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Dilemas democráticos
Por José Pablo Abreu y Juan Jesús Garza Onofre coordinadores
Estamos frente al proceso electoral más grande en la historia contemporánea de México y, más ... Estamos frente al proceso electoral más grande en la historia contemporánea de México y, más allá del reto administrativo que representa su organización y las preferencias ideológicas que existen, consideramos relevante hacer un análisis del estado de la democracia mexicana, inmersa en un complejo contexto social, económico y político, que se ve influida por una dinámica global no más sencilla. En pocas palabras, intentaremos problematizar y analizar nuestros dilemas democráticos más allá de la coyuntura. Coordinan el blog José Pablo Abreu Sacramento y Juan Jesús Garza Onofre. (Leer más)
Pactos de señores
Si se ubican mujeres en las papeletas, ellas pueden ganar los cargos. Este es uno de los aprendizajes de la experiencia de los últimos años. No es que ellas no fueran capaces o no quisieran participar, sino que hubo que obligar a las dirigencias partidistas para que las ubicaran en las boletas.
Por Flavia Freidenberg
26 de junio, 2021
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Ellas ganaron

Los esfuerzos para que más mujeres accedan a los cargos han supuesto batallar contra “pactos de señores”. Si bien no hay reglas escritas que suscriban ese pacto ni implica que todos los hombres sean parte de él, un montón de decisiones y prácticas suponen sesgos implícitos de género respecto a la superioridad, el expertise y los méritos de unos pocos sobre el resto de la sociedad. Las elecciones intermedias de 2021 dieron cuenta una vez más de la fortaleza de esas malas prácticas que limitan los derechos políticos-electorales de las mujeres. Mientras más avanza la representación descriptiva de ellas, resultan más evidentes las simulaciones, resistencias y violencias que buscan impedir que accedan y ejerzan el poder en condiciones de igualdad.

A pesar de esos fuertes obstáculos, las mujeres han sido las protagonistas de esta elección. Más de 71.465 mujeres (frente a 67.347 hombres) se animaron a competir por una gubernatura, diputación federal y local, presidencia municipal y cargos en ayuntamientos. Los datos preliminares señalan que habrá unas 248 diputadas federales (49,6%), con lo que estaríamos ante la segunda legislatura de la paridad (2021-2024). Además de ello, siete mujeres gobernarán de manera simultánea por primera vez en la historia las entidades del país: junto a Ciudad de México (Claudia Sheinbaum), resultaron elegidas en Campeche (Layda Sansores San Román), Colima (Indira Vizcaíno Silva), Baja California (María del Pilar Ávila Olmedo), Chihuahua (María Eugenia Campos), Guerrero (Evelyn Salgado Pineda) y Tlaxcala (Lorena Cuellar Cisneros).

Estos datos se refuerzan con los avances en los legislativos subnacionales, donde al menos once Congresos Estatales serán paritarios o tendrán más mujeres que hombres (como Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Yucatán). Estos avances van en el mismo sentido de las transformaciones de las tres últimas décadas que han llevado a que los legislativos incrementen la representación descriptiva de las mujeres en promedio en unos 38.5 puntos porcentuales. Y, además, donde más estábamos rezagados, a nivel de alcaldías, se espera que haya un incremento de 30 puntos porcentuales de mujeres presidentas municipales.

Son las reglas, ¡estúpido! 

Si se ubican mujeres en las papeletas, ellas pueden ganar los cargos. Este es uno de los aprendizajes de la experiencia de los últimos años. No es que ellas no fueran capaces o no quisieran participar, sino que hubo que obligar a las dirigencias partidistas para que las ubicaran en las boletas. Los resultados electorales han sido producto de esos esfuerzos por impulsar reglas que exigieran mujeres en las candidaturas y que han hecho que -en la actualidad- México cuente con el régimen electoral de género más fuerte y robusto de América Latina.

Las leyes fueron creando más oportunidades para que las mujeres pudieran acceder a los cargos. La aprobación del principio constitucional de la paridad de género a nivel federal (2014) y en cada entidad; el recordatorio de que ésta incluía a los cargos locales (2015); la introducción de la paridad transversal (2017, que complementa a la vertical y la horizontal) y también la instrucción a las dirigencias de que la exigencia de la paridad debía incluirse en las gubernaturas (2020) fueron hitos importantes en ese proceso. Si bien la ecuación parece sencilla, no lo es. Las leyes solas no alcanzan. Se necesitan actores críticos que quieran controlar que las normas se cumplan y estén dispuestos a luchar con su voz, su inteligencia y su capacidad de articular redes contra las simulaciones y las resistencias. Y México los tiene.

Y, a pesar de todo, siguen las resistencias

Hace unos años escribí que a las mujeres hacer política podía costarles la vida (Freidenberg, 2017). Me refería a los obstáculos institucionales, políticos, económicos, culturales y de acceso a la justicia que debían sortear para conseguir estar en la papeleta, hacer campaña electoral y gobernar en igualdad de condiciones. Durante esta elección, con el equipo de #RepresentaciónParitaria (@polisparitaria), nos dedicamos a clasificar formas de resistencias y simulaciones en la política federal y estatal. Quizás no son todas, pero conseguimos armar un buen mapa que nos ayudará a entender mejor esas malas prácticas.

Una primera clase de resistencias tiene que ver con la interpretación sesgada de las normas de paridad como una manera de rechazar el tener que ubicar mujeres en las candidaturas. Por ejemplo, a pesar de que la reforma constitucional de 2014 era clara respecto a que la paridad de género era “para todos los cargos” (art. 41) y de que esto se reforzó con la reforma de “paridad en todo” (2019), las dirigencias se resistieron a poner mujeres en las candidaturas por las gubernaturas. Por primera vez en la historia los partidos debieron ubicar candidatas a los Ejecutivos estatales. Hubo que obligar nuevamente por ley, cuando la ley ya lo contemplaba. Otra norma que continúan resistiendo es la de enviar mujeres a distritos competitivos. Aún falta más estudio, pero los datos preliminares de estas elecciones muestran que a nivel subnacional sigue habiendo mujeres compitiendo en distritos perdedores, lo que legalmente no está permitido.

Un segundo grupo tiene que ver con emplear criterios no meritocráticos para las candidaturas, que se evidencia en privilegiar a mujeres con vínculos primarios a los caciques del poder o intercambiar distritos entre dirigentes para poner candidatas con vínculos de parentesco (por ejemplo, la hermana de uno en el distrito del otro y a la inversa). Dado que las dirigencias se han reservado históricamente “el derecho” a nominar las candidaturas, no les sentó del todo bien tener que poner a las “viejas” en los sitios que habían sido decididos tradicionalmente por ellos y, mucho menos, si estos distritos eran ganadores. Las dirigencias cumplen con poner mujeres, aunque estas prácticas suelen desplazar el trabajo político de la militancia. Por ejemplo, la candidatura a la gubernatura de Guerrero fue más bien producto de arreglos partidistas y formas patriarcales de relación política, al ser designada la hija de un político al que se le negó el registro para ser candidato y quién asumió la candidatura pocos días antes de las elecciones.

Un tercer grupo de malas prácticas tiene que ver con simular que se cumplen los criterios exigidos por la ley. Las dirigencias emplean artimañas creativas que obliga a estar constantemente monitoreando su accionar. Por ejemplo, la presentación de falsas candidaturas diciendo que se es de un género (siendo de otro) para ocupar un espacio que exige la paridad, como en el caso de Tlaxcala donde 18 candidatos hombres del partido Fuerza Por México se registraron como mujeres trans para pretender cumplir con la paridad de género (Animal Político, 25 de mayo de 2021). O también presentando declaraciones juradas que incumplen los lineamientos que aprobó el INE respecto a la “Declaración de 3×3 contra la violencia”. Por ejemplo, la Observatoria Ciudadana Todas Mx, que integra a más de 150 organizaciones sociales, dio cuenta de al menos 105 denuncias de candidaturas que no cumplen con alguno de los tres supuestos que exige esa medida: deudores de pensión alimenticia, agresores sexuales, incluyendo el acoso y hostigamiento, así como agresores de mujeres en el ámbito público y/o privado. También haciendo que las candidatas renuncien a su candidatura días antes de la elección simulando armar “frentes unidos” y fomentando el voto útil contra un determinado candidato.

Un cuarto grupo da cuenta de distintas formas de violencias, registrándose agresiones por parte de candidatos y medios de comunicación, ataques físicos, amenazas, discriminación por origen y por género. El Indicador de Violencia Política en México (Consultora Etellekt) da cuenta de 910 agresiones durante la campaña (secuestros exprés, golpes, atentados, acosos, amenazas para que renuncien, entre otros) y también del asesinato de 91 personas políticas, de las cuales 36 fungían como candidatas/os y aspirantes y, de esas, 14 eran mujeres. Según la Observatoria Ciudadana, los estados con mayor número de reportes de agresiones en contra de las candidatas fueron Puebla, Yucatán, Veracruz, CDMX y Michoacán. La Misión de Observación Electoral de la OEA también llamó la atención en su informe preliminar sobre la extrema violencia sexista contra las mujeres en esta última elección y al menos unos 20 aspirantes de diversos partidos (Morena, PRI, PAN, Encuentro Social) contaban con denuncias por violencia de género, maltrato, abuso y acoso (entre ellos el precandidato a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio).

Un quinto grupo de resistencias suponen estereotipos, sexismo, doble rasero y valoraciones discriminatorias respecto a las capacidades y oportunidades de las mujeres en la política. Mientras se siga percibiendo como algo natural que el liderazgo y el expertise son características masculinas o que una mujer es “intensa”, “mandona” o “generala” cuando toma decisiones y consigue sus metas, será muy difícil construir democracias paritarias. El modo en que los medios de comunicación cubren las campañas no ayudan a romper esos marcos discriminatorios. Por ejemplo, el monitoreo de medios del INE-UNAM (2021) evidenció que a pesar de la paridad ellas siguen compitiendo en condiciones de desigualdad: se dedicó más tiempo a las campañas de los hombres (63% contra 37% de las candidatas) y la cobertura de las campañas de ellas fue sólo el 19 por ciento del total (120 horas, 5 minutos y 50 segundos frente a 206 horas, 30 minutos y 15 segundos). Y, además, en un estudio preliminar que estoy haciendo, revisando la prensa nacional y local de los estados, me encuentro que aún cuando ellas son menos cubiertas por los medios, algunas lo son muchísimo menos que otras.

Tenemos reglas, nos faltan paritaristas

La próxima generación de reformas tiene que ir por (des)generizar a los partidos: se requiere más democracia interna y más inclusión real de todes en la toma de decisiones. Los partidos continúan siendo reproductores de desigualdad y discriminación. Sigue habiendo techos de cristal -que segregan a las mujeres a las bases de los partidos- y no les permiten liderar los órganos internos; escenografías que las invisibilizan -las hacen aparecer “como floreros” en mítines o como compañeras de caminatas- y las silencian en el uso de su voz pública y también continúa habiendo una distribución desigual de recursos financieros para las campañas de las mujeres.

Las reformas político-electorales también tienen que suponer cambios actitudinales. Las exigencias normativas requieren de apoyo a través de políticas educativas que cambien las creencias respecto a los roles de cada género y sobre cómo la sociedad quiere verse a sí misma. La paridad no garantiza per se mejores condiciones como candidatas, tampoco que sean más influyentes como legisladoras ni que se desarrolle una agenda progresista de género. La democracia paritaria no puede ser sólo tener más mujeres en los cargos. Supone política de la presencia: valores, ideas y acuerdos compartidos respecto a otra manera de ejercer el poder. Esta no es una agenda sólo para las mujeres, sino que se requiere de manera urgente capacitación para los hombres en perspectiva de género. No es sólo con reglas que se van a modificar las malas prácticas, sino que se necesita más educación y más paritaristas.

* Flavia Freidenberg (@flaviafrei) es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

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