Eliminar el desvío de recursos públicos a campañas electorales
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Del pleno a la plana
Por Escuela Judicial Electoral
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Un reto de nuestra democracia: eliminar el desvío de recursos públicos a campañas electorales
A pesar de la cantidad de recursos del erario que ya son entregados a los partidos políticos, se siguen utilizando mecanismos de desvío de recursos públicos con propósitos electorales.
Por Janine M. Otálora Malassis
23 de noviembre, 2022
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México tiene un modelo electoral en el que los partidos políticos cuentan con los recursos para realizar sus actividades a partir de reglas específicas de financiamiento, y en el que se prioriza el uso de recursos públicos sobre recursos privados, conforme al presupuesto que año con año se les destina de acuerdo a los parámetros y porcentajes señalados en las leyes electorales.

Sin embargo, a pesar de la cantidad de recursos del erario que ya son entregados a los partidos políticos, se siguen utilizando mecanismos de desvío de recursos públicos, destinados para fines diferentes, con propósitos electorales, rompiendo así con el requisito indispensable de cualquier competencia: la equidad en la contienda.

En este texto abordaré la sentencia al Recurso de Apelación 413/2021, en el que la Sala Superior del Tribunal Electoral analizó la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) en la que sancionó al Partido del Trabajo (PT) al identificar el desvío de recursos del Gobierno de Nuevo León a personas funcionarias partidistas que no comprobaron su uso para los fines que originalmente tenían.

Este asunto se originó por una queja que realizó en 2017 el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en contra del PT, señalando que el Gobierno de Nuevo León transfirió dinero a personas funcionarias del PT; recursos que estaban destinados para la construcción y operación de Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS), mediante transferencias bancarias a sus cuentas particulares. Dichos recursos, según la queja del PRI, se destinaron a fines electorales.

La Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE inició el procedimiento y amplió el objeto de la investigación al identificar que involucraban actos que se llevaron a cabo durante 2015, 2016 y 2017. En septiembre de 2021, el Consejo General del INE resolvió el procedimiento administrativo sancionador imponiendo como sanción al PT la reducción de sus ministraciones hasta alcanzar alrededor de 119 millones de pesos.

El modelo de desvío de recursos identificado por la UTF consistió en que el Gobierno de Nuevo León transfirió a una persona alrededor de 260 millones de pesos destinados a programas de la Secretaría de Educación Pública. La persona que recibió los recursos dispersó cerca de 60 millones de pesos mediante cheques a otra persona que no guardaba relación con los CENDIS. Estos recursos fueron transferidos a su vez a otra cuenta. Todas las personas involucradas en el asunto estaban vinculadas al PT y no pudieron demostrar el uso legítimo de esos recursos para los fines para los que fueron transferidos.

Ante la resolución del INE, el PT se inconformó señalando tres temáticas como agravio. En primer lugar, expresó que había violaciones procesales como la admisión de notas periodísticas como medios probatorios, la ampliación del análisis del asunto más allá de lo que había sido la queja original y que no se tomó en cuenta que el PRI se desistió posteriormente a presentar la queja.

En segundo lugar se señalaron argumentaciones sobre deficiencias en la investigación, falta de exhaustividad, mínima diligencia, objetividad y seguridad jurídica. Finalmente, el PT se inconformó por la individualización de la sanción.

En la resolución, las magistraturas de la Sala Superior analizamos cada una de estas argumentaciones y llegamos a la conclusión de que la investigación realizada por la UTF, y validada por el Consejo General del INE, fue apegada a derecho y, por lo tanto, confirmamos la sanción impuesta al PT.

Señalamos que, aun cuando la base de la queja fueron notas periodísticas, es viable que la autoridad realice el estudio cuando advierta que hay indicios suficientes para desplegar su facultad investigadora. En el mismo sentido, también confirmamos que la autoridad puede ampliar la investigación a una temporalidad mayor, pues lo natural en cualquier averiguación es que los indicios y pruebas permitan identificar elementos de un esquema irregular con mayor amplitud.

Por lo que respecta a las deficiencias de la investigación, después de realizar un amplio análisis del expediente elaborado por la UTF, llegamos a la conclusión de que fue una investigación adecuada, que permitió identificar y acreditar hechos indiciarios suficientes para que de manera lógica, racional, verosímil y concatenada se demostrara el desvió de los recursos públicos del Estado de Nuevo León a personas que el PT uso como canales para destinarlos a fines partidistas.

Sin lugar a duda este es solo uno de los varios asuntos en los que, elección tras elección, las autoridades electorales, por medio de los procedimientos sancionadores, identifican el desvío de recursos públicos para los partidos políticos.  En este caso, se trató de recursos públicos destinados a la infancia, uno de los sectores más importantes y en situación de vulnerabilidad de nuestra sociedad. Recursos que en lugar de apoyarles en las muchas necesidades que tienen, se destinaron al uso ilegítimo y desigual en la política.

De ahí la importancia de contar con organismos autónomos y técnicamente efectivos que investiguen y detecten este tipo de irregularidades. La rendición de cuentas es uno de los fundamentos del Estado de Derecho y de nuestro sistema democrático. Rendir cuentas en materia electoral se logra a través de la fiscalización de los recursos públicos que se utilizan en las campañas, así como por la implementación de procedimientos sancionadores que buscan indagar posibles irregularidades de agentes que se encuentran imposibilitados a destinar recursos a la política.

En una democracia no se puede permitir este tipo de irregularidades. La lucha democrática por el poder no puede ser un fin que justifique cualquier tipo de conducta en contra de la colectividad. El modelo electoral mexicano es complejo y puede ser perfeccionado. Un reto latente que nos involucra a las instituciones, gobierno, partidos y candidaturas, sigue siendo el de detener el mal uso de los recursos de todos, para el beneficio electoral de algunos.

* Janine M. Otálora (@JanineOtalora) es Magistrada de la Sala Superior del @TEPJF_informa.

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