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Cubil de Leones
Por Daniel Eilemberg
Daniel Eilemberg es fundador y presidente de Animal Político. Periodista, emprendedor y producto... Daniel Eilemberg es fundador y presidente de Animal Político. Periodista, emprendedor y productor. Daniel ha sido editor de las revistas PODER y Hispanic Magazine, y editor ejecutivo de la revista LOFT. También se desempeñó como editor de Page One Daily News, un newsletter diario dirigido a 40,000 altos ejecutivos a lo largo del hemisferio. En el 2008, Daniel produjo Operación Jaque: El Rescate de Ingrid Betancourt, para National Geographic Channel. El documental fue nombrado como el Mejor documental del año por los televidentes de NatGeo.  Desde el 2001 al 2005 Daniel vivió en Los Ángeles, California donde trabajó en el departamento creativo de los estudios de la Metro-Goldwyn-Mayer. Daniel realizo sus estudios Universitarios en Londres, Inglaterra. Nació y creció en Bogotá, Colombia. (Leer más)
El acceso a Internet, ¿un derecho?
Por Daniel Eilemberg
24 de mayo, 2012
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“Dado que la Internet se ha convertido en una herramienta indispensable para la realización de una serie de derechos humanos, la lucha contra la desigualdad, y un acelerador del desarrollo y progreso humano, asegurar el acceso universal a Internet debe ser una prioridad para todos los estados,” concluye un reporte de Mayo 2011 de las Naciones Unidas. El pliego petitorio leído ayer por integrantes del movimiento #132 me recordó ese reporte.

El acceso universal a Internet es una causa honorable y válida, que puede acelerar el desarrollo económico, político, social, cultural, educativo y tecnológico de México. Además, abriría el espectro de oportunidad a los sectores más marginales, y proveería de nuevas herramientas a los ciudadanos de zonas urbanas y rurales. Y como lo hemos visto en movimientos alrededor del mundo, de Tahir Square a Wall Street, facilita otros derechos, como la libertad de expresión.

Pero, ¿debería ser un derecho? Vint Cerf, uno de los padres del Internet, no lo ve así:

“Es un argumento que, a pesar de ser bien intencionado, pierde de vista un punto más importante: la tecnología es un facilitador de derechos, no un derecho en sí mismo. Hay un listón muy alto para que algo sea considerado un derecho humano. En breve, es algo que nosotros como seres humanos necesitamos para llevar vidas saludables y significativas, como vivir liberes de tortura y libres de conciencia. Sería un error poner una tecnología en particular en esta importante categoría, ya que con el tiempo terminaremos valorando las cosas equivocadas. Por ejemplo, en un momento de la historia, el no tener un caballo hacía más difícil ganarse la vida. Sin embargo, el  derecho importante a garantizar en este caso es el derecho a ganarse la vida, no el derecho a un caballo. Hoy en día, si se me concediese el derecho a tener un caballo, no estoy seguro donde lo pondría.

La mejor manera de caracterizar los derechos humanos es identificar los resultados que buscamos garantizar. Estos incluyen las libertades fundamentales como la libertad de expresión y libertad de acceso a la información – y éstos no están necesariamente ligados a ninguna tecnología en particular en un momento determinado. De hecho, incluso el informe de las Naciones Unidas, que fue aclamado ampliamente como una declaración del acceso al Internet como un derecho humano, reconoció que el Internet es valioso como medio con un fin determinado, no como un fin en sí mismo.”

 

Concuerdo con Cerf, más que con las Naciones Unidas. Si incluyésemos el acceso a Internet como un derecho, por qué no  incluir otras tecnologías, como el acceso a la telefonía móvil, o a un automóvil, que también pueden mejorar la vida de una persona.

Aún así, llevar el acceso a Internet a cada esquina y habitante es una causa importante, que todos los gobiernos del mundo se deberían proponer. No como un derecho, sino como una meta de desarrollo. Y para hacerlo, tanto la industria privada como el gobierno, deben hacer su parte.

El plan Vive Digital del gobierno de Colombia es un ejemplo a seguir. El gobierno del presidente Juan Manuel Santos se propuso multiplicar por cuatro el número de usuarios de Internet en el país en 4 años. El gobierno no garantiza el Internet como un derecho, pero entiende que: “hay una correlación directa entre la penetración de Internet, la apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), la generación de empleo y la reducción de la pobreza.”

El Acceso Universal está en el mejor interés del gobierno, y usando estos principios busca combatir las barreras para lograrlo:

  1. “El mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario”. Promover el desarrollo del sector privado para expandir infraestructura y ofrecer servicios.
  2. Incentivar de forma integral la oferta y la demanda de servicios digitales para alcanzar una masa crítica.
  3. Reducir barreras normativas e impositivas para facilitar el despliegue de infraestructura y oferta de servicios de telecomunicaciones.
  4. Priorizar los recursos del Estado en inversiones de capital.
  5. El Gobierno va a dar ejemplo.

 

Por supuesto, llevar redes a todo el país no es suficiente. El número de hogares en México que cuenta con una computadora aún está en la minoría. Pero el 98% de mexicanos adultos cuentan con dispositivos móviles, la gran mayoría con la posibilidad de accesar Internet. Es a través de éstos que México tiene su mejor oportunidad de brindar acceso universal a Internet.

Por desgracia, según estudios: “En México, 52.6 por ciento de las personas que tienen un teléfono móvil con acceso a Internet no ha usado este servicio porque lo considera caro ”. Esa es una verdadera pérdida de oportunidad para México. El acceso a Internet no es un derecho, pero sí lo son el derecho a la información y a la libre expresión. Su peor enemigo son la falta de competencia, la pobre inversión en infraestructura y los altos costos de acceso. La industria privada, a través de inversión en infraestructura y calidad en servicio; y el gobierno, reduciendo las barreras normativas que previenen la competencia, son responsables de garantizar estos derechos.

 

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