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Legisladora feminista
Las diputadas deben tener un poder real, no sólo simbólico, y la capacidad de poner sobre la mesa sus prioridades, por lo que deben impulsar alianzas estratégicas entre ellas y con otros actores políticos y sociales.
Por Martha Tagle
27 de septiembre, 2021
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El 31 de agosto concluyó mi responsabilidad como diputada de la LXIV Legislatura, que estuvo caracterizada por ser la primera legislatura de la paridad, con 241 diputadas federales; por retornar al Congreso de mayorías absolutas al servicio del Ejecutivo, y por la irrupción de la pandemia por COVID19.

La nueva legislatura enfrentará diferentes retos en razón de las y los actores políticos que la integran; de la configuración y los equilibrios de las fuerzas políticas representadas en el Congreso; pero también de la llegada de más mujeres con agendas propias y con el mandato de seguir construyendo la igualdad sustantiva.

Aunque bien reza el dicho “nadie experimenta en cabeza ajena”, lo vivido y cómo se hizo frente a los retos de la LXIV Legislatura puede servir de referencia para aquellas personas que buscan, como yo, una nueva forma de hacer política desde la óptica feminista y ciudadana, para trabajar de manera decidida en transformar el actual sistema y construir un país para todas y todos. Un país en el que, como mujeres, nuestras aspiraciones tengan cabida, nuestras demandas tengan respuesta, nuestras vidas sean libres de violencias, donde la igualdad y la justicia se normalicen, donde podamos tener voz y criterio propios, en el que los trabajos de cuidados sean valorados como indispensables para la reproducción social. Un país donde podamos asumir la conducción de nuestros cuerpos y nuestros destinos.

El feminismo en el que milito me enseñó que las mujeres hemos avanzado gracias a que hemos tenido la capacidad de trabajar unidas y pasarnos la estafeta. En ese sentido expondré lo que implica trabajar desde una posición feminista y ciudadana, así como los temas ineludibles en la nueva legislatura. Estoy convencida que la participación política de las mujeres en los espacios de toma de decisiones contribuirá a la transformación social y política, en y desde el Congreso.

La integración paritaria de los espacios de toma de decisiones públicas es un asunto de representación política y del reconocimiento de derechos políticos de las mujeres, pero sobre todo se trata de una nueva distribución del poder entre mujeres y hombres. En ese sentido, la paridad vale solo si vamos juntas. Las decisiones al interior del Congreso se toman con base a los votos que tiene cada fuerza política. Hoy por hoy, la mayor fuerza la representan las mujeres con 250 diputadas, pero esta fuerza se minimiza cuando las mujeres se pliegan a sus grupos parlamentarios.

Las diputadas deben tener un poder real, no sólo simbólico, y la capacidad de poner sobre la mesa sus prioridades, por lo que deben impulsar alianzas estratégicas entre ellas y con otros actores políticos y sociales. En la legislatura que concluyó, una de nuestras primeras motivaciones fue constituir una bancada de mujeres, y aunque no se logró como tal, hicimos alianzas plurales entre diputadas que nos permitieron ir por las presidencias de las comisiones de manera paritaria, por la presidencia de la mesa directiva por dos años consecutivos, y por la conformación de un grupo de trabajo plural por la igualdad sustantiva, que fue el espacio de coordinación política de diputadas de todos los partidos, para hacer que avanzara nuestra agenda y resistirnos a los retrocesos.

Así como en cada legislatura ha incrementado la presencia de las mujeres en los espacios de toma de decisiones, también se ha avanzado en una agenda por la igualdad sustantiva. A la nueva legislatura le toca dar seguimiento a los temas pendientes, pero de manera particular me centraré en señalar los que me parecen ineludibles.

Hoy, la principal amenaza a todos los derechos conquistados por las mujeres son las violencias que vivimos en todos los ámbitos donde nos desarrollamos y que ponen en riesgo nuestras vidas. Once mujeres asesinadas cada día en México es una realidad que requiere ser atendida con urgencia y visión de Estado. En esa tarea el legislativo debe hacer lo que le corresponde: no solo en la adecuación de las leyes, sino fundamentalmente en hacer que esas leyes funcionen con presupuestos públicos adecuados y suficientes para atender la emergencia.

El otro gran tema tiene que ver con el derecho al cuidado y lo que implica garantizarlo. Todas las personas, desde que nacemos, requerimos diferentes tipos de cuidado para nuestra subsistencia. Las tareas de cuidado han recaído casi exclusivamente en las mujeres en razón de los roles de género que nos fueron asignados, y, a pesar de que la mayoría de las mujeres han conquistado el espacio público, sigue recayendo en nosotras el trabajo doméstico y de cuidados. Durante la pandemia por COVID19 quedó claro que sin el trabajo de las mujeres, las medidas para atender la emergencia sanitaria no hubieran sido posibles, lo que además ha profundizado las desigualdades de las mujeres en el acceso al trabajo y  la salud.

Conceptualizar el cuidado como un derecho implica que el Estado asume la responsabilidad de dar garantías para que todas las personas tengan los cuidados que requieren en las diferentes etapas y condiciones de vida. Así pues, a través de la política pública debe asumir la responsabilidad que tiene y contribuir a la redistribución de las tareas de cuidados entre las familias, las instituciones del Estado y la iniciativa privada. Aquí, nuevamente al legislativo le toca la tarea de legislar y de aprobar los presupuestos necesarios para que se vaya construyendo un sistema de cuidados.

El proyecto de presupuesto para el 2022, en el Anexo 13 de erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres, aparentemente, tiene un incremento importante, pero si se ve a detalle es un presupuesto que aumenta en los programas sociales que se dirigen a una población neutra, sin distingo de las condiciones de género que tienen niñas y mujeres adolescentes, jóvenes y adultas, y que desatiende lo sustantivo: no hay incrementos para atender las violencias, ni la salud de las mujeres, mucho menos para contar con guarderías ni escuelas de tiempo completo; medidas mínimas de política publica para la redistribución de los cuidados. Aquí tienen las diputadas de la nueva legislatura el primer gran reto que enfrentar.

* Martha Tagle (@MarthaTagle) es feminista y política mexicana, integrante de Movimiento Ciudadano. Consultora en género y Derechos Humanos.

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