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Elecciones 2021, ¿una oportunidad para las mujeres?
Ante los antecedentes y denuncias de abuso, acoso sexual y violación, perpetradas por algunas personas candidatas, resulta necesario fortalecer los criterios del tres de tres, integrando a ellos la denuncia, investigación y procesamiento por violencia de género, para convertirlo en un mecanismo realmente eficaz.
Por Tania Martínez
26 de febrero, 2021
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La violencia basada en el género, así como sus diversas manifestaciones, ha aumentado de manera sostenida durante los últimos años, sobre todo durante los últimos meses.

Basta decir que de 2019 a 2020 aumentaron en 27.4% los presuntos delitos de violencia de género y en 4.7% los de violencia familiar; los asesinatos de mujeres se han incrementado a 11 por día; el 66.1% de las mexicanas mayores de 15 años han sido víctimas de algún tipo de violencia en su vida; y el 41.3% lo han sido de violencia sexual,1 aun cuando persiste la exigencia a las mujeres por denunciar y, sobre todo, comprobar la violencia sexual de la cual han sido objeto, a nivel nacional sólo “5 de cada 100 denuncias por abuso sexual y violación terminaron en sentencia.”

De manera general, las elecciones representan una oportunidad para que la ciudadanía, en este caso, las mujeres que son poco más del 51% del padrón electoral, exijan a los partidos políticos y a las personas candidatas, abordar sus necesidades, transformar realidades y terminar con las desigualdades que impactan su cotidiano, para darles así su su voto.

El próximo 6 de junio se elegirán 21,368 cargos públicos; desafortunadamente, el marco legal para quienes buscan contender por alguno de estos establece, de manera muy general, criterios mínimos de elegibilidad, limitándose únicamente a cuestiones como la edad, la nacionalidad, el lugar de residencia, y el no ocupar actualmente ciertos cargos públicos.

Sin embargo, hay un conjunto de características de idoneidad que resultan fundamentales considerar para quienes contenderán y ocuparán estos cargos de elección popular, es decir, para quienes tomarán decisiones vitales para el bienestar y el ejercicio de los derechos de todas las personas. Estas características aún no están contempladas en ninguna normativa mexicana, sin embargo, fortalecen profundamente estos perfiles, por lo cual vale la pena conocerlas y, sobre todo, retomarlas.

Estándares internacionales de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) destacan la relevancia de que, a mayor responsabilidad, las cualidades a cubrir por parte de las personas postuladas deben ser mayores, pues reconocen que contar con perfiles idóneos fortalece la democracia y el buen desempeño del aparato gubernamental. Es decir, son un mecanismo esencial para transformar estructuralmente el quehacer público.

Entre estos elementos sustantivos destaca que cuenten con un amplio conocimiento en la materia en cuestión y sus obligaciones; una trayectoria sólida que dé cuenta de un buen desempeño; y un comportamiento íntegro, en otras palabras, una conducta alejada de casos de corrupción, desvío o mal manejo de recursos (si fuera el caso), o de acciones contrarias al respeto de los derechos humanos, como el acoso o la violencia. Pues precisamente, son estas malas prácticas las que se buscan erradicar.

Así, son principalmente los partidos políticos -los cuales cabe señalar son entidades de interés público de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Partidos Políticos- quienes tienen la responsabilidad de garantizar que las personas candidatas cuenten con el perfil idóneo para cumplir con las responsabilidades que adquirirán.

Los lineamientos tres de tres contra la violencia de género aprobados por el Instituto Nacional Electoral (INE) representan una herramienta a través de la cual se puede garantizar que las personas candidatas a cargos de elección popular no estén condenadas o sancionadas por violencia de género. Sin embargo, dado el contexto actual, y ante los antecedentes y denuncias de abuso y acoso sexual, y violación, entre otras violencias perpetradas por algunas personas candidatas, resulta necesario ampliar y fortalecer los criterios del tres de tres, integrando a ellos la denuncia, investigación y procesamiento por violencia de género, para convertirlo en un mecanismo realmente eficaz en la prevención, sanción y eliminación de la violencia contra las mujeres.

Lo que acabamos de decir podría parecer obvio, pero no lo es, y para muestra tenemos los últimos sucesos, donde hemos presenciado el registro de candidatos con denuncias interpuestas y procesos judiciales en desarrollo. Ni las reglas al interior de los partidos, ni las leyes y normas en materia electoral, parecen decir algo claro al respecto, es por ello que resulta urgente robustecer estas reglas y lineamientos, permitiendo así, fortalecer los filtros que definen quiénes pueden contender u ocupar un cargo público.

En este sentido, hacemos un llamado a los partidos políticos para que transiten del discurso políticamente correcto a acciones contundentes que prevengan, atiendan, sancionen y eliminen la violencia contra las mujeres, dejen de normalizar la violencia basada en el género y pongan en el centro a las personas, y no sus intereses electorales inmediatos.

En la medida en que garanticen nuestro derecho a contar con perfiles íntegros e idóneos para estos cargos, la crisis de legitimidad que atraviesan los partidos se irá superando, así como la crisis de violencia e impunidad que vive el país. Por último y, de nueva cuenta, las organizaciones de la sociedad civil extendemos la mano para trabajar de manera conjunta con los partidos políticos, y otras partes interesadas, para mejorar los criterios de selección de las personas candidatas, y así ayudar a consolidar el bienestar y ejercicio real de derechos de las mujeres y de todas las personas.

* Tania Martínez (@tanuniversal) es Coordinadora de Innovación Social y Participación Ciudadana del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir. Agradecemos la colaboración de Itzel Checa para estos contenidos.

 

1 Endireh 2016.

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