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Covarianzas
Por Javier Aparicio
Profesor del CIDE con interés en asuntos de economía política y métodos cuantitativos. Si dos... Profesor del CIDE con interés en asuntos de economía política y métodos cuantitativos. Si dos variables son estadísticamente independientes, entonces su covarianza es igual a cero, pero no al revés. Tuiteo rants, papers y grafiquitas. (Leer más)
Para entender la fiscalización de gastos de campaña 2012
Un problema serio de la regulación electoral vigente es que los topes de campaña para presidente, diputados o senadores no son realmente vinculantes porque los partidos pueden prorratear los gastos entre diversas campañas, diluir costos entre campañas locales o federales, o bien trasladar gastos de las campañas de candidatos de coalición hacia las de candidatos no coaligados.
Por Javier Aparicio
2 de julio, 2013
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Este martes 2 de julio se discutirá en el pleno del Consejo General del IFE el “Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos de Campaña” para presidente, diputados y senadores. En esta entrada del blog analizaré a grandes rasgos las cifras del dictamen con el fin de explicar cómo se fiscalizan los gastos de campaña, y otro tanto para señalar aspectos preocupantes del régimen de finanzas electorales en México

Los partidos políticos reciben financiamiento público para sus actividades ordinarias,  para gastos de campaña y otras actividades. En 2012, los siete partidos políticos recibieron prerrogativas por 5,142 millones de pesos, 3,361 mdp para actividades ordinarias y 1,680 mdp para gastos de campaña. La siguiente gráfica ilustra las prerrogativas que recibió cada partido político y los ingresos combinados de las dos coaliciones: Compromiso por México (PRI-PVEM) y Movimiento Progresista (PRD-PT-MC). La coalición PRI-PVEM tuvo prerrogativas de 2,081 mdp y la del PRD-PT-MC de 1,340 mdp. Los partidos también reciben ingresos privados (de simpatizantes y militantes, etc.) pero aún no contamos con tal información.

1financiamiento2012

Existen topes de gasto de campaña para cada candidato presidencial y para cada candidato a diputado o senador de mayoría relativa. El tope de gasto de campaña para Presidente en 2012 fue de 336.1 millones de pesos, y el de cada diputado de mayoría relativa de 1.12 millones de pesos. Si sumamos los topes de gasto para todas las candidaturas (1 presidente + 300 diputados MR + 32 fórmulas para senadores), resulta que el gasto máximo de campaña en que pudo incurrir un partido o coalición en el pasado proceso electoral fue de 976.9 millones de pesos. Como se aprecia en la gráfica, algunos partidos y coaliciones contaron con más recursos públicos de los que podían gastar en campaña, dados los topes de gasto.

La fiscalización de los gastos de campaña se realiza en varias etapas. Al término de las elecciones, los partidos entregan informes de campaña y la Unidad de Fiscalización (URFPP) del IFE los revisa y audita. En Febrero pasado se intentó dictaminar el gasto de campañas presidenciales, pero el Consejo General del IFE decidió esperar hasta tener el dictamen consolidado de todas las campañas: presidenciales y legislativas. La siguiente gráfica ilustra el gasto de campañas total reportado inicialmente por los partidos y coaliciones, el gasto final determinado por las auditorías de la UFRPP, y la sanción sugerida al Consejo General por las diversas faltas detectadas. A la Coalición PRI-PVEM se le detectaron gastos por 267 millones de pesos más de lo reportado, mientras que a Movimiento Progresista se le detectaron 287 mdp más. Como la coalición PRI-PVEM fue parcial, también se detectaron diferencias para cada uno de esos partidos por separado. La sanción sugerida por las irregularidades de las campañas del PRI y PVEM asciende a 203.4 mpd, y para la coalición PRD-PT-MC es de 182.7 mdp.

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Las sanciones se determinan por diversas razones: por no reportar o documentar ingresos o gastos, o bien por exceder los topes de campaña. El dictamen de la UFRPP es voluminoso precisamente porque tiene que documentar cada una de las irregularidades de forma o de fondo en que incurrieron los partidos. Es importante destacar que, aunque la fiscalización se realiza por cada candidato o campaña, las sanciones se fincan a los partidos políticos y no a los candidatos. Por ello, es incorrecto afirmar que “se multará a López Obrador” o “se exonerará a Enrique Peña”. Ahora bien, ¿qué tan severas son las sanciones sugeridas? La siguiente gráfica contrasta la sanción sugerida para cada partido con el financiamiento público que recibieron en 2012. En el caso del PRI, la sanción equivale a 9.3% del financiamiento público recibido en 2012. En el caso del PRD, PT y MC a 11.7, 14.9 y 16.3%, respectivamente, del financiamiento público recibido en 2012.

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La siguiente gráfica ilustra la composición de los gastos de campaña de cada partido o coalición según el tipo de candidatura. Una vez concluidas las campañas, los partidos pueden determinar cómo prorratear o asignar parte de los gastos de campaña (los llamados gastos centralizados) entre cada tipo de candidatura. En el caso de la coalición PRI-PVEM, los gastos de la campaña presidencial de Peña Nieto quedaron 5.6 millones por debajo del tope, mientras que sus candidatos legislativos excedieron el tope de gasto en más de 54 mdp. Por otro lado, los gastos de campaña de López Obrador resultaron 71.9 mdp por encima del tope, mientras que los gastos para diputados y senadores de la coalición progresista quedaron más de cien millones de pesos por debajo de los topes.

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Un problema serio de la regulación electoral vigente es que los topes de campaña para presidente, diputados o  senadores no son realmente vinculantes porque los partidos pueden prorratear los gastos entre diversas campañas, diluir costos entre campañas locales o federales, o bien trasladar gastos de las campañas de candidatos de coalición hacia las de candidatos no coaligados. Por ejemplo, la Coalición Movimiento Progresista pudo prorratear gastos entre 365 candidaturas (1 presidencial, 300 de diputados y 64 de senadores), mientras que la coalición PRI-PVEM pudo hacerlo entre 510 candidaturas (220 candidaturas en coalición parcial, 145 candidatos solo del PRI, y 145 candidatos solo del PVEM). Es preocupante que el marco legal de la fiscalización permita tanta holgura. Y no deja de ser extraño que los partidos de la coalición progresista no los hayan aprovechado.

 

 

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