La violencia política escrita en primera persona
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La violencia política escrita en primera persona
En 2020 interpuse denuncias por violencia política en razón de género contra mi persona, que se dieron a partir de 2019, continuaron durante el proceso electoral en el 2021 y prevalecen hasta el día de hoy.
Por Wendy Briceño Zuloaga
25 de noviembre, 2022
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La complejidad al momento de abordar la violencia política contra las mujeres en razón de género radica en todos los temas que la atraviesan: discursos de odio, discriminación hacia la participación política de las mujeres, la falsa percepción de que las víctimas están en una posición de poder (el político justo), la negación de derechos que van desde la participación de las mujeres en lo público hasta la lucha de estas por la progresividad de derechos, especialmente cuando se refiere a los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas.

Así se invisibiliza este tipo de violencia, porque está normalizado que una mujer que participa en lo público, en ese espacio de decisión que le ha sido vedado, sea discriminada, ridiculizada, descalificada, cuestionada constantemente, estigmatizada.

De ahí la confusión de algunos medios de comunicación y otros actores del ámbito público que no encuentran con claridad la frontera entre violencia política contra las mujeres en razón de género y la libertad de expresión. Esta confusión es solamente un síntoma de la falta de entendimiento de las violencias de géneros, de los discursos de odio y antiderechos.

Al haber participado en su legislación, puedo referir que fue sumamente importante definir este tipo de violencia para justo marcar con claridad la frontera entre ésta y la libertad de expresión:  “La violencia política contra las mujeres en razón de género es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo”.

Comparto mi experiencia para exponer todas las aristas de este tipo de  violencia, los correlatos, las debilidades y los alcances de la misma.

En 2020 interpuse denuncias por violencia política en razón de género contra mi persona, que se dieron a partir de 2019, continuaron durante el proceso electoral en el 2021 y prevalecen hasta el día de hoy. Estas violencias se han expresado a través de mensajes reiterativos, sistemáticos de odio, para denostar mi trabajo, afectar mi trayectoria política, y en perjuicio de mis derechos a la participación política.

Las sentencias en el orden federal y local señalaron que los denunciados debían cumplir con algunas disposiciones: disculpa pública, multa, reparación del año, garantía de no repetición, y su inclusión en el padrón de violentadores del INE.

¿Qué resultó de esas sentencias? Primero, una gran resistencia a acatarlas, incluso alguno de ellos por medio de argucias se negó a recibir la sentencia, en un claro desacato a ley.  Poco a poco han ido publicando las disculpas, con el mayor de los regateos, limitándose a entrecomillar la fórmula que se sugiere en la sentencia, sin apropiarse de las palabras que enuncian. Quizá esto no debería extrañar.

Todos los responsables han insistido en sus violencias, de una u otra manera. He sido señalada una vez más por uno de los sentenciados, acusándome de amenazas de muerte, sin mostrar evidencia alguna (esto por sus resistencias a emitir las disculpas que señala la ley); alguno más me ha confrontado en una rueda de prensa para exigirme a mí disculpas por una sentencia que se expidió desde la autoridad en la materia; otro ha distorsionando la ortografía de mi nombre para referirse a mí y prolongar sus violencias.

En meses recientes he sufrido otra ola de campaña negra, pagada en redes sociales, con una granja de bots (con cuentas de Twitter abiertas un día antes de los ataques, con cero seguidores), como eco de la misma, donde se me ha calumniado para desacreditar mi trayectoria de lucha por los derechos de las mujeres, y mi trabajo por el bienestar y la justicia social de Sonora.

A pesar de que demostré con leyes en mano que no solo fui víctima de violencias, sino que la ley contra la violencia política que vivimos las mujeres en razón de género se aplica, siguen los intentos por desprestigiar mi trabajo, incluso el actual como funcionaria estatal, haciendo acusaciones sin pruebas, sin confirmación de la información, buscando sistemáticamente vulnerarme en mis derechos y potenciales aspiraciones políticas e incluso más allá de mi integridad.

He dejado en manos de las leyes, las instituciones y las autoridades competentes el proceso legal, para que la denuncia y su sentencia sigan su ruta en apego a la ley y al derecho, con serenidad y transparencia.

Sin embargo, falta una visión con perspectiva de género al momento de aplicar y ejecutar la ley. La acción en el ámbito penal aún es una deuda. He llegado a preguntarme qué se requiere para que apliquen la ley hasta la última consecuencia: ¿un atentado? ¿qué una llegue sangrando o en el precipicio emocional y a punto del suicidio?

Entiendo el esfuerzo y la reflexión de muchas compañeras para transformar la justicia en una no punitivista. Creo en esa lucha. Pero cuando te has sentido tan violentada, agredida, afectada en todos tus derechos, como ha sido en mi caso; cuando he sido destinataria de discursos y acciones de odio en los que he temido incluso por mi vida y por la seguridad de mi entorno familiar y afectivo, sí creo en la justicia sin regateos para que se garantice la no repetición.

No daré un solo paso atrás para que los violentadores cumplan con las sentencias emitidas por las instancias competentes: disculpa pública, pago de multa, reparación del daño, garantía de no repetición e inclusión en el padrón de violentadores del INE. Así como la vinculación en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.

El cumplimiento de la sentencia no significa violencia de mi parte o un intento de censura. Son consecuencias legales de la violencia política en razón de género contra mi persona que han ejercido los sentenciados.

Ante los nuevos ataques, he interpuesto una denuncia más. No dejaré de creer en las leyes ni desistiré del proceso legal para que las violencias sean desincentivadas a través de la aplicación  de la respectiva sentencia.

Seguiré pugnando para que se ataje este tipo de violencia que extiende sus diversos tentáculos, no solo de manera directa, sino también, por ejemplo, a través de alianzas perniciosas o contratos jugosos, entre violentadores y testaferros. Muchas veces los lazos entre quien calumnia en un portal y quien paga esas palabras, es decir, el autor intelectual, debe estar sobre la mesa al hablar de un compromiso 3 de 3, y de legislación en la materia.

Y estas sanciones, por lo tanto, no deben circunscribirse a no poder contender, sino ampliarlo a que no puedan recibir recursos públicos, ya sea a través de contratos o sueldos en la administración pública.

Es por mí, por mi derecho, pero también por del derecho de todas a tener una participación política y pública, libres de todo tipo de violencias.

* Wendy Briceño Zuloaga (@wzuloag) actualmente es Secretaria de Desarrollo Social en el estado de Sonora. Ha sido activista en temas sociales y de género. Fue diputada federal 2018-2021, tiempo en que presidió la Comisión de Igualdad de Género en San Lázaro. Ha colaborado como articulista en medios internacionales y nacionales.

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