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Dilemas democráticos
Por José Pablo Abreu y Juan Jesús Garza Onofre coordinadores
Estamos frente al proceso electoral más grande en la historia contemporánea de México y, más ... Estamos frente al proceso electoral más grande en la historia contemporánea de México y, más allá del reto administrativo que representa su organización y las preferencias ideológicas que existen, consideramos relevante hacer un análisis del estado de la democracia mexicana, inmersa en un complejo contexto social, económico y político, que se ve influida por una dinámica global no más sencilla. En pocas palabras, intentaremos problematizar y analizar nuestros dilemas democráticos más allá de la coyuntura. Coordinan el blog José Pablo Abreu Sacramento y Juan Jesús Garza Onofre. (Leer más)
Tribunal Electoral: entre la captura partidista y el #QueSeVayanTodos
¿Por qué los partidos políticos tienen incentivos para capturar al Tribunal Electoral? La respuesta es sencilla: se trata de un árbitro extremadamente poderoso, que desempeña funciones que van mucho más allá de lo que tradicionalmente comprende la resolución de las “disputas electorales” y que toman decisiones que pueden beneficiar o afectar directamente a los partidos políticos
Por Javier Martín Reyes
21 de agosto, 2021
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Sería un error pensar que la crisis que actualmente vive el Tribunal Electoral (TEPJF) es sólo una disputa interna o producto de pasiones coyunturales. En realidad, lo que hemos visto es sólo el último episodio de un largo proceso de captura partidista. Las mayorías políticas de ayer y del presente han debilitado al árbitro electoral y el resultado es tan claro como nefasto: hoy el Tribunal Electoral corre el riesgo de desaparecer con la reforma electoral que ya se ha anunciado. El presidente López Obrador lo ha dicho con todas sus letras: “¡Que se vayan todos!”.

La crisis no ha terminado y el futuro de la justicia electoral es incierto. Son muchas las voces que, haciendo gala de un cortoplacismo interesado, exigen una reforma electoral que elimine a instituciones electorales que se han construido a lo largo de décadas. Por supuesto, se trata de un remedio que saldría más caro que la enfermedad, pero lo cierto es que se trata de una posición que cada vez ha ganado más fuerza.

¿Qué hacer, entonces, con el Tribunal Electoral? En las siguientes analizo los orígenes de esta crisis, para luego reflexionar sobre el futuro de la justicia electoral. 1

Los incentivos para la captura: el creciente poder del Tribunal Electoral

¿Por qué los partidos políticos tienen incentivos para capturar al Tribunal Electoral? La respuesta es sencilla: se trata de un árbitro extremadamente poderoso, que desempeña funciones que van mucho más allá de lo que tradicionalmente comprende la resolución de las “disputas electorales” y que toman decisiones que pueden beneficiar o afectar directamente a los partidos políticos. Ofrezco aquí tres ejemplos.

Hoy la justicia electoral puede  anular una elección a pesar de que los argumentos jurídicos sean endebles para ello, como casi sucede en la elección de gobernador de Puebla. Y, de la misma forma, pueden validar otras elecciones, aunque en ellas hayan quedado acreditadas irregularidades graves, como en la elección de gobernador de Aguascalientes. Hoy la última palabra en las elecciones no la tiene la ciudadanía, sino la judicatura electoral.

De la misma forma, el Tribunal Electoral define, en última instancia, qué jugadores entran y salen del sistema de partidos. La forma en que el PT conservó su registro en 2015 ilustra bien lo anterior: a pesar de que no alcanzó el mínimo exigido por la Constitución, una serie de decisiones judiciales le permitieron que conservara el registro. Y, más recientemente,  con otras cuestionables decisiones, el Tribunal Electoral determinó que los tres partidos más cercanos al lopezobradorismo obtendrían el registro, mientras que debía negarse el registro al único partido que evidentemente sería de oposición.

Finalmente, en la justicia electoral los partidos políticos se juegan, literalmente, millones de pesos. El caso del “Morenagate” es un buen ejemplo. En este caso, el INE impuso una multa de poco más de 197 millones de pesos a Morena, al acreditar que dicho partido creó un esquema de financiamiento paralelo mediante el fideicomiso “Por los demás”. Y, sin embargo, la multa fue revocada por el TEPJF.

Las principal vía para la captura: el proceso de designación de las y los magistrados electorales

Los partidos políticos cuentan con varias vías para limitar la independencia del Tribunal Electoral: reformas constitucionales para removerlos o desaparecerlos, juicios políticos, reducciones presupuestarias y hasta promesas de futuras designaciones en la Corte. Pero hay una que es importantísima: el procedimiento de designación. En el caso de la justicia electoral, los regulados (los partidos) son quienes finalmente nombran a los reguladores (el TEPJF).

En teoría, la designación de magistrados es compleja: la Corte selecciona a los integrantes de las ternas y, posteriormente, el Senado elige mediante votación calificada (dos terceras partes). En la práctica, en estos procedimientos ha reinado tanto la discrecionalidad como la lógica de las cuotas y de los cuates. El proceso de designación de 2016, en el cual se renovó a la totalidad de la Sala Superior, es por demás revelador.

Para conformar las ternas, la Corte optó por privilegiar la discrecionalidad. La única evaluación —es un decir— se hizo a partir de un ensayo de diez cuartillas. A partir de este insumo, las y los ministros procedieron a hacer una votación, en la que no dieron mayores explicaciones, para seleccionar a 42 aspirantes. Posteriormente, los finalistas comparecieron ante el Pleno de la Corte “en un tiempo máximo de cinco minutos” y ahí se les formuló uno o más preguntas, durante otros cinco minutos. Finalmente, en una sesión posterior, la Corte aprobó la conformación final de las ternas, sin dar una sola explicación sobre cómo se conformaron.

Las cosas fueron aún peor en el Senado. La Comisión de Justicia dedicó menos de dos horas para analizar cada candidatura y determinó que todas y cada una de las personas que integraban la terna cumplían con los requisitos para el cargo.  Luego vino el tiempo para la política partidista. Así, las y los senadores del PRI, PAN y PRD lograron una muy amplia mayoría para designar a los integrantes de la Sala Superior. La composición final de la Sala Superior reflejó, en buena medida, el balance de poder que en ese momento existía en el Senado. En su momento, se señaló que la designación recayó en tres magistrados cercanos al PRI, dos al PAN y uno al PRD.

Pero el reparto de las cuotas partidistas no terminó con la designación. Después de que las y los magistrados electorales tomaron protesta, en el Senado se presentó una iniciativa para ampliar el mandato de cuatro de los siete integrantes de la Sala Superior (lo que coloquialmente se conoció como la #LeyDeCuates). Eventualmente, la iniciativa fue aprobada en las dos cámaras, con el apoyo del PRI, del PAN y de un sector del PRD. De nueva cuenta, la ampliación tuvo una lógica partidista y reflejó el balance de poder: dos de los magistrados cuyo mandato se amplió eran cercanos al PRI, uno al PAN y otro  al PRD. Aunque la ampliación fue impugnada por Morena y el PRD, en una decisión por demás bochornosa, la Suprema Corte convalidó la ampliación de los mandatos.

Después de la captura: un Tribunal Electoral al servicio del poder en turno

Lo que vimos después de 2016 no ha sido otra cosa que las consecuencias de la designación y ampliación del mandato de los magistrados electorales. En un primer momento, un bloque mayoritario de magistrados electorales jugó a favor de la coalición que en ese momento detentaba el poder. Con sentencias inaceptables desde un punto de vista jurídico, estas magistradas y magistrados —a veces en solitario, a veces acompañados— hicieron todo lo posible para no anular la elección de Gobernador en Coahuila que ganó el PRI, no obstante la evidencia sobre un rebase del tope de gastos; decidieron subir a El Bronco a la boleta, a pesar de que no juntó el número de firmas necesario, y echaron abajo los lineamientos de cancha pareja, que en ese momento afectaban al gobierno de Peña Nieto.

Pero todo cambió con la elección 2018. Después del aplastante triunfo de Morena, una mayoría de la Sala Superior, encabezada por el magistrado José Luis Vargas Valdez, dio un giro de 180 grados. La receta fue similar: sentencias jurídicamente aberrantes pero que políticamente favorecían al nuevo poder en turno. Sólo así se explica que el Tribunal Electoral haya anulado la multa de más 197 millones de pesos a Morena por un esquema de financiamiento paralelo; que en repetidas ocasiones se haya negado a limitar la intervención del presidente López Obrador en las elecciones; o que haya aplicado estándares diferenciados para negar el registro a México Libre y para dárselo a los aliados del lopezobradorismo: PES, FSM y RSP.

La situación actual: un tribunal entre la espada de la reforma y la pared de la captura

Si la mayoría del Tribunal Electoral ha sido mayormente favorable a la llamada “Cuarta Transformación”, ¿por qué hoy Morena y López Obrador piden que se vayan todos? La respuesta, creo, está en un cambio de incentivos. Antes de la jornada electoral de 2021, los principales líderes de Morena dijeron que una reforma electoral después de las elecciones era “inevitable” y que en la que se analizaría la continuidad o extinción de los árbitros electorales.

Creo que lo anterior explica el cambio que hemos visto en los últimos meses, en los que el Tribunal Electoral ha comenzado a tomar decisiones, en casos relevantes, que son contrarias a Morena. Dos de los magistrados que formaban parte del grupo de cuatro de José Luis Vargas, y que lo votaron para que fuera presidente, comprendieron que ni complaciendo al poder en turno podrían asegurar su cargo. Fue así como se sumaron a otro bloque, encabezado por Reyes Rodríguez Mondragón y Janine Otálora Malassis, que pese a todo ha mostrado un mayor grado de independencia y autonomía. Así fue que nació el llamado “grupo de los cinco” (G5) que destituyó a Vargas.

Por eso Morena y López Obrador piden la cabeza de todos los magistrados electorales. Quieren que se vayan todos los que están para que ahora lleguen los suyos. No quieren ni un órgano más independiente ni borrar la lógica de las cuotas y los cuates. Lo que buscan son sus cuotas para sus cuates. Quien piense que el borrón y cuenta es una buena idea, debería recordar lo que ha sucedido con las designaciones en ese sexenio. La designación de Rosario Piedra Ibarra en la CNDH y de Yasmín Esquivel Mossa en la Corte son sólo dos ejemplos de lo que podría pasar.

¿Podrá sobrevivir el Tribunal Electoral? Es difícil saberlo. Pero algo queda claro: las y los magistrados tienen la solución en sus manos. Quizá la única manera que tienen de evitar una reforma electoral que los remueva es comenzar a hacer lo que debían desde el primer día de su mandato: dictar sentencias jurídicamente sólidas, que sean convincentes y que puedan generar un mínimo de legitimidad. Deben convencer a las y los legisladores —sobre todo a los de oposición— que pueden ser un árbitro imparcial y creíble. De lo contrario, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados tendrán todos los incentivos para removerlos y para iniciar un nuevo episodio de la tragicomedia de la captura partidista.

* Javier Martín Reyes (@jmartinreyes) es profesor asociado en la División de Estudios Jurídicos del CIDE.

 

 

1 Retomo aquí algunas de los argumentos que desarrollé más ampliamente en este estudio: Martín Reyes, Javier, “Cuando los regulados nombran a los reguladores: la captura de los árbitros electorales en México”, trabajo preparado para el seminario Hanging in The Balance: Mexico’s Midterm Elections and the Future of its Democracy, organizado por el Center for the United States and Mexico del Rice University’s Baker Institute for Public Policy y El Colegio de México, 2021.

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