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Las más afectadas serán las mujeres indígenas
El proyecto de Presupuesto 2017 anunció el recorte de 51% destinado a pueblos indígenas. En un país donde 8 de cada 10 indígenas es pobre, las más afectadas serán las mujeres indígenas. En este plumaje presentamos la palabra de las integrantes de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas.
Por Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir
7 de octubre, 2016
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Por: Norma Don Juan Pérez

En septiembre de 2014 durante la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas escuchamos al presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto, pronunciarse como amigo de los pueblos indígenas. En aquel entonces ratificó el compromiso del gobierno que encabeza con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para erradicar la pobreza. Albergamos la esperanza de tener la oportunidad de que las mujeres y pueblos indígenas siguiéramos aportando nuestras visiones, conocimientos, creatividad y trabajo organizado para construir corresponsablemente con el Estado la gobernabilidad en nuestros territorios.

Hoy, ante la coyuntura que significa el análisis y aprobación de la propuesta del Ejecutivo Federal del presupuesto 2017 nos detenemos para reflexionar ¿cuál ha sido la política pública en materia de mujeres y pueblos indígenas en este sexenio? ¿Cómo se está construyendo esta política pública? ¿Se están tomando en cuenta datos como el arrojado por el Censo Intercensal 2015 (INEGI), en el cual el 21.5 % de la población mexicana se autoadscribe como originario de pueblos y comunidades indígenas? ¿O el informe sobre seguimiento mundial para alcanzar los Objetivos del Milenio elaborado por el Banco Mundial y el FMI de 2011 que señala que 8 de cada 10 indígenas en México es pobre? Este mismo informe señala que los milimétricos avances se deben a la educación, el acceso a servicios y políticas dirigidas.

La mayoría de las 12 secretarías que conforman el presupuesto transversal para pueblos indígenas se ven afectadas por severos recortes respecto al año anterior (Anexo 10 PEF2017). Las dependencias que más recortes presentan son la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) (51.21 %), infraestructura indígena (70.17 %) y producción indígena (50.87 %), lo que podemos traducir en mayor dificultad para acceder a servicios básicos como caminos, agua potable, drenaje, alumbrado público y salud, entre otros, lo que afecta en general a toda la población indígena pero sus impactos son diferenciados para las mujeres, la infancia y los adultos mayores. Al debilitar la inversión en producción indígena también se vislumbra un panorama poco alentador de generación de ingresos entre la población indígena y el empoderamiento económico de las mujeres indígenas, que en el rubro económico no tienen oferta institucional para desarrollar actividades económicas distintas a las tradicionales como son talleres de costura, tiendas de abarrotes, panaderías, crianza de animales de traspatio, etc.

Mención aparte merece la CDI, que de acuerdo a su ley orgánica señala como parte de sus objetivos orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas. La instancia se asume como la cabeza de sector y es la institución federal a la que más recurre la población indígena para que en su papel de coordinación de la política pública resuelva las necesidades de su población objetivo.

Sin embargo, desde el año pasado observamos retrocesos cuando se desdibujó el Programa de Acciones para la Igualdad de Género con Población Indígena (PAIGPI), al “integrarlo” al resto de programas y acciones. A partir de entonces, aunque se promueve la participación de las mujeres indígenas, se han debilitado las acciones focalizadas para fortalecer su empoderamiento y participación protagónica en el desarrollo de nuestros pueblos. Las acciones de formación y capacitación que realizaba este programa disminuyeron drásticamente. Hoy, la propuesta del presupuesto de egresos de la federación 2017 reduce 51 % el presupuesto de la CDI, lo que impacta directamente al PAIGPI, pues será el programa con menor presupuesto dentro de la Comisión.

Resulta preocupante también el subejercicio de recursos que en los últimos años ha presentado la CDI y que han oscilado entre el 20 y 30 % de su presupuesto.

Ante las graves carencias que vive el 21.5 % de la población que se autoadscribe indígena, consideramos que el presupuesto no solo una cuestión de cifras; es necesario revisar la política pública para tener claridad y rumbo sobre el cómo, cuándo y con quién se aplica el presupuesto, incluyendo mecanismos reales de consulta, un derecho que hemos peleado por décadas, y aunque reconocemos avances todavía estamos lejos de cumplir con el estándar internacional para el ejercicio pleno de este derecho. Resulta urgente también la creación de mecanismos de transparencia, contraloría social y rendición de cuentas.

Somos conscientes de la grave situación que vive nuestro país en todos los ámbitos y del frágil momento de gobernabilidad, pero no alcanzamos a entender por qué al mismo tiempo que se anuncian recortes drásticos al gasto público se realizan condonaciones millonarias de impuestos y adeudos fiscales a personas físicas y morales sin criterios claros. No podemos más que pensar que se quiere aplicar una austeridad mal entendida y que los criterios presupuestales del gobierno de Enrique Peña Nieto solo nos llevan al mayor empobrecimiento de las mujeres y pueblos indígenas al ser el sector más castigado en el gasto público.

Por lo anterior demandamos en lo inmediato al ejecutivo federal y a las fracciones partidistas que integran el Congreso de la Unión a redoblar esfuerzos para mantener e incluso aumentar el presupuesto dirigido a la atención a los Pueblos Indígenas para 2017. Respecto del 2016 y a corto plazo redireccionar la política publica dirigida a niñez, juventud, mujeres y pueblos indígenas.

El país necesita imaginar nuevas formulas políticas y económicas en las que se incluyan las voces diversas de las mujeres y pueblos indígenas como sujetos de derechos; aquí estamos pues las mujeres indígenas organizadas y articuladas en la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas (ANPMI) para hacer realidad nuestro lema: “Nunca más un México sin nosotras”.

 

* Norma Don Juan Pérez es co-coordinadora Región Centro de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas CONAMI-México, integrante de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas ANPMI y del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas ECMIA Región México.

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