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Dilemas democráticos
Por José Pablo Abreu y Juan Jesús Garza Onofre coordinadores
Estamos frente al proceso electoral más grande en la historia contemporánea de México y, más ... Estamos frente al proceso electoral más grande en la historia contemporánea de México y, más allá del reto administrativo que representa su organización y las preferencias ideológicas que existen, consideramos relevante hacer un análisis del estado de la democracia mexicana, inmersa en un complejo contexto social, económico y político, que se ve influida por una dinámica global no más sencilla. En pocas palabras, intentaremos problematizar y analizar nuestros dilemas democráticos más allá de la coyuntura. Coordinan el blog José Pablo Abreu Sacramento y Juan Jesús Garza Onofre. (Leer más)
La reforma pendiente: apertura democrática de los partidos
Se habla poco de una reforma que pase por la columna vertebral de los partidos y los obligue, ahora sí, a dejar de ser clubes privados para convertirse en plataformas de participación ciudadana.
Por Fernanda Caso Prado
6 de marzo, 2021
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Iniciaba 1946, la Segunda Guerra Mundial había llegado a su fin y nuestro país se había colocado oportunamente en el bando de los vencedores. La creación de la Organización de las Naciones Unidas estaba en marcha y México estaba enlistado entre los miembros fundadores. Nuestro país necesitaba conciliar su identidad posrevolucionaria de liderazgos militares con los nuevos estándares democráticos internacionales. En ese contexto, el presidente Ávila Camacho se dispuso a tomar tres decisiones políticas que redefinirían a México frente a sí mismo y frente al mundo. El 7 de enero publicó la nueva Ley Electoral Federal que hacía de los partidos el eje de la vida democrática. El 19 de enero se votó la creación del PRI, a partir de lo que había sido el PRM, y ese mismo día fue seleccionado oficialmente Miguel Alemán Valdés como el primer candidato oficialista a la presidencia que era civil y no militar.

Fue así como el modelo moderno de partidos llegó a nuestro país en papel, mientras se construía a la par la maquinaria política que se encargaría de evitar la llegada de la democracia durante décadas.

Los partidos políticos ya estaban presentes en la legislación mexicana desde 1911 y en la vida electoral del país de manera cotidiana, pero la ley de 1946 les dio a estas instituciones la dimensión y trascendencia bajo las que los entendemos incluso ahora. Esto se logró, entre otras cosas, a partir de la inclusión del requisito mínimo de contar con 30 mil miembros (en lugar de solo 100 como se exigía previamente) para conseguir el registro. Este nuevo criterio tendría dos efectos. Primero, obligar a los partidos a estructurarse internamente de una forma más compleja y ambiciosa con vocación de permanencia, en lugar de únicamente organizarse y disolverse alrededor de coyunturas locales como sucedía con la mayoría de ellos. Y segundo, hacer más difícil la entrada a nuevos competidores en la arena pública.

Fue así como en México empezamos a vivir la doble realidad: una democracia presente en la teoría, pero inexistente en la práctica. El gobierno priista perseguía opositores, el presidente de la República mandaba dentro del PRI y el PRI ganaba todas las elecciones.  El partido, desde entonces, era el eje estructurador de la antidemocracia.  Mientras que su función en la ley era ser una plataforma de acceso de ciudadanos e ideas al poder, su función en el régimen era justo la contraria: evitar que cualquier ciudadano o idea hiciera competencia a la línea del gobierno.

75 años después de la promulgación de la Ley Federal Electoral del 46, el país ha cambiado y avanzado enormemente. Las luchas ciudadanas dieron como resultado un nuevo modelo electoral con algunas herramientas de transparencia y control de los abusos. Hoy contamos con un organismo autónomo que se encarga de las elecciones, la alternancia política es una realidad y existe pluralidad de partidos que compiten entre ellos por el poder cada tres años.

Sin embargo, salvo algunas reformas menores, el concepto y funcionamiento mismo de los partidos parece haber escapado a esta ola democratizadora que impulsó a México durante la segunda mitad del siglo XX y lo que va del XXI. Hemos pasado de tener un único partido antidemocrático y aislado de los ciudadanos a tener una decena de ellos.

Una de las mayores tragedias en este proceso de transición es la derrota cultural que de la que el PAN y PRD fueron parte. El PAN, un partido fundado bajo la premisa de la democracia interna y la participación ciudadana, y que resistió a las mayores presiones del régimen priista, no supo manejar las tensiones de la victoria. En cuestión de pocos años, Acción Nacional se convirtió en lo que siempre había criticado: un organismo cerrado y antidemocrático. El PRD, creado en un impulso de rebeldía frente a las prácticas priistas, terminó absorbido por la cerrazón de sus tribus y los intereses de sus dirigentes.

El resto de los partidos vigentes ni siquiera han hecho el intento de construir plataformas democráticas. Hoy no es una sola persona decidiendo sobre la candidaturas y recursos electorales de todo el país, pero sí es un puñado de pequeños caciques partidistas que mandan internamente, mientras los ciudadanos terminan igual de excluidos que siempre.

Un ejemplo claro y reciente de esto es la elección presidencial del 2018 cuando ni uno solo de los nueve partidos registrados tuvo una elección primaria y todos terminaron coaligados en torno a solo tres candidaturas definidas de manera cupular. Meade, el candidato del PRI, fue electo bajo la más rancia de las tradiciones priistas… con la venia del presidente de la República. Los otros dos candidatos partidistas, AMLO y Anaya, usaron durante meses los recursos públicos y spots de los partidos que ellos mismos dirigían para promocionar su imagen y posteriormente se convirtieron en precandidatos únicos de sus respectivas instituciones. Ningún partido se abrió a opciones ciudadanas, ninguno consultó genuinamente a su militancia o a sus electores y ninguno tuvo debates internos antes de elegir al abanderado. No se puede hablar de una democracia completa cuando los votantes no son parte de las deliberaciones que construyen una boleta.

¿Qué se puede hacer?

Mucho se habla de la reforma electoral pendiente (porque en México siempre hay una reforma electoral pendiente). Se mencionan posibles reestructuras al INE, reducción de recursos a los partidos, voto electrónico, modelos para garantizar la independencia Tribunal Electoral, y un sinfín de ajustes y arreglos. De lo que se habla poco es de una reforma que pase por la columna vertebral de los partidos y los obligue, ahora sí, a dejar de ser clubes privados para convertirse en plataformas de participación ciudadana. La forma de lograrlo pasa por cinco medidas principales:

  1. La obligación a todos los partidos de facilitar sus mecanismos de afiliación de tal forma que cualquier ciudadano pueda participar en la vida interna de los mismos en el momento que así lo desee, sin necesidad de cumplir con trámites ni criterios de antigüedad desproporcionados.
  2. La exigencia de seleccionar a todos los candidatos mediante procesos democráticos internos (en los que cualquier ciudadano pueda registrarse como competidor), ya sea por métodos de votación de militantes, votación de simpatizantes o a través de encuestas cuyo método y resultados sean públicos.
  3. La obligación a los partidos de distribuir sus recursos de campaña con base en criterios de competitividad y de paridad de género, a fin de que no sean solo los candidatos cercanos a las élites partidistas quienes cuenten con las herramientas para llegar a los espacios de poder.
  4. Un cambio de modelo en la comunicación partidista que incluya reducción de spots y aumento en los debates, a fin de que los ciudadanos puedan tener mayor acceso al contraste de ideas de candidatos en campaña, así como de dirigentes partidistas, gobernadores y miembros del congreso, en tiempos ordinarios.
  5. Un aumento sustancial en el porcentaje de recursos que los partidos destinan a la formación de cuadros. No hay razón alguna por la cual los partidos no dirijan al menos el 50% de sus prerrogativas a la función que más beneficia a los ciudadanos, que es tener perfiles capacitados para gobernar.

Si bien hay muchas áreas más en las que la democracia mexicana puede mejorar, esta es sin duda la más evidente y apremiante. Siempre estaremos lejos de ser una democracia plena mientras los partidos continúen cerrados a sus electores, y no dejarán de estarlo si no hay una ley que se los exija.

Es cierto, los partidos tienen hoy pocos incentivos para pasar una ley que los perjudique… igual que el PRI tenía pocos incentivos en 1946 para abrirse a la competencia. Pero nuestro país ha demostrado, una y otra vez, que la presión ciudadana puede ser suficiente contra las élites partidistas y sus intereses si se hace de manera enfocada, constante y organizada.

* Fernanda Caso Prado (@Fer_Caso) es periodista y analista.

 

 

 

Referencias

Camacho Vargas, José Luis. Historia e Ideología del Continuum PNR-PRM-PRI. UNAM. Revista de Derecho Estasiológico. Ideología y Militancia. 2. México 2013. Pp. 143-157.

Llarosa, Manuel. Guerra, Yanelly. El régimen de partidos políticos en México: su regulación en la legislación electoral (1911-2004), ¿Hacia una ley de partidos?.Georgetown University. Polis 2005, Vol. 1, num 2. Pp 233-276.

 

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