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Dilemas democráticos
Por José Pablo Abreu y Juan Jesús Garza Onofre coordinadores
Estamos frente al proceso electoral más grande en la historia contemporánea de México y, más ... Estamos frente al proceso electoral más grande en la historia contemporánea de México y, más allá del reto administrativo que representa su organización y las preferencias ideológicas que existen, consideramos relevante hacer un análisis del estado de la democracia mexicana, inmersa en un complejo contexto social, económico y político, que se ve influida por una dinámica global no más sencilla. En pocas palabras, intentaremos problematizar y analizar nuestros dilemas democráticos más allá de la coyuntura. Coordinan el blog José Pablo Abreu Sacramento y Juan Jesús Garza Onofre. (Leer más)
De consultas populares y otros dilemas sobre la democracia participativa
No cabe el argumento de un pueblo incapaz de participar en los asuntos públicos, pero tampoco es válido salir a participar sin deliberar los asuntos.
Por José Pablo Abreu Sacramento
24 de julio, 2021
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Spoiler alert. Este texto no es ni una defensa, ni una crítica a la consulta popular del próximo 1 de agosto. Más bien busca identificar algunas aportaciones de los distintos instrumentos de la democracia participativa, así como ciertos conflictos y asuntos pendientes por resolver alrededor de ellos.

La democracia implica participación ciudadana. La Constitución mexicana reconoce en diversos momentos la relevancia de la participación ciudadana: para la elección de cargos públicos (art. 41 y 116), para la planeación de las políticas públicas (art. 26), para la protección de nuestro pluriculturalismo (art. 2), para garantizar los servicios educativos (art. 3) o de acceso al agua (art. 4).

La participación ciudadana es un valor y un derecho que materializa la autonomía de cada persona y la autodeterminación de nuestra sociedad.

Sí, el momento más emblemático de las democracias modernas se presenta en la jornada electoral. En ella, la ciudadanía elige a sus representantes quienes toman decisiones con enormes repercusiones públicas a nombre de la población. No obstante, la democracia representativa sufre una profunda crisis, de la cual ya nos habló Fernanda Caso hace un par de meses en este mismo espacio, a raíz del desapego que existe entre partidos políticos y electorado.

Y frente a esta problemática, los instrumentos de democracia participativa buscan refrescar la democracia, regresarle protagonismo al soberano popular, reformular el diseño político tradicional de toma de decisiones en el que solo participan las y los representantes electos.

En particular, un gran número de países latinoamericanos adoptaron el uso de instrumentos de democracia participativa en la década de los noventa, siendo Uruguay el país con más larga tradición (@ReformasLATAM, 2021). México reguló estas figuras a nivel federal hasta 2012.

Las consultas populares, referéndums, plebiscitos, iniciativas de ley ciudadanas y presupuestos participativos son esos instrumentos que habilitan a la población para incidir en los procesos para la toma de decisiones. Referéndums como el del pueblo británico por el que decidió salirse de la Unión Europea o el que se realizó en Oregón y despenalizó la posesión de cocaína y otras drogas duras. Plebiscitos como el “NO” que acabó con la dictadura de Pinochet en Chile o el “NO” colombiano que rechazó en un primer momento un acuerdo por la paz entre el gobierno y las FARC. Iniciativas ciudadanas como la histórica 3 de 3, que en México obligó a personas en el servicio público a presentar su declaración patrimonial, de intereses y de impuestos, o como la que buscaba la reelección presidencial en Colombia. Presupuestos participativos que definen el uso de recursos públicos para proyectos que buscan mayor seguridad en las colonias o acabar con las ratas de algún parque o jardín.

Seguro encontrarás en este breve popurrí ejemplos muy alentadores y otros bastante desmotivantes.

Efectivamente, la democracia participativa tiene varios argumentos para impulsar su ejercicio (IDEA, 2017): otorga voz y control político a la ciudadanía, permite que la soberanía popular se manifieste, amplía la oferta de acciones públicas que propone el gobierno o los partidos políticos, obliga a discutir temas que la mayoría política prefieren no tocar, legitima acciones que de otra forma las autoridades no se animarían a realizar o define la postura popular frente a una controversia.

Pero también estos instrumentos acumulan razones de por qué temerles o no ser tan entusiastas (IDEA, 2017): a veces las y los votantes se comportan de manera irracional, la población no se informa, en muchas ocasiones la ciudadanía está agotada de ir a las urnas, la participación es baja y el costo presupuestal alto, en otras tantas estos instrumentos sirven para trasladar la responsabilidad de una autoridad cobarde de asumir el costo político, generan expectativas imposibles de responder, abren espacios para cabilderos y no para una ciudadanía de a pie, provocan polarización o también porque reflejan un claro abuso de autoridades demagogas, populistas y autoritarias.

Ahora bien, fortalecer nuestra democracia o descarrilarla en el intento no sólo depende de la participación ciudadana a través de estos instrumentos, sino también de las autoridades involucradas en estos procesos y la regulación que se dé a los mismos.

Si, como en el caso mexicano, el resultado de la consulta puede ser vinculante, el rango de participación que se solicita para adquirir este carácter se vuelve relevante. Más cuando se compara con el histórico de la votación en elecciones a cargos públicos.

Por ejemplo, en México la Constitución establece que si participa un 40% de la ciudadanía registrada en el padrón electoral, el resultado de la elección es vinculante para las autoridades competentes. Pero ese porcentaje apenas se alcanzó en las elecciones intermedias de 2003 y 2009, siendo que este año fue la primera elección intermedia en el que más del 50% salió a votar. Esto cuestionaría que 37 millones de personas salgan a votar el próximo 1 de agosto.

Otro aspecto importante está en quién puede activar los instrumentos de democracia participativa. En el caso de la consulta popular, si el Ejecutivo y el Legislativo ya tiene facultades para actuar, ¿por qué consultar a la población? O ¿por qué solicitar 2 millones de firmas para impulsar una consulta popular? En México, desde 2012, apenas cinco consultas populares han alcanzado el respaldo en firmas para ser analizadas (las cuatro primeras no se votaron porque la Suprema Corte consideró inconstitucionales las preguntas planteadas); no obstante, en todas ellas han estado detrás partidos políticos con agendas propias, por lo que podría cuestionarse el carácter ciudadano de las mismas.

El momento en que estas consultas se llevan a cabo también se vuelve relevante. Algunas personas consideran que si lo que se busca es aumentar el ánimo participativo en la ciudadanía, es correcto realizar estas consultas en fecha distinta a la elección. Para otras, no es una cuestión de momentos en los que se participa, sino de temas en los que la población puede decidir. Bajo esta última postura, si la población no acostumbra a salir a votar cuando no hay candidaturas de por medio (si no véase el histórico de participación en los proyectos de presupuesto participativo en la CDMX), ¿por qué se modificó la fecha en la que se realiza la consulta popular? (inicialmente, las consultas se realizarían el mismo día de las elecciones federales y no un mes después).

Una última cuestión (y con mucha resonancia estos días) tiene que ver con la materia de la consulta y la pregunta que se formulará a la ciudadanía.

Podría considerarse que la prohibición de algunas temáticas es una autoprotección del sistema. Imagina que no estuviera prohibido consultar sobre impuestos (quién no hubiera propuesto o votado a favor de eliminar/reducirlos). Así, en México se prohíbe consultar sobre la restricción de derechos humanos; la forma republicana, federal, laica y democrática del Estado; la materia electoral; los ingresos y egresos de la Federación; la seguridad nacional; entre otros asuntos.

Respecto a la pregunta, la Suprema Corte tiene la responsabilidad de revisar si el planteamiento respeta la veda temática. Me parece lógico e importante tener un filtro respecto a la cuestión que se quiera someter a consulta. No obstante, en el ejercicio de esta facultad, la Suprema Corte ha sido criticada por impedir consultas anteriores y por permitir la actual. Ha sido señalada por resolver en contra del cómo sí ejercer el derecho y por hacerse de la voz del pueblo y plantear una pregunta diversa a la presentada por la ciudadanía, so pretexto de garantizar el derecho popular a votar en una consulta.

Inicié señalando que una democracia implica participación ciudadana. Me gustaría replantear esto: una democracia NECESITA de la participación ciudadana en los asuntos públicos.

Mientras mayor participación ciudadana exista, mayor legitimidad tendrán nuestras autoridades al ser electas. Ante un mayor involucramiento de la población en los asuntos públicos, la exigencia por rendir cuentas aumentará y menor será el margen que tendrán las autoridades para abusar del poder. Cuando la ciudadanía se aleja de la cosa pública, quienes están en el poder se sienten con mayor comodidad para hacer y deshacer, pisoteando derechos y destruyendo la democracia.

En ese sentido, no cabe el argumento de un pueblo incapaz de participar en los asuntos públicos (argumentos que resultan peligrosos pues pueden extenderse no sólo a instrumentos de democracia participativa, también a las elecciones populares). Pero tampoco es válido salir a participar sin deliberar los asuntos.

Mucho nos falta para actuar de manera responsable frente a nuestra comunidad. La democracia participativa exige de una ética ciudadana permanente que sigue sin materializarse en nuestro país.

Estoy seguro que bien hará a nuestra democracia realizar más consultas populares, aumentar el número de iniciativas ciudadanas, extender los ejercicios de presupuesto participativo. Pero también es importante que las personas involucradas en formular preguntas, proyectos de ley o de inversión pública, presenten propuestas responsables, que quienes las promocionen aporten información veraz y útil para decidir y que abramos un diálogo respetuoso y constructivo entre quienes nos toca decidir en las urnas sobre ellas.

* José Pablo Abreu Sacramento @jpeabreu es Director Regional del Departamento de Derecho del Tec de Monterrey en la CDMX.

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