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Por Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir
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10 años de guerra: víctimización y miedo
Victimización, miedo, violencia, tortura sexual son las huellas de esta guerra contra el narco que cumple ya 10 años. En esta entrega hacemos una revisión de los impactos diferenciados para las mujeres.
Por Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir
2 de diciembre, 2016
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Por: Ángel Ruiz (@ruizangelt) y Rubén López

¿Qué pasa con una sociedad cuando la violencia se institucionaliza en un país durante una década? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Victimización, miedo, violencia, tortura sexual son las huellas de esta guerra contra el narco que cumple ya 10 años. En esta entrega hacemos una revisión de los impactos diferenciados para las mujeres.

México, a 10 años del inicio del Operativo Conjunto Michoacán (que da pie a la “Guerra contra el Narcotráfico”), las mexicanas y los mexicanos vivimos un escenario que apunta a una crisis institucionalidad. Tal como lo fundamenta Agamben, un “estado de excepción”. Un momento histórico parecido al periodo entre guerras, donde se sacrifican los derechos a la comunicación, la libertad y la asociación. El fin último de este sacrificio es la seguridad, al menos esa es la promesa.

Tres Indicadores empíricos: la generalización de escenarios de violencia, la asunción por parte de las Fuerzas Armadas de las labores de seguridad pública y la consonancia de los Tres Poderes de la Unión en torno a la figura del Poder Ejecutivo. La conjunción de los tres factores es brutal, la violencia en el país alcanza niveles epidémicos. Aún con cifras que hoy día parecen menores a las del 2014, una dimensión de estos niveles de violencia puede observarse en los siguientes mapas:

Figura 1. Equivalentes de asesinatos por entidad federativa con el mayor símil de país

Fuente: The Economist (2012). Murderous matches. Comparing Mexican states with equivalent countries.

Fuente: The Economist (2012). Murderous matches. Comparing Mexican states with equivalent countries.

 

Fuente: The Economist (2012). Murderous matches. Comparing Mexican states with equivalent countries.

El índice de muertes de varias entidades de la República equivale al de países como Ruanda (Nuevo León), Ucrania (Chihuahua), Madagascar (Sinaloa) y Guinea (Guerrero). Mientras que estas entidades tienen poblaciones similares a Uruguay (Chihuahua y Guerrero), Costa Rica (Nuevo León) y Mongolia (Sinaloa). Es decir, tienen el promedio de asesinatos de países drásticamente mayores con promedios de poblaciones de países radicalmente menores.

A manera de primera conclusión: la violencia que se vive es cuantitativamente superior a la que debería esperarse. Geográficamente, la expansión de la violencia también es un factor que resalta, como lo muestran Espinal & Larralde en un estudio reciente.

Figura 2. Mapa que representa relaciones entre topologías típicas de redes durante algunos meses

Fuente: Espinal-Enríquez, J., & Larralde, H. (2015). Analysis of méxico’s narco-war network (2007–2011). PloS One, 10(5), e0126503. Los puntos rojos son municipalidades que presentan al menos un hecho relacionado con el crimen organizado durante el mes. Dos puntos son ligados por una línea de color si la correlación entre ellas es mayor que el valor umbral fijo. Las figuras A) a D) representan a los meses de Noviembre de 2007; Agosto de 2007; Diciembre de 2008; y Julio de 2010, respectivamente (traducción propia).

Fuente: Espinal-Enríquez, J., & Larralde, H. (2015). Analysis of méxico’s narco-war network (2007–2011). PloS One, 10(5), e0126503. Los puntos rojos son municipalidades que presentan al menos un hecho relacionado con el crimen organizado durante el mes. Dos puntos son ligados por una línea de color si la correlación entre ellas es mayor que el valor umbral fijo. Las figuras A) a D) representan a los meses de Noviembre de 2007; Agosto de 2007; Diciembre de 2008; y Julio de 2010, respectivamente (traducción propia).

 

Las consecuencias de este fenómeno pueden ennumerarse así: 1) la creación de escenarios de conflicto y violencia en zonas focalizadas del país, 2) la exacerbación de conflictos violentos de periodos anteriores en la dinámica regional y 3) la distribución desigual de la violencia. A estas se suman consecuencias que, invisibles o invisibilizadas, es necesario señalar.

Consecuencias de las detenciones a mujeres en el México violento

El crimen organizado ha visto en la violencia sexual y la explotación del cuerpo ejercida hacia las mujeres un nicho de ganancias en la extensión de sus actividades, por lo que no sería novedad señalar los efectos por demás negativos que estas redes tienen en el desarrollo de la mitad de la población en México.

Los efectos negativos no sólo por parte del crimen organizado, sino que de manera preocupante podemos ver cómo se ven también reflejados en la acción punitiva del Estado.

Figura 3. Detenciones probables por delitos contra la salud (2006-2014)

Fuente: Elaboración propia con base en PGR (SEIDO), Solicitud de acceso a la información (Número de folio 0001700087414). Contempla el conglomerado de delitos contenidos en el Código Penal Federal (CPF), la Ley General de Salud (LGS) y la Ley General contra la Delincuencia Organizada (DO). Es de notar que la incidencia más baja de detenciones se da en el marco de la LGDO, y que el índice de letalidad  (número de civiles muertos por cada civil herido) es inversamente proporcional a las detenciones (cuanto más descienden las detenciones, más aumenta el índice de letalidad), por lo que es preciso indagar sobre la hipótesis de si la estrategia nacional de seguridad pública consiste en privilegiar el abatimiento de presuntos delincuentes sobre la detención de los mismos.

Fuente: Elaboración propia con base en PGR (SEIDO), Solicitud de acceso a la información (Número de folio 0001700087414). Contempla el conglomerado de delitos contenidos en el Código Penal Federal (CPF), la Ley General de Salud (LGS) y la Ley General contra la Delincuencia Organizada (DO). Es de notar que la incidencia más baja de detenciones se da en el marco de la LGDO, y que el índice de letalidad (número de civiles muertos por cada civil herido) es inversamente proporcional a las detenciones (cuanto más descienden las detenciones, más aumenta el índice de letalidad), por lo que es preciso indagar sobre la hipótesis de si la estrategia nacional de seguridad pública consiste en privilegiar el abatimiento de presuntos delincuentes sobre la detención de los mismos.

Claramente, las mayores detenciones se dan en hombres. Si se analizan a detalle las detenciones por delitos contra la salud atribuibles al crimen organizado, encontraremos que aún cuando las detenciones van a la baja (de 2007 a 2014 se observa un descenso considerable), la relación hombres-mujeres muestra un aumento de detenciones a las mujeres reflejado un repunte del 5.9 % en 2006 a 8.49 % en 2014 (hasta marzo de ese año).

Vale cuestionarse si estas detenciones están relacionadas con situaciones de pobreza, precariedad o explotación relativa a la trata de personas o la transportación de narcóticos, es decir, a delitos cometidos por mujeres de manera forzada y, en última instancia, determinar si son arbitrarias o no.

La duda cabe, pues como es sabido la tortura es una práctica frecuente y alarmante sobre todo cuando la persona detenida se encuentra en algún caso de indefensión. En el periodo analizado (los últimos 10 años), numerosos organismos de derechos humanos han señalado con preocupación el aumento de la tortura, siendo específicos en la cada vez más recurrente práctica de la tortura sexual.

La tortura sexual, las mujeres y la guerra

Según el informe Tortura sexual en México. Contexto, prácticas e impactos de 2015, 75 de cada 100 mujeres han sufrido torturas físicas en detenciones, 33 de las cuales manifestaron haber sido violadas. El mismo informe indica que en 2013 y 2014 se duplicaron las denuncias por tortura en el ámbito federal. Desde el 2004, el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad tiene documentados 504 casos de tortura, de los cuales 154 son mujeres. De ellas, 57 manifiestan haber sido víctimas de tortura sexual. El mismo CCTI señala que el repunte de casos se da a partir de 2007.

De acuerdo con los Resultados de la Primera Encuesta realizada a Población Interna en Centros Federales de Readaptación Social (2012), elaborada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) el “27.8 % de las mujeres que reporta golpes afirma que fue víctima de violencia sexual, frente a 6.2 % de los hombres que reporta esta misma conducta por parte de las autoridades”.

Aunado a lo anterior, la expresión de este fenómeno ha sido señalado por la Relatora sobre la Violencia contra la Mujer, Rashida Manjoo, desde 2011. En este informe sobre Tortura Sexual en México se señala que existen roles atribuidos a las mujeres que, en caso de detención, derivan en tortura sexual. Es decir, que la violencia cotidiana de una cultura machista y misógina tiene mecanismos simbólicos para reproducir en los órganos garantes de la seguridad pública (Ejército y cuerpos policíacos) conductas que derivan en trabajos forzados, humillaciones y abusos verbales, expresiones amenazantes de violación “disfrazadas de dar placer”, e incluso en “el uso de la tortura contra las mujeres que puede tener como objetivo amedrentar e incidir en la voluntad de los hombres que las acompañan”. Todo esto ha dado lugar a la creación de protocolos como Mujeres privadas de libertad: una guía para el monitoreo con perspectiva de género, elaborado por la Asociación para la Prevención de la Tortura.

Victimización y miedo en tiempos de guerra

Numerosos análisis han mostrado que la política de seguridad con la que terminó el expresidente Felipe Calderón (misma que tuvo fluctuaciones en su periodo) es la que ha continuado Peña Nieto a lo largo de su gestión. Dicha política ha delineado un clima generalizado de violencia en el país que tiene consecuencias claras respecto del volumen de las víctimas (de asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzados, etc.), así como de la victimización de las personas que viven (vivimos) estos procesos históricos.

Si bien es cierto que el volumen de las víctimas que derivan directamente de la inclusión del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública es mayoritariamente masculino, la creación de un clima de violencia repercute de manera específica en la vida de las mujeres, como puede observarse en la siguiente figura. Cabe resaltar que para análisis más finos en función del género y la violencia en los últimos diez años se complica de manera importante debido a que el Secretariado Nacional de Seguridad Pública no muestra los datos desagregados por edad y género, faltando así a la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (art. 12, apartado V).

Figura 4. Víctimas de delitos seleccionados relacionados con narcotráfico (2012-2015)

Fuente: Elaboración propia con base en PGR (SEIDO), Solicitud de acceso a la información (Número de folio 0001700087414). Contempla el conglomerado de delitos contenidos en el Código Penal Federal (CPF), la Ley General de Salud (LGS) y la Ley General contra la Delincuencia Organizada (DO). Es de notar que la incidencia más baja de detenciones se da en el marco de la LGDO, y que el índice de letalidad (número de civiles muertos por cada civil herido) es inversamente proporcional a las detenciones (cuanto más descienden las detenciones, más aumenta el índice de letalidad), por lo que es preciso indagar sobre la hipótesis de si la estrategia nacional de seguridad pública consiste en privilegiar el abatimiento de presuntos delincuentes sobre la detención de los mismos.

Fuente: Elaboración propia con base en PGR (SEIDO), Solicitud de acceso a la información (Número de folio 0001700087414). Contempla el conglomerado de delitos contenidos en el Código Penal Federal (CPF), la Ley General de Salud (LGS) y la Ley General contra la Delincuencia Organizada (DO). Es de notar que la incidencia más baja de detenciones se da en el marco de la LGDO, y que el índice de letalidad (número de civiles muertos por cada civil herido) es inversamente proporcional a las detenciones (cuanto más descienden las detenciones, más aumenta el índice de letalidad), por lo que es preciso indagar sobre la hipótesis de si la estrategia nacional de seguridad pública consiste en privilegiar el abatimiento de presuntos delincuentes sobre la detención de los mismos.

Como puede observarse, las víctimas de homicidios son, en efecto, hombres en su mayoría. Sin embargo, haciendo un análisis histórico y por tipo de delitos, existen delitos que son claramente vinculados a un clima de violencia e impunidad que garantiza su reproducción, como lo son la violación, el abuso sexual, el tráfico y la corrupción de menores, donde son las mujeres quienes claramente resultan agredidas.

Son necesarios datos suficientes para saber en qué medida el clima de violencia general redunda en exacerbar los episodios de violencia de género, cuya máxima expresión son los feminicidios, pues, en una dinámica inversa a los homicidios, las amenazas han aumentado de manera importante y son también las mujeres quienes son víctimas. De esa forma se suman elementos a los contextos de violencia intrafamiliar que se sabe son comunes en los entornos de precariedad, exclusión y violencia.

La extrema violencia y la impunidad tienen también sus consecuencias en términos de victimización. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE 2016) muestra que el nivel de no denuncia de los delitos es de 93.7 %. El año pasado esta cifra era del 91 %. La victimización y la desconfianza han ido en alza constante en los últimos 4 años respecto de las mujeres.

Luego de estos largos 10 años de guerra en el país, ¿qué pasa con una sociedad cuando la violencia se institucionaliza y además se normaliza? Todas y todos hemos perdido. Algunos la vida. Otras la libertad. La mayoría, la posibilidad de salir a la calle sin miedo.

 

 

@ISBeauvoir

 

 

Agamben, Giorgio (2005). Estado de excepción: Homo sacer II, I, Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.

Espinal-Enríquez, J., & Larralde, H. (2015). Analysis of méxico’s narco-war network (2007–2011). PloS One, 10(5), e0126503.

Pérez Correa, C., Silva Forné, C., & Gutiérrez Rivas, R. (2015). Índice de letalidad. Menos enfrentamientos, más opacidad. Nexos, 1 de julio de 2015

Página 63.

Página 19-21

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