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En busca de respuestas: el gasto de la ENAPEA
Sabemos que el recorte a los programas sociales nos deja con muy pocos recursos para atender problemas graves. Por eso hay que asegurarse que cada peso se gaste de acuerdo a los objetivos y alcances previstos en la Estrategia Nacional para Prevenir el Embarazo Adolescente (ENAPEA).
Por Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir
1 de marzo, 2017
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El embarazo adolescente es un tema que impacta la calidad de vida de la población joven en México. Luego de un año de investigación realizada por mujeres indígenas y jóvenes a través de herramientas de acceso a la información, el ILSB presentó hallazgos sobre el gasto asignado a la Estrategia Nacional de prevención del Embarazo Adolescente (ENAPEA). Aquí las reflexiones de Maylí Sepúlveda, consultora del proceso.

 

Por: Maylí Sepúlveda (@ControlaTuGob)

La perseverancia y el interés genuino movieron a las y los jóvenes. Ellas y ellos realizaron una titánica tarea: interponer 129 solicitudes de información y 63 recursos de revisión que implicaron tiempo y dedicación, vueltas y vueltas. La búsqueda era una: encontrar respuestas sobre dónde estaba y cómo se ejercía el gasto de la Estrategia Nacional para Prevenir el Embarazo Adolescente (ENAPEA). Una política pública presentada considerada prioritaria para el actual gobierno

Pero ¿por qué dar seguimiento a una política pública de alcance nacional implica el esfuerzo de tantas personas durante tanto tiempo?

La respuesta más sencilla es que después de más de una década de transparencia y a pesar de que contamos con la mejor ley de transparencia del mundo según el Rating Global de Acceso a la Información, prevalece la opacidad en la mayor parte de las políticas y programas dirigidos a los más graves problemas sociales que aquejan a nuestro país.

Hace meses que México sólo mira con preocupación a su vecino del norte y seguimos dejando en segundo término lo que ocurre con los acotados y escasos recursos públicos que están disponibles para atender los más urgentes problemas nacionales.

El embarazo adolescente se ha vuelto un tema que impacta en la calidad de vida de la población joven y, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres (ENIM 2015) elaborada por el Instituto Nacional de Salud Pública, una de cada cinco mujeres de entre 15 y 19 años ha sido madre o ha vivido la etapa el embarazo.

De acuerdo con el INEGI, en 2013 del total de mujeres en edad fértil que presentaron un aborto, 18.7 % fueron adolescentes. Se trata de un problema de salud pública que en muy poco tiempo impactará en el diezmado presupuesto destinado al derecho a la salud. Estamos ante un asunto con muchas aristas que requiere una solución articulada y eficaz.

Sabemos que el recorte a los programas sociales nos deja con muy pocos recursos para atender un problema de esta magnitud en nuestro país. Por eso hay que asegurarse que cada peso se gaste de acuerdo a los objetivos y alcances previstos en la ENAPEA.

En ocasiones, las mismas instituciones responsables de su operación desconocen cuántos recursos se les han asignado para cumplir con las metas previstas, y pensamos que es posible que quienes toman la decisión de utilizar estos recursos en actividades que no se relacionan con la atención de los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes, lo hagan por desconocimiento y probablemente sin violar la normatividad administrativa.

Por eso es indispensable la participación de las organizaciones civiles, especialmente las de las y los jóvenes para dar seguimiento a la implementación de la ENAPEA y asegurarse de que los recursos que se tengan disponibles, sean efectivamente invertidos en el logro de los objetivos y metas que tiene previstos. Para tal fin se requiere información y transparencia.

Sin escatimar los empeños

El proceso que presentó el ILSB aporta varias lecciones, la primera de ellas es que aún falta mucho por hacer en la capacitación de las y los servidores públicos, para que respondan las solicitudes de información haciendo prevalecer el principio de máxima publicidad.

La calidad de las respuestas de las instituciones es en ocasiones tan precaria que resulta desproporcional al esfuerzo que se invierte en la cantidad de solicitudes que hay que presentar. Misma desproporción que continúa casi siempre al finalizar el procedimiento de acceso a la información, ya que el resultado final muchas veces es nimio. De nada sirve una buena ley y una plataforma electrónica –por cierto muy cara y medianamente funcional- si la respuesta es poco menos que retórica y hueca. Hay que insistir una y otra vez, preguntar de nuevo, interponer recursos.

Otro foco de atención es que se requiere mayor supervisión de las Unidades de Enlace por parte de los órganos garantes de la transparencia, ya que con más frecuencia de lo que pensamos, dejan de actuar como facilitadores y se vuelven un obstáculo para quienes pretenden obtener la información que tiene el Estado.

Por último, si las autoridades involucradas en la ENAPEA están realmente comprometidas con el uso eficiente del erario que se les asignan para atender el embarazo adolescente, es urgente que transparenten el recurso que tienen disponible para ese propósito. Pero que lo den a conocer, que realmente hagan lo necesario para que las instituciones, el personal de salud, al igual que adolescentes y jóvenes, puedan saber cuánto y qué es lo que tienen a su disposición y dónde pueden acceder a estos bienes y servicios.

Estamos ante un problema con muchas aristas que requiere una solución articulada y eficaz.

Sólo así las y los jóvenes mexicanos podrán hacer efectivos sus derechos sexuales y reproductivos, sin comprometer en nada su calidad de vida.

 

* Maylí Sepúlveda es consultora en ControlaTuGobierno, organización de la sociedad civil que ofrece capacitación, asesoría y acompañamiento a organizaciones comunitarias y de regiones marginadas interesadas en mejorar sus condiciones de vida a través de estrategias de auditoría social.

 

 

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