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Demócratas Deliberados
Por Democracia Deliberada
Los demócratas deliberados son los integrantes de un grupo de ciudadanos, profesionistas, acadé... Los demócratas deliberados son los integrantes de un grupo de ciudadanos, profesionistas, académicos y activistas de la sociedad civil organizada que utilizan la deliberación abierta para construir posiciones colectivas sobre asuntos públicos específicos. Esta corriente de opinión, deliberadamente de izquierda, ha buscado sistemáticamente transformar la agenda, e influir en la acción política, de las izquierdas partidistas mediante acciones deliberativas y legales. El objetivo ha sido y sigue siendo darles a estos partidos un rumbo más igualitario, más sustentable y más abierto a la sociedad. En este foro los demócratas deliberados reproducen todas sus posiciones colectivas y algunas reflexiones de sus miembros a título personal. (Leer más)
¿De quién será la nueva Ciudad de México? Los riesgos de la reforma política 2016
La Reforma Política del DF tiene grandes faltas y riesgos que pueden minar los logros de los capitalinos y de los partidos de izquierda en las últimas tres décadas.
Por Democracia Deliberada
28 de enero, 2016
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Aunque en Democracia Deliberada consideramos que son positivas aquellas reformas que fortalezcan la independencia en la toma de decisiones y la democracia en la Ciudad de México, al igual que aquellas que permitan crear una mayor coordinación en la provisión de bienes y servicios públicos dentro de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), creemos que en el caso de la Reforma Política del DF hay grandes faltas y riesgos que pueden minar los logros de los capitalinos y de los partidos de izquierda en las últimas tres décadas. Estos riesgos hacen palidecer a la reciente reforma constitucional con los extraordinarios cambios legales que democratizaron a la capital en el siglo pasado.

Por un lado, en realidad la reforma política del DF tiene grandes faltas y no logra que ésta sea una entidad libre, soberana y autónoma. Por ejemplo, el Congreso de la Unión seguirá aprobando el techo de la deuda de la Ciudad, mientras que los inmuebles de la federación ubicados en el DF seguirán gozando de la exención de predial sin justificación alguna; tampoco se crea alguna fórmula para que la federación otorgue el Fondo de Capitalidad. Asimismo, el Presidente de la República aún tendrá el mando supremo de las fuerzas de seguridad pública y tendrá la capacidad de remover al secretario de seguridad pública local. Así, seguirá existiendo un cierto control sobre las finanzas y la seguridad pública de la “Ciudad de México”, por lo que en ese sentido no se trata de una libertad plena.

Por otro lado, hay grandes riesgos. Primero, el proceso de elaboración de la Constitución local no puede considerarse del todo democrático. Incluso hay un riesgo patente de imposición de una constitución que pudiera ser contraria a los intereses de los habitantes del DF, ya que ésta será elaborada por una Asamblea Constituyente en la que el 40% será designada directamente ya sea por el Presidente (6 constituyentes), por el Jefe de Gobierno (6 constituyentes) o por el Congreso de la Unión (28 constituyentes); mientras que sólo el 60% será electo mediante una votación popular. Esto impide que los ciudadanos voten por el 100% de sus diputados constituyentes y da la oportunidad de facto para que la Asamblea sea dominada por el PRI y por el Partido Verde.

Además, este mecanismo de formación del constituyente bloquea la participación de la ciudadanía de otras dos formas. En primer lugar, los ciudadanos independientes que deseen contender por una diputación requerirán juntar 70 mil firmas (en la votación del 2015 el máximo nivel de votos que obtuvo un asambleísta local fue de 31,742) y ser parte de una lista plurinominal para ser elegidos, lo que disminuye el poder de las candidaturas independientes. En segundo lugar, sólo el Jefe de Gobierno puede presentar la nueva propuesta de Constitución, la cual no será votada en un referéndum por la misma ciudadanía.

El segundo riesgo se relaciona con la ZMVM. Es evidente que el DF sólo es una parte de la zona metropolitana. Denominar Ciudad de México a lo que antes era el DF es un exceso que niega discursivamente el derecho que tiene el 60% de la población de nuestra gran urbe a ser reconocidos como habitantes de la ciudad y de su dinámica socioeconómica. Los habitantes de Chimalhuacán o de Tlalnepantla también son parte de la ciudad. Si bien la Reforma Política del DF trata de subsanar este hecho incluyendo la elaboración de una ley de la ZMVM emitida por el Congreso de la Unión, esta misma implica el mayor riesgo de una posible pérdida de autonomía del DF. Modular esta tensión de forma adecuada es vital para la mayoría de los capitalinos.

Esta ley de coordinación metropolitana establecerá un Consejo de desarrollo metropolitano que acordará acciones en materia de asentamientos humanos, protección al medio ambiente, transporte, tránsito, agua potable, drenaje, desechos sólidos y seguridad pública. Dicho Consejo podría convertirse en un actor supragubernamental, por encima del mismo Jefe de Gobierno y de los presidentes municipales de la ZMVM, dándole poderes sin representación democrática alguna. Dependiendo de cómo se designe a dicho consejo y de cuáles sean sus funciones, el riesgo real es exacerbar el poder que pueden tener las decisiones tomadas en Toluca, capital del Estado de México, sobre la vida de la Ciudad de México. Es evidente que el DF se encuentra mucho mejor planeado y gobernado en términos urbanos que lo que han producido los gobiernos priistas del Estado de México para proveer de servicios de calidad a la mitad de la ZMVM y a la Zona Metropolitana de Toluca. Tan sólo hay que comparar cómo funciona el transporte público o la seguridad pública en una y otra entidad. Esta ley debería empujar a los municipios del Estado de México e Hidalgo hacía la coordinación e integración en una sola urbe con el DF, no hacía la concentración de poder en el Estado de México.

Tercero, la Reforma Política no resuelve la fragmentación institucional y puede producir una burocracia más grande que impida aprovechar los beneficios económicos que genera la ciudad. En Democracia Deliberada creemos en la dispersión del poder; sin embargo, también creemos que el poder no sólo se fragmenta con la dispersión de feudos autónomos. Tan sólo hoy existen 76 gobiernos locales y 3 entidades federativas en la zona metropolitana con muy distintas atribuciones (DF, Estados, delegaciones y municipios), lo que impide la puesta en práctica de políticas públicas homogéneas y son un obstáculo a la provisión de diferentes bienes y servicios públicos. El tipo de dispersión que existe en el área metropolitana (y que se planea dejar casi intacto) no mejora la representación ni necesariamente mejora la coordinación de gobierno en asuntos metropolitanos. Más allá de la municipalización y los nuevos cabildos, no debe ser descabellado poder imaginar una zona metropolitana que disperse los pesos y contrapesos a los poderes relevantes de la ciudad, sin necesidad de feudalizar aún más.

Por otro lado, la reforma posibilita que haya una nueva división político-territorial en la Ciudad de México, en sus distritos y alcaldías. Eso abre la puerta a que las redistritaciones y divisiones territoriales puedan ser determinadas desde una lógica político-electoral y no desde una perspectiva de política urbana. Este es un riesgo previsible, sobre todo, dada la composición dominante de los partidos de oposición capitalina en el Constituyente.

Aunque hay algunos avances loables, como la eliminación de la facultad del Senado de remover al Jefe de Gobierno; la transformación de las delegaciones en alcaldías con concejales, y la obtención del derecho a recibir fondos y ramos federales en términos de la Ley de Coordinación Fiscal, estos cambios no amainan los riesgos que hemos descrito.

En ese espíritu, creemos que los logros de derechos, servicios y democracia no deben de ser minados, por el contrario, tienen que ser expandidos a toda la ZMVM y lograr una verdadera Ciudad de México, donde se cumpla de forma real el derecho a gozar y disfrutar de las ventajas de la urbe, el derecho a la ciudad para todos: desde la familia que vive en una casa GEO en Tizayuca hasta el anciano que vive junto a la zona arqueológica de Coacalco o en el centro histórico de Jalatlaco.

Por eso, ante estos riesgos, llamamos a que la ciudadanía de la Ciudad de México y de la ZMVM, así como a las fuerzas de izquierda, nos apropiemos de la elaboración de la Constitución local. También los llamamos a concientizar a sus vecinos, familiares y amigos que viven tanto en la capital como en los municipios del Estado de México de la zona conurbada de las faltas y riesgos de la reforma. Además, quienes deseen ser parte de una red de activismo, para que haya constitución que garantice el derecho a la ciudad, pueden acercarse a nosotros por nuestras redes sociales. Debemos ser rápidos, en febrero se lanzará la convocatoria del constituyente y tenemos hasta junio para influir en el programa electoral de los partidos y en los resultados electorales.

Por ello, todos aquellos que erosionan la democracia en la Ciudad de México, que traten de utilizar la reforma política para mejorar exclusivamente su posición electoral, que vulneren la autonomía de la urbe, que propongan malos pesos y contrapesos y que nieguen que más de la mitad de sus habitantes conurbados son parte de ella, serán nuestros adversarios políticos.

 

 

@ddeliberada

 

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