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Demócratas Deliberados
Por Democracia Deliberada
Los demócratas deliberados son los integrantes de un grupo de ciudadanos, profesionistas, acadé... Los demócratas deliberados son los integrantes de un grupo de ciudadanos, profesionistas, académicos y activistas de la sociedad civil organizada que utilizan la deliberación abierta para construir posiciones colectivas sobre asuntos públicos específicos. Esta corriente de opinión, deliberadamente de izquierda, ha buscado sistemáticamente transformar la agenda, e influir en la acción política, de las izquierdas partidistas mediante acciones deliberativas y legales. El objetivo ha sido y sigue siendo darles a estos partidos un rumbo más igualitario, más sustentable y más abierto a la sociedad. En este foro los demócratas deliberados reproducen todas sus posiciones colectivas y algunas reflexiones de sus miembros a título personal. (Leer más)
Más allá del mando único: la urgente reforma policial
La policía que la izquierda debe defender es proactiva, preventiva y tiene a los derechos humanos como el centro de su vocación. El entrenamiento que reciben todos los oficiales de nuestro país debe ver a la mediación de conflictos, a la prevención social y a los derechos humanos como elementos principales de sus tareas.
Por Democracia Deliberada
28 de marzo, 2016
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En años recientes ha surcado una idea en la mente de algunos de nuestros políticos. Según ellos, cambiar el mando de las policías municipales a las estatales asegurará que no haya infiltración de parte de las organizaciones criminales y que la policía esté mejor coordinada. Debatir entre tipos de mando único es un falso debate.

Quizás, en algunas situaciones, sea necesaria alguna centralización (temporal y con causales especiales) para mejorar las policías locales. En otras situaciones dramáticas, como lo que sucedió en Michoacán o Guerrero, es posible que se necesite una intervención de emergencia en las policías locales. Sin embargo, las policías estatales no han probado ser la mejor alternativa ya que estas también pueden ser cooptadas, como en Veracruz.

De igual manera, la respuesta del mando único obedece a una lógica fallida que ha seguido nuestra clase política en los últimos años: centralización y debilitamiento de los municipios. La extraña conjetura de que las policías estatales tienen mejores capacidades que las municipales no hace sentido ante la debilidad de los gobiernos locales. Si los gobiernos estatales y sus policías no han demostrado, en la mayor parte del país, que pueden reducir el crimen, resulta absurdo pensar que absorbiendo las municipales lo lograrán.

Esta supuesta solución, meramente gerencial, refleja el problema endémico de capacidades y recursos de nuestro federalismo. Mientras los gobiernos estatales no se profesionalicen y recauden más para sostener servicios públicos eficientes, probablemente poco se podrá hacer en materia de seguridad si se cambia el mando de los municipios a los estados. Los dilemas del mando único parecen ser, más bien, un intento de redistribuir poder entre políticos.

Por eso, nosotros creemos que esa idea los distrae de los verdaderos problemas: la falta de una reforma policial que atienda las condiciones de trabajo de nuestras policías, los protocolos con los que actúan, la falta de vigilancia ciudadana a las corporaciones de seguridad y la falta de profesionalización.

Por un lado, las condiciones sociales y laborales de nuestros policías son francamente deplorables. En promedio, un policía estatal o municipal en nuestro país apenas gana 6 mil pesos mensuales. Aunque en ciertas entidades como Veracruz, gobernada por Javier Duarte, donde policías estatales desaparecieron a un grupo de jóvenes de Tierra Blanca, los uniformados ganan 3 mil pesos mensuales. O en Guerrero, donde los policías estatales que se enfrentan a la violencia incesante reciben poco menos de 5 mil pesos. En la mayoría de los casos, los policías que deben protegernos no tienen las mínimas condiciones para laborar. Por ejemplo, la mayoría no tiene seguridad social, seguro de vida o equipo adecuado. Muchos de ellos son sometidos a extenuantes jornadas de trabajo de 24 o 48 horas consecutivas y es sumamente probable que muchos no puedan retirarse porque nunca han podido ahorrar para una pensión. ¡Ningún trabajador y menos un servidor público que vive permanentemente en riesgo debe vivir así!

Por otro lado, nuestras policías trabajan en un modelo de justicia penal que busca llenar las prisiones y reprimir manifestaciones. Por eso, los incentivos con los que trabajan nuestros policías están más dirigidos a castigar que a protegernos. No es casual que, junto a la endémica corrupción de las corporaciones policiacas, los ciudadanos no confiemos en nuestros policías. En las encuestas sobre confianza en las instituciones, la policía ha sido de las que menos causa confianza. En la descomposición reciente, no sorprende que el modelo de mando único que muchos citan, la policía de la Ciudad de México ha sido utilizada constantemente por el gobierno de Miguel Ángel Mancera para reprimir manifestaciones. Una vez lo dijimos y lo reiteramos, se está apagando el faro de derechos humanos que era esta Ciudad. No puede haber seguridad si no hay condiciones para que los ciudadanos confíen en sus policías.

A esto se suma que los cuerpos policiales, tanto federales como locales, sean señalados de cometer violaciones graves a los derechos humanos. Entre ellas destacan las ejecuciones extrajudiciales en Apatzingán en enero de 2015. O, por ejemplo, que aunque las fuerzas armadas también han sido señaladas por violaciones de derechos humanos en la irracional guerra contra las drogas, también la Policía Federal ha demostrado ser una agencia especialmente letal y violenta en los últimos años. Adicionalmente, en el caso de la muerte de 43 personas en el municipio de Ecuandureo, Michoacán, el año pasado, la Policía Federal se niega a informar o reconocer que pudo haber habido un exceso del uso de la fuerza que resultó en tal masacre. En especial, como se ha reportado constantemente por organismos internacionales, nuestras policías y ministerios públicos torturan de manera sistemática para obtener confesiones. Ante ello, es imposible tener una policía que funcione para los ciudadanos cuando nadie vigila a las policías y estas siguen cometiendo violaciones de derechos humanos.

Además, se han acumulado numerosos casos de la incapacidad de nuestras corporaciones de policía para investigar delitos -caso ejemplar el expediente del caso Florance Cassez- y la certificación policial no ha dado resultados claros de que nuestras policías estén capacitadas para cumplir con sus funciones. Asimismo, no sabemos si los subsidios federales en materia de seguridad pública se han utilizado de manera transparente y correcta para profesionalizar a las policías del país.

Por eso, nosotros, como corriente de izquierda, creemos que más allá del modelo gerencial de la policía, necesitamos una profunda reforma policial, que tenga en el centro la dignidad laboral de nuestros policías, que los incorpore a un servicio profesional que reoriente su vocación hacia los ciudadanos y que los ciudadanos puedan vigilarlos para que rindan cuentas.[/animalp-quote-highlight]

Si queremos una policía funcional, los derechos laborales son indispensables; en especial creemos que un servicio público de calidad requiere de servidores públicos que trabajen en condiciones dignas. Muchos agentes se enfrentan a la ley de plata y plomo en el escenario de la violenta guerra contra las drogas. Una remuneración digna y condiciones mínimas de trabajo son necesarias para que nuestras policías cumplan su función y sean menos propensas a la corrupción. Así, la reforma policial que proponemos incluye un salario mínimo a los policías locales ajustado por área geográfica, como medida mínima para garantizar un sueldo decente.

En lugar de una policía que oriente simplemente a buscar culpables, debe ser una policía que vea en la protección de los ciudadanos como su principal tarea. Debemos orientar las acciones de las policías más cercanas a los ciudadanos y a volverse parte de la comunidad. Sean estatales o municipales, las policías que en la izquierda debemos pensar es corporaciones en las que confíen los ciudadanos, que sean parte de la sociedad y que no sean gendarmes del control social. Para eso, creemos que un servicio profesional, que cambie los incentivos, para que nuestros policías tengan un acercamiento territorial a los barrios, colonias y comunidades no sólo nos beneficiaría en tener policías confiables, también podría ayudar a prevenir el delito desde lo local.

La policía que la izquierda debe defender es proactiva, preventiva y tiene a los derechos humanos como el centro de su vocación. El entrenamiento que reciben todos los oficiales de nuestro país debe ver a la mediación de conflictos, a la prevención social y a los derechos humanos como elementos principales de sus tareas. La violencia o la represión deben ser el último recurso y no el primero, como es realidad cotidiana en nuestras calles.

En ese sentido, es tiempo de que las violaciones de derechos humanos y los actos de corrupción no sean un tema que resuelvan las corporaciones policías en lo oscuro con inspectores que designan los políticos. Es tiempo que haya inspectores autónomos y ciudadanos que vigilen el actuar de las corporaciones y que tengan facultades para denunciar los actos de corrupción, los excesos del uso de la fuerza y las violaciones de derechos humanos. La transparencia y la rendición de cuentas son indispensables para que podamos confiar en nuestras policías.

Asimismo, el servicio profesional policial debe tener un plan estructurado de formación y capacitación inicial para los cuerpos policiales en materia de investigación de delitos en concordancia con la nueva reforma del sistema de justicia penal y para tener un sistema de información e inteligencia sobre los delitos que se cometan en el país. Más allá de hacer certificaciones, debemos formar los policías que queremos.

En Democracia Deliberada creemos que los partidos de izquierda tienen una labor de frente: más allá de los mandos únicos, hay que construir las policías que soñamos. Policías en las que podamos confiar. Si lo logran, podemos abandonar de una vez por todas a las policías represivas, mal pagadas, sin capacitación y sin vigilancia ciudadana. Estamos ante una gran oportunidad. No la desperdicien.

Por eso, aquellos quienes crean que el mando único es la solución al problema de la inseguridad en México, quienes eludan el problema de nuestro federalismo, quienes se opongan a la vigilancia externa y ciudadana de las corporaciones de policía, quienes defiendan el modelo represor de policía, quienes certifican a las policías sin primero formarlas, a quienes ejercen los subsidios federales de seguridad de manera opaca, serán nuestros adversarios políticos.

 

@ddeliberada

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