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La nueva legislatura y los pendientes de la justicia
El reto más importante que en materia de justicia enfrentará la LXV Legislatura es la expedición de la legislación única en materia de procedimientos civiles y familiares, tarea pendiente por un mandato constitucional incumplido y por las implicaciones para todo el sistema jurídico.
Por María del Pilar Ortega Martínez
2 de septiembre, 2021
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La nueva legislatura llega con una serie de pendientes legislativos que no han podido concretarse hasta la fecha. Entre estos pendientes, la agenda en materia de justicia es una de las más importantes por la creciente demanda ciudadana que reclama su derecho de acceso a la justicia. Las funciones estatales de procuración e impartición de justicia se han convertido en unas de las más apremiantes.

Vale la pena retomar las conclusiones que se generaron como resultado de los Foros de Justicia Cotidiana celebrados por el CIDE en 2015, que destacan problemáticas de urgente resolución: “…los procesos son largos, costosos, poco flexibles o adaptables a las circunstancias; existen numerosos obstáculos tanto para el acceso a la justicia como para que el resultado contribuya a solucionar efectivamente los problemas de los ciudadanos; la justicia se percibe como lejana, resulta mayormente incomprensible para los ciudadanos y tiende a incrementar la desigualdad social; se tiende a privilegiar la forma procesal sobre la resolución del conflicto; y las personas que enfrentan un conflicto con mucha frecuencia no saben adónde acudir y cómo obtener servicios de asistencia jurídica de calidad y bajo costo”.

De acuerdo con la Encuesta a Población General del World Justice Project en México , al menos la mitad de la población ha experimentado problemas de justicia cotidiana. El 40% de esta mitad tuvo al menos una consecuencia negativa de este problema.

¡Justicia! Es el reclamo unánime de la ciudadanía afectada por las actividades de la delincuencia organizada, como el homicidio, la extorsión y la trata; de las personas desplazadas y de las familias de personas desaparecidas, o de las víctimas indirectas de los delitos cometidos en razón de género, o de los menores de edad víctimas de diversos delitos. La numeralia no hace más que confirmar la tendencia creciente de las necesidades relacionadas con estas funciones estatales, y que México es un país lastimado por una elevada impunidad que ronda el 98% –de acuerdo con el Indice Global de Impunidad–, la cual es una razón que desalienta la cultura de la denuncia y explica parcialmente la abultada cifra negra en la comisión de delitos.

Durante la legislatura saliente, quienes asumimos el compromiso de fortalecer la justicia en México enfrentamos y atestiguamos una gran cantidad de retos. En algunas ocasiones fueron impuestos por la abrumadora realidad, pero también por el impulso de medidas que consideramos equivocadas para atender y resolver los de por sí graves problemas para garantizar el derecho de acceso a la justicia. A pesar de haber realizado esfuerzos considerables para mejorar el marco normativo que rige a la justicia en México, aún quedan muchas tareas pendientes para garantizarla efectivamente.

Quizá el reto más importante que en materia de justicia enfrentará la nueva legislatura es la expedición de la legislación única en materia de procedimientos civiles y familiares (un código nacional en esta materia). Esta tarea pendiente no sólo es una obligación para el Congreso debido al mandato constitucional que, hasta ahora, se ha incumplido, sino una tarea delicada por las implicaciones que esta legislación tendrá en todo nuestro sistema jurídico.

También deberá darse la discusión sobre la viabilidad en torno a la expedición de un Código Penal Nacional, así como diversos tópicos relacionados con la prevención del lavado de dinero y la recuperación de activos como elementos fundamentales para la definición de la política criminal del Estado Mexicano y la lucha contra la delincuencia organizada.

Por otro lado, aún quedan pendientes el fortalecimiento de la independencia judicial y la mejora sustancial de la impartición de justicia en el ámbito local. En la última reforma al poder judicial estos temas fundamentales tuvieron  poco espacio de discusión debido a que la atención de la opinión pública se concentró en la discusión sobre la extensión del mandato de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de las y los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal.

Finalmente la expedición de una legislación en materia de Justicia Cívica; la de una legislación en materia de medios alternativos de solución de controversias, así como la incorporación efectiva de la justicia restaurativa como pilares consustanciales para garantizar efectivamente el derecho de acceso a la justicia.

Estos son algunos de los grandes pendientes que la nueva legislatura deberá discutir y resolver. Siendo temas todos ellos de la mayor importancia, convendría que de todos ellos se genere una discusión abierta y transparente, que involucre a la sociedad civil, a la academia y al poder judicial y ejecutivo en sus tres niveles.

Como Presidenta de la Comisión de Justicia de la legislatura saliente y al  hacer entrega de la misma, dejamos constancia de los diversos foros y seminarios realizados con las voces más destacadas en el ámbito jurídico y que abordaron con gran claridad cada uno de estos pendientes, señalando los puntos críticos de los mismos. Esperamos que la próxima Comisión de Justicia retome estos trabajos que sin duda serán un importante punto de partida.

* María del Pilar Ortega Martínez es Licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana, cuenta con maestría en Derecho, Administracion Pública y en Comunicación Política. Consejera Nacional del Partido Acción Nacional. Fue Magistrada del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (2009-2010). Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Justicia de Guanajuato (2010-2011). Diputada Federal en la LX  y LXIV legislatura. Senadora de la República en la LXIII y LIV Legislatura.Presidenta de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados durante la LXIV Legislatura.

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