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Construir en colectivo
Por Luis F. Fernández
Es Secretario Nacional de Movimientos en Movimiento Ciudadano. Es cofundador y exDirector Ejecuti... Es Secretario Nacional de Movimientos en Movimiento Ciudadano. Es cofundador y exDirector Ejecutivo de Nosotrxs. Lleva mucho tiempo clavado en entender y mejorar la relación ciudadanía-gobierno: desde la academia en temas de participación ciudadana y gobernanza; desde gobierno en el diseño de políticas públicas participativas, y desde sociedad civil en temas de organización comunitaria. Estudió Ciencia Política, Relaciones Internacionales y una Maestría en Administración y Políticas Públicas en el CIDE. Le va al Cruz Azul, aunque gane. [email protected] (Leer más)
AMLO vs los fideicomisos
Es claro que la propuesta del presidente no combate una supuesta opacidad o discrecionalidad, es sólo un pretexto para controlar y redirigir recursos que hoy no estaban en sus manos.
Por Luis F. Fernández
1 de octubre, 2020
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Hay tres ideas preocupantes detrás de la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, presentada a través del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Unión, para modificar 16 leyes y hacerse de 68 mil millones de pesos al eliminar 109 fondos y fideicomisos.

La primera idea es que, bajo el contradictorio objetivo de “eliminar la opacidad y discrecionalidad en el uso de recursos públicos y fomentar la transparencia”, desmantela la capacidad del Estado en áreas estratégicas de la ciencia y la tecnología (65 fondos CONACYT), de investigación académica rigurosa (26 fondos) y 18 fondos diversos. Los fideicomisos se crearon como un esquema independiente del control político con el fin de blindarlos de decisiones discrecionales, los cuales cuentan con mecanismos de vigilancia, transparencia y rendición de cuentas, además de que son fiscalizados. Eliminar los controles actuales, en sentido contrario, alimenta la opacidad y la discrecionalidad al perder los controles presupuestarios existentes y al transferir la decisión del gasto a otras manos mucho más discrecionales, las del presidente.

Entre los fondos y fideicomisos más relevantes en riesgo están los fondos mixtos comprometidos con las entidades federativas para ciencia y tecnología, fondos para la medición de la pobreza con CONEVAL (¿por qué quitar recursos a quien mide la pobreza?), fondos sustantivos para la sustentabilidad energética, fideicomisos y fondos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), del Colegio de la Frontera Norte (COLEF), de los centros aplicados en química, matemáticas, ciencias biológicas y hasta para investigación aplicada en temas de salud. Asimismo, hay otros fondos muy relevantes que se eliminarían como el Fondo para Desastres Naturales (FONDEN), el fondo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas (en el país con mayor riesgo en el mundo para ejercer estas profesiones), el Fideicomiso de Inversión y Estímulo al CINE (FIDECINE), el Fondo para el Cambio Climático, entre muchos más.

La segunda idea es la contradicción en los principios enarbolados y en las prioridades de gasto. Bajo el argumento de destinar más recursos para la salud, el gobierno decide mantener sus magno obras en medio de la crisis por la pandemia e invertir 160 mil millones de pesos en la refinería de Dos Bocas, 154 mil millones del Tren Maya o el aeropuerto de Santa Lucía por 78 mil millones de pesos. Sin embargo, sí toma la decisión de quitar recursos que afectarían gravemente derechos económicos sociales y culturales, necesarios para una vida digna y libre, como los recursos ya comprometidos en temas de seguridad social, salud, educación, alimentación, agua, vivienda, medio ambiente y cultura. De los fideicomisos en disputa, hay fondos dedicados a poblaciones vulnerables y en situación de riesgo como grupos de mujeres violentadas, migrantes e indígenas, adultos mayores, pacientes de enfermedades de baja prevalencia, personas defensoras de derechos y periodistas en riesgo. Cualquier afectación de esta naturaleza sería una violación de derechos humanos y ameritaría aplicar un control de constitucionalidad directamente.

La tercera idea es que, con esta decisión, Andrés Manuel profundiza la polarización con sectores que se mantenían neutros en el debate público. El apoyo que logró el presidente de grupos de defensores de derechos humanos pierde fuerza al desestimar la agenda de las víctimas y, ahora, por eliminar fondos para le reparación de víctimas; pierde legitimidad no sólo por impulsar una política energética con combustibles fósiles con inversiones multimillonarias, sino ahora por eliminar presupuesto para combatir el cambio climático y para la sustentabilidad energética. También pierde más por la profundización de la militarización y, ahora, por eliminar fondos para la seguridad pública. Es claro que la propuesta del presidente no combate una supuesta opacidad o discrecionalidad, es sólo un pretexto para controlar y redirigir recursos que hoy no estaban en sus manos.

Andrés Manuel juega a las vencidas. Nadie, absolutamente nadie, puede doblegar su voluntad impoluta. Quien ose contradecirlo y emprender una batalla frontal tendrá que medir sus fuerzas y apostar toda su capacidad, tiempo, esfuerzos y recursos para lograrlo. Me temo que, por la dimensión de esta decisión, habrá reta en las vencidas y este tema acabará en la Corte.

@luisffernandez

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