Dinero, política y elecciones: dilemas y retos en 2021 - Animal Político
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Dilemas democráticos
Por José Pablo Abreu y Juan Jesús Garza Onofre coordinadores
Estamos frente al proceso electoral más grande en la historia contemporánea de México y, más ... Estamos frente al proceso electoral más grande en la historia contemporánea de México y, más allá del reto administrativo que representa su organización y las preferencias ideológicas que existen, consideramos relevante hacer un análisis del estado de la democracia mexicana, inmersa en un complejo contexto social, económico y político, que se ve influida por una dinámica global no más sencilla. En pocas palabras, intentaremos problematizar y analizar nuestros dilemas democráticos más allá de la coyuntura. Coordinan el blog José Pablo Abreu Sacramento y Juan Jesús Garza Onofre. (Leer más)
Dinero, política y elecciones: dilemas y retos en 2021
Por más que se ha sofisticado el procedimiento de fiscalización, partidos y candidatos suelen ser muy creativos para tratar de ampliar el efecto de los recursos que se destinan a las campañas.
Por Arturo Sánchez Gutiérrez
4 de septiembre, 2021
Comparte

Antes de la jornada electoral de este año, circularon diversas propuestas de reformas legales con propósitos inciertos. Por principio, las sugerencias parecían tratar de reducir, eliminar o debilitar al Instituto Nacional Electoral y a otras autoridades como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Después de la jornada electoral, el presidente de la república comentó en sus “mañaneras” la necesidad de realizar una reforma electoral de fondo al INE y al TEPJF. El presidente no mencionó contenidos precisos, pero insistió en proliferar ataques a los consejeros electorales y magistrados del Tribunal Electoral.

El mismo día el senador Ricardo Monreal circuló una propuesta de reforma, más estructurada y razonada, que incluye entre muchos dos temas relevantes para el sistema electoral mexicano. El primero tiene que ver con el monto del financiamiento público que se propone otorgar a los partidos políticos. La propuesta plantea una reducción de 15 por ciento de la bolsa que reciben actualmente los partidos. Hasta hoy, el INE debe calcular el monto de financiamiento con base en el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, multiplicado por el 65 por ciento del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). La propuesta del senador Monreal sugiere considere solo el 50 por ciento de la UMA.

La segunda propuesta tiene que ver con modificar el esquema con el que los partidos rinden cuentas ante el INE sobre sus ingresos y egresos. Actualmente, el INE cuenta con una Unidad Técnica de Fiscalización que actúa bajo las directrices de una comisión del Consejo General, responsable de establecer las bases de la fiscalización, los criterios de las revisiones y determina las sanciones cuando los partidos no cumplen con sus responsabilidades o incurren en alguna irregularidad. La propuesta del senador Monreal busca quitar la fiscalización al Consejo General del INE y entregarla a una unidad técnica que tendría independencia en sus decisiones. Ese modelo ya operó entre 2008 y 2013 y simplemente no funcionó adecuadamente, por ello los legisladores devolvieron el control de la fiscalización a los consejeros electorales en 2014.

Ambas propuestas vuelven a poner de relieve el dilema de la relación entre dinero y política, especialmente en el ámbito electoral. Ciertamente éste no es un problema propio de México y la influencia de los recursos económicos en las elecciones ha mostrado sus efectos negativos en muchas de las democracias modernas. Desde 1996, México optó por entregar recursos muy generosos a los partidos, con un modelo de financiamiento público transparente y fiscalizable. Los objetivos eran muy claros: 1) evitar que los partidos tuvieran que recurrir a recursos ilegales para fortalecer sus actividades políticas; 2) impedir cualquier desviación de recursos públicos a los partidos, y 3) evitar que los partidos dependieran económicamente de uno o varios potentados que pudieran condicionar sus políticas, en caso de que llegaran al poder. Como contrapeso, la ley estableció obligaciones de rendición de cuentas a través de dotar al IFE de entonces de atribuciones para fiscalizar los ingresos e ingresos de los partidos y sus candidatos.

Muy pronto, y hasta la fecha, los partidos mostraron que “no hay dinero que les alcance” y que han preferido pagar las multas que impone el INE a dejar de recurrir a recursos que presuntamente les facilita fortalecer su competitividad en las elecciones. En el año 2000, menos de cuatro años después del incremento sustantivo del financiamiento público a los partidos, las campañas presidenciales de Francisco Labastida (PRI) y Vicente Fox (PAN-PVEM) recurrieron a financiamiento ilegal por montos que les valieron las multas más altas que la autoridad electoral ha impuesto en su historia.1

De 1996 a la fecha se han incrementado las facultades de fiscalización de las autoridades electorales. Por principio, las investigaciones del INE no están limitadas por el secreto bancario y fiduciario, por lo que todo dinero bancarizado puede ser objeto de consulta, lo que permite al INE descubrir mecanismos de financiamiento ilícito. Sin embargo, también desde 1996 el IFE y ahora el INE enfrenta dificultades para detectar y perseguir el financiamiento ilegal que reciben candidatos directamente en efectivo, y que no ingresan a sus cuentas bancarias. Aún así, el INE ha detectado movimientos y egresos que no se explican, al contrastar los informes de ingresos y egresos que presentan los partidos, con los monitoreos de gastos que realizan los funcionarios del propio INE.

En todo caso, cualquier tipo de financiamiento ilegal afecta directamente la equidad en la competencia electoral. De hecho, poco importa si el dinero ilegal se invierte en propaganda o la operación de una campaña, la disponibilidad de recursos fuera de la ley y no bancarizados facilita la realización de cualquier tipo de prácticas ilegales fuera de la norma democrática, incluyendo la posibilidad de compra de votos.

Las campañas de 2021

Sin duda, el INE está en condiciones de dar cuenta de cada peso entregado a los partidos políticos en 2021, a través del financiamiento público. Ningún partido, con un mínimo de organización administrativa, reportaría al INE ingresos ilegales o gastos fuera de la norma. Además, en el caso de alguna irregularidad, la Comisión de Fiscalización del INE propone al Consejo General la aplicación de multas o reducciones a su financiamiento. Con todo, en cada campaña electoral se detectan diversas prácticas violatorias de la ley en relación con los ingresos y egresos de los candidatos. Los ejemplos están a la vista. A finales de julio de este año el INE terminó la fiscalización de los gastos de las campañas de este año. Los resultados fueron impresionantes, por decir lo menos. El INE aplicó este año multas por un total de $1,203,653,511.41 pesos a los partidos y candidatos nacionales y locales.

El problema sigue consistiendo en que los partidos dejan de reportar egresos que realizan en las campañas (en este caso por más de 350 millones de pesos) y omiten reportar o comprobar el origen de ingresos privados (en este caso por más de 80 millones de pesos). No se trata de un problema meramente administrativo. En muchas ocasiones a los candidatos les resulta más barato incurrir en este tipo de irregularidades, que hacer una rendición de cuentas integral que pudiera poner en riesgo sus triunfos u otro tipo de sanciones mayores. Además, en este tipo de procedimientos, los actores sancionados son prioritariamente los partidos y solo en segundo término se sanciona directamente a los candidatos.

Es evidente que la relación dinero, política y elecciones sigue siendo un tema relevante en los procesos electorales de México. La elección de 2021 no solo da muestra de ello, sino que hizo evidente la importancia de fortalecer la fiscalización de los recursos partidarios a nivel local. La confluencia de las elecciones federales con las locales, y en especial con quince elecciones para gobernador, mostró una nueva faceta de la lucha de los partidos por utilizar todo tipo de recursos económicos para tratar de influir en el voto de los ciudadanos. Uno de los casos más notorios es el del candidato ganador a la gubernatura de Nuevo León por Movimiento Ciudadano, Samuel García.

En primera instancia, el INE multó con 55 millones de pesos a Movimiento Ciudadano porque interpretó que Mariana Rodríguez, la esposa del candidato, una persona física con actividad empresarial hizo una intensa campaña de propaganda a favor de Samuel García. El debate sobre la validez de la multa no ha terminado, pero en todo caso, el candidato se vio beneficiado por la actividad de su esposa en la campaña, por su influencia en ciertos públicos, además de que no facturó los servicios que en otro caso sí habría cobrado. Este tipo de situaciones finalmente son definidas por los tribunales, pero en todo caso muestran formas de financiamiento que requieren de alguna forma precisa de reglamentación para evitar la circulación de propaganda que pudiera afectar la equidad en la contienda electoral.

Otro ejemplo del uso irregular de los recursos por parte de los partidos es el caso del Partido Verde Ecologista de México, que fue multado por haber pagado una campaña de publicidad a través de personalidades influyentes en algunos sectores de la opinión pública, durante el período de la veda electoral. Participaron 104 de los llamados “influencers”, que mandaron mensajes en sus redes sociales organizados y orquestados para llamar al voto por el PVEM. El INE estimó el costo de los promocionales y multó al partido por el doble de lo erogado. Además, debido a que se trataba de una práctica reincidente, se sancionó al partido con el retiro de su acceso a radio y televisión por un año.

Un ejemplo más de de omisiones o irregularidades en el manejo de los recursos por parte de los partidos tiene que ver con no ajustarse a los lineamientos y reglamentos establecidos por la ley y el INE. Tal fue el caso del incumplimiento de la obligación de los partidos de destinar el 40% de sus recursos públicos a las candidaturas de mujeres a nivel local. En las elecciones de este año, solo cuatro entidades cumplieron con este requisito. El INE, como correspondía, impuso las multas correspondientes, pero al parecer la defensa de los derechos políticos de las mujeres queda en solo palabras en la mayoría de los casos. Incluso en el seno del Consejo General se debatió si el monto de la sanción era el pertinente, ya que se aplicó desde una amonestación, hasta el 150 por ciento del monto no entregado a las candidatas.

Conclusión

Los ejemplos citados muestran los retos de las autoridades electorales para tratar de establecer una mejor relación entre el dinero que se utiliza en las campañas y el respeto a las leyes. El problema sigue siendo el mismo de hace treinta años. El mal uso de los recursos genera inequidad en la competencia electoral y afecta el sano desarrollo de nuestra democracia. Por más que se ha sofisticado el procedimiento de fiscalización, los partidos y candidatos suelen ser muy creativos para tratar de ampliar el efecto de los recursos que se destinan a las campañas.

Cualquiera diría que las alternativas de solución estarían cercanas a un fortalecimiento de las facultades y atribuciones fiscalizadoras del INE. Por principio, una buena fiscalización tiene importantes costos en tecnología, personal y sistemas de monitoreo. La propuesta de quitarle al Consejo General del INE la facultad de dirigir este tipo de actividades no abona en lo que se requiere y abre las puertas para facilitar o abaratar el costo de violentar las normas para evitar una sana rendición de cuentas por parte de los partidos y candidatos. No se trata de generar una acción punitiva que paralice las campañas, sino de construir todo un sistema de propaganda política que permita la sana competencia basada en contenidos y que el dinero no sea pieza determinante en la calidad de la contienda y en los resultados electorales.

En el mismo sentido, reducir sin más el financiamiento público de los partidos políticos, sin diseñar un esquema de competencia equitativa, con gastos definidos y capacidad de comunicación adecuada, no abona en términos democráticos y podría, a la larga, generar más problemas de los que se buscan resolver.

En esta materia, lo que nuestra democracia requiere es una visión de innovación que facilite el fortalecimiento de las campañas con equidad y respeto a la ley.

 

 

 

1 Después de un litigio de casi tres años, en el 2003, el IFE aplicó al PRI una sanción de mil millones de pesos y a la coalición PAN-PVEM otra sanción de más de 500 millones. Ambas sanciones fueron puntualmente pagadas por los partidos a través de reducciones en su financiamiento público. Ver: Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, Elecciones, dinero y corrupción. Pemexgate y Amigos de Fox, México 2006, Cal y Arena.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
Comparte
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.