Programa de Política de Drogas del CIDE, que se enfocó en distintos enfrentamientos entre autoridades y presuntos delincuentes que ocurrieron entre 2006 y 2011. En sus palabras: un enfrentamiento adicional entre las autoridades y presuntos delincuentes “en un municipio promedio incrementa la violencia en 6% en un periodo de tres meses y en 2% en un periodo de un año. Si el enfrentamiento tuvo participación de las fuerzas armadas, el efecto se incrementa a 8% y si tuvo participación específicamente de la SEDENA el número de homicidios a nivel municipal se incrementa en 9%”.

Dado lo analizado hasta ahora es muy difícil pensar que las mujeres no han sido afectadas por estas dinámicas. De nuevo: no sugiero que la militarización explica todos los asesinatos de las mujeres. Como mencioné: los que ocurren en casa en contextos de violencia familiar persisten. También existen aquellos que son perpetrados directamente por la delincuencia organizada. Pero de los datos existentes me queda claro que la militarización, por una parte, no ha contribuido a reducirlos y, por otra, todo indica que ha contribuido a que aumenten. 

¿Milicia con perspectiva de género?

Sé que la “Guerra contra las drogas” ha tenido muchas más consecuencias en las mujeres. Por decir lo menos: están las desapariciones –que también han aumentado en la última década y presentan algunas diferencias de género importantes, según han mostrado Data Cívica y FLACSO–. Y está el impacto que los homicidios y las desapariciones han tenido en las familias –y, específicamente, en las madres que buscan a sus hijos e hijas en un contexto en el que el Estado ni siquiera les puede garantizar la verdad–.

Mi punto, simplemente, es ver todas las violencias que han vivido las mujeres en el contexto de militarización y no solo las que presentan diferencias significativas con los hombres. Si las vemos en su totalidad, queda claro que no se cumple con los mandatos que impone la igualdad de género prescribiendo que la Guardia Nacional debe “capacitarse” en “derechos humanos y perspectiva de género”. El problema va mucho más allá de las capacitaciones y la “falta de sensibilidad” o de “conciencia de género”. La arbitrariedad, la violencia y la opacidad parecen ser endémicas a la operación militar y estos problemas no se arreglan con capacitaciones.

Lo ha dicho la académica del CIDE Catalina Pérez Correa: “el problema no es la falta de cursos, sino la vocación institucional”. Para qué están pensadas y entrenadas las fuerzas armadas: para combatir y eliminar “enemigos”, no para gestionar conflictos locales. Por eso quienes se oponen a la Guardia Nacional insisten tanto en la lógica y diseño militar como las fuentes del problema. Y por eso la reforma de la Guardia Nacional debe ser rechazada: porque al constitucionalizar la militarización de la seguridad pública, constitucionaliza una estrategia no solo fallida, sino brutal.

 

 

Dado que este texto está preocupado específicamente por el impacto de la militarización en las mujeres, no voy a reparar mucho en los datos referentes a los hombres. Aunque en este texto, que escribí junto con Carolina Torreblanca, puede verse el desempeño del Ejército y la Marina en los arrestos tanto de mujeres, como de hombres.

Estas son las proporciones que también pueden verse en los Cuadernos mensuales sobre estadística penitenciaria nacional, del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.

Los porcentajes no suman 100% porque hay personas de sexo “no identificado”.

Vale la pena revisar este artículo, de Ana Pecova, Directora de la organización EQUIS Justicia para las Mujeres, sobre las capacitaciones en género en el Poder Judicial. Ya en su ejecución, presentan una variedad de problemas y es otra área más que urge fiscalizar.

Aunque la llama una institución “civil”, la minuta aprobada en la Cámara de Diputados sigue proponiendo un cuerpo militar. Sus miembros no solo serán policías federales, sino navales y militares. La Guardia tendrá una Junta de Jefes de Estado compuesta por integrantes de las dependencias de los ramos de Seguridad, Defensa Nacional y Marina (o sea, dos terceras partes serán militares). Para las faltas y delitos contra la disciplina militar, los responsables de juzgarlos serán “las autoridades y tribunales militares que correspondan”. Y la dependencia del ramo de la Defensa Nacional será la que disponga de lo necesario para que la “estructura jerárquica, disciplina, régimen de servicios, ascensos, prestaciones, ingreso, profesionalización y el cumplimiento de las responsabilidades y tareas de la Guardia Nacional estén homologados a los que se aplican en el ámbito de las fuerzas armadas permanente.” Es, a todas luces, una institución militar.

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