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Discusión: gran pendiente en la Constituyente
A un mes de que cerró el plazo para recibir propuestas en la Constituyente, aún no hay discusión sustancial y los dictámenes exprés son la norma.
Por Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir
14 de diciembre, 2016
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Por: Ángel Ruiz (@ruizangelt)

El interés de la ciudadanía en general y la sociedad civil organizada de participar activamente en la construcción de la Constitución de la Ciudad de México es innegable: 978 propuestas de modificación al proyecto fueron las ingresadas en un escaso margen de un mes. 544 fueron las presentadas por legisladoras y legisladores de los grupos parlamentarios representados en la Asamblea Constituyente.

¿Por qué no nos enteramos entonces de lo que sucede? Falta de interés, dirán quienes creen que en la política pueden participar todas las personas, ignorando si se tienen los medios, las capacidades, las plataformas y los tiempos para hacerlo.

La comentocracia, como en otros tantos casos, sólo contribuye a la desinformación: acusaciones de que el Proyecto de Constitución es “comunista”, “chavista”, “excesiva”, opiniones que desde centro, izquierda y derecha comparten una crítica común: la “retahíla interminable” de derechos que garantiza la Constitución. También las acusaciones de que el Proyecto “pertenece” al Jefe de Gobierno, y no del proceso de consulta y revisión constante y prolongado que hicieron muchas de las personas que conformaron el Grupo Redactor.

Lo cierto es que a nivel mediático se ha informado poco, comunicado menos, y que lo que llega sobre la Constitución CDMX son aseveraciones alarmistas con tintes amarillos: la supuesta desaparición de la propiedad privada, la permisión del consumo de mariguana, el derecho al internet… Algunas ciertas, otras falsas (como el debate en torno a la mal llamada “captura de plusvalía”), y otras sobredimensionadas.

Los rumores y comentarios contribuyen a la desinformación (se ignoran los principios básicos de derechos humanos y la obligación del Estado de respetarlos, promoverlos y garantizarlos), y al desinterés (desactivando la participación ciudadana dirigida hacia la creación de un proyecto realmente incluyente). A juzgar por el modus operandi al interior de la Asamblea, este ambiente queda perfecto para desarticular cualquier intento, ciudadano o partidista, de hacer una norma adecuada para nuestra vida en la Ciudad. Es un modo conocido de desinformación: mezclar los reclamos ciudadanos fundados y motivados (como el hecho de no estar contempladas apropiadamente en la discusión sobre nuestra Ciudad) con las críticas sin fundamento (como la acusación de que reconocer los derechos mínimos no tiene sentido económico), para señalar, sin más, la inoperancia de la misma y tirar la bañera con todo y niño.

Desde el ILSB creemos que el texto constitucional debe ser mejorado, no desechado. Que lo que hace falta es articulación y condiciones garantistas de los derechos enunciados. Por ello, junto con otras personas y organizaciones de la sociedad civil, ingresamos una propuesta de modificación de una serie de artículos del texto Constitucional. Cuando se anunció que la razón de la apertura a recibir propuestas y a discutirlas en audiencias públicas era en virtud de un modelo de Parlamento Abierto, lo vimos con buenos ojos. Pues, tanto para que la Constitución goce de una legitimidad que el proceso no le otorgó, como para que la misma sea la mejor Constitución posible, es condición indispensable que se garantice la discusión plena de todas y cada una de las iniciativas ciudadanas, tanto entre las diputaciones como con la misma ciudadanía que las hizo.

A un mes de que cerró el plazo para recibir propuestas, aún no hay discusión sustancial y los dictámenes exprés comienzan a ser la norma. Por ello, hace unos días señalamos nuestra preocupación de que el proceso seguido para dar cauce a la participación ciudadana diera paso a la simulación. En un pronunciamiento, dijimos que era indispensable asegurar la discusión plena de las iniciativas ciudadanas y urgimos en que no se dejaran de lado seis puntos fundamentales en la mejora del texto constitucional:

1) No puede haber retroceso en los derechos ya reconocidos en la ciudad y, por ello, el desarrollo social debe seguir siendo base fundamental de la relación gobierno-sociedad, y no se le puede sustituir con expresiones derivadas de menor alcance, como protección o bienestar.

2) Los derechos humanos no sólo deben estar reconocidos de manera declarativa, sino que deben contar siempre con mecanismos institucionales para su exigibilidad y justiciabilidad.

3) Aunque ciertamente es un avance de primera importancia diferenciar entre la planeación a largo plazo y las estrategias de los diversos periodos de gobierno para realizarla, es imprescindible que el órgano encargado de la planeación tenga la suficiente independencia del gobierno en turno y se acote al máximo la influencia del habitual juego de los partidos.

4) Es también imprescindible y absolutamente innegociable el reconocimiento de la función social y ambiental del suelo.

5) No es suficiente enunciar la participación ciudadana en la gestión de la ciudad pues, para ser coherentes, es indispensable que se establezca el mandato a los legisladores para que siempre normen con el mayor alcance posible en cada caso.

6) La selección de los miembros de los órganos de impartición de justicia y su desempeño deben estar abiertos en todos los casos al escrutinio de la ciudadanía, y no quedar sujetos a la autorreproducción de una élite.

Al terminar el plazo de la dictaminación de propuestas, nuestra preocupación aumenta pues se repiten los mismos patrones: informar de manera selectiva y alarmista, y sin mostrar si hubo o no discusión de fondo sobre las propuestas. A pesar de la gran presión ciudadana que existe en los mecanismos estipulados para ello, parece que lo único que funciona son las peticiones en plataformas en línea o el cabildeo profesional por parte de grupos empresariales. Las oportunidades se agotan, por lo que es imperioso señalar que los plazos de entrega deben ampliarse, siempre y cuando sean para poder sistematizar las propuestas ciudadanas a fin de que éstas sean discutidas a cabalidad.

La participación ciudadana debe dejar de ser vista como una dádiva benevolente de un Estado, y comenzar a ser pensada como lo que en realidad es: el insumo que le falta a la política para que ésta puede jactarse de ser profesional. Es decir, como mecanismo de legitimidad y de control de calidad de la política. La Ciudad la hacemos todas y todos: hagámoslo valer.

 

@ISBeauvoir

 

 

Particularmente, en los puntos 1 y 2 hemos hecho propuestas para modificar algunos artículos para asegurar esquemas equitativos en función del trabajo de cuidados y en la valorización pública y privada de los mismos, así como en la formalización laboral de las trabajadoras del hogar. Del mismo modo, en la línea debate público y necesario sobre la legalización del comercio sexual, hemos propuestos también modificaciones para que la legalización propuesta en el Proyecto de Constitución no tenga consecuencias de prostitución infantil.

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